La frase del programa del PP que extraña a las ONG: “Auditar los fondos de cooperación para impedir que se usen para el activismo político”

El Partido Popular promete que, si llega al Gobierno, auditará el dinero que se destina a erradicar la pobreza en terceros países, lo que se conoce como ayuda oficial al desarrollo (AOD), para “impedir que fondos públicos sean destinados al activismo político”. Se trata de una de las medidas sobre cooperación al desarrollo incluidas en su programa para las elecciones generales del próximo 28 de abril, en las que no entra a precisar qué entiende por “activismo político” o por qué la considera necesaria.

Las ONG de desarrollo, que gestionan una parte de estos fondos, han reaccionado con perplejidad a la medida. En primer lugar, porque el Partido Popular ha sido el encargado de administrar el dinero público destinado a cooperación durante seis años de gobierno –en los que ha sido muy cuestionado por el tijeretazo de cerca del 40% de los fondos presupuestados para ayuda al desarrollo–, a lo que se une la forma “imprecisa” en la que, dicen a eldiario.es, está redactada.

“Es enormemente llamativo. ¿Está el PP proponiendo revisarse a sí mismo? ¿A qué se están refiriendo, lo atribuyen a su propia gestión? La redacción es confusa y es difícil saberlo. Está desorientada y falta de contenido viniendo de un partido que es el que ha estado en el Gobierno”, apunta Jaime Atienza, economista y responsable de política exterior y cooperación de Oxfam Intermón.

En la misma línea se expresa Andrés Rodríguez Amayuelas, presidente de la Coordinadora española de ONGD. “Tendrán que definir lo que se está haciendo mal y explicar por qué”, sostiene. “Es muy fácil sembrar la sospecha en las ONG, pero también en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), porque la ayuda al desarrollo la gestionan distintos agentes. En ese saco también entrarían Agencias de Naciones Unidas”, recalca Rodríguez Amayuelas.

Este medio ha intentado conocer más detalles sobre la motivación y cómo se desarrollaría esta propuesta. “Queremos asegurarnos de que el dinero en cooperación se destine directamente a las necesidades de la población como la mejora de la educación, sanidad, industrialización y formación profesional, y no se destine a proyectos que responden a otras agendas políticas”, explican fuentes del PP. Por otras “otras agendas políticas” entienden, según su respuesta, “lo que no son estas necesidades”.

“Todas nuestras actividades son políticas”

Las organizaciones sociales reclaman a la formación que deje claro a qué se refiere cuando rechaza el activismo político como fin de los fondos de cooperación. “Nosotros defendemos que todas las actividades que hacemos son políticas, que no es lo mismo que tener fines partidistas, pero defender un territorio contra una transnacional o luchar contra la mafia que quiere asesinar a un activista es político. Cuando Mandela luchaba en Sudáfrica para acabar con el apartheid, ¿hacía política? ¿se le podía ayudar?”, se pregunta el presidente de la red de ONGD. “Están sembrando un malestar general cuando no hay motivos, el activismo político en el contexto de otros países es defender la vida y el medio ambiente”.

El propio Gobierno del Partido Popular aprobó hace un año un plan director que establece la hoja de ruta para la cooperación española hasta 2021 –rechazado ampliamente por el sector por la falta de marco presupuestario–, según la cual la defensa de los derechos humanos en terceros países debe ser uno de los ejes principales que guían la acción del sector. Para ello, menciona en reiteradas ocasiones que todos los actores de la cooperación, entre ellos las ONG, deben apoyar a la sociedad civil de estos lugares “para promover que los avances en desarrollo sean inclusivos y equitativos y se realicen en un marco de mayor democracia”.

Así, el documento defiende que los principios que inspiran la ayuda española son “el enfoque basado en los derechos humanos y las libertades fundamentales, la igualdad de género, el respeto a la diversidad cultural y la sostenibilidad medioambiental. ”La cooperación española promoverá el empoderamiento de todas las personas para el ejercicio pleno de sus derechos, la participación política, la rendición de cuentas, velando por la no discriminación por razón de género, de orientación sexual y de identidad de género, así como por otras razones como la discapacidad“, recalca. Las organizaciones de la sociedad civil española y otros actores de la cooperación española procurarán fortalecer la sociedad civil del sur”, añade el plan director.

En este sentido, las organizaciones ven cuestionada con la propuesta del PP la labor de denuncia e incidencia política que llevan a cabo en algunos de sus proyectos. “La solución no es solo construir casas, pozos y colegios, sino tratar de apoyar un proceso de desarrollo de las personas: que disfruten de derechos humanos. Hay ONG que se quedan en la ayuda humanitaria, otras en proyectos de desarrollo y otros en incidencia política, que también es muy necesaria”, destaca Rodríguez Amayuelas.

Atienza hace énfasis en las acciones políticas que ponen en marcha no solo las ONG, sino los propios Gobiernos donantes, con los del Estado receptor de la ayuda. “La cooperación internacional se lleva a cabo de muchas formas. Entre ellas está el apoyo a las políticas públicas. Hay un componente importante que es el diálogo de políticas, en el que varios países plantean cómo recaudar más impuestos para poder financiarlas. La transformación no se consigue solo con proyectos”, recalca el experto de Oxfam.

La propuesta del PP llega en un momento en el que los activistas que se colocan en primera línea de la defensa de los derechos humanos están siendo cada vez más perseguidos y las organizaciones de la sociedad civil sufren cada vez más trabas en todo el mundo, según organizaciones como Amnistía Internacional, Front Line Defenders o Cívicus. “Para mí, defender el espacio democrático es esencial y la cooperación debe velar por que exista espacio a todos los niveles para la sociedad civil. Invitaría al PP a revisar esa idea para ver qué puede hacer la coopercación para defender a los activistas que defienden los derechos humanos”, opina Atienza.

Más transparencia

El pasado miércoles, Irene Ortega, vocal de la red que agrupa a decenas de ONGD mostró su preocupación por la propuesta y preguntó al representante del PP Miguel Ángel Paniagua por la misma en un debate organizado por varias organizaciones especializadas. El político desconocía los detalles de la medida. “Seguramente alguien dentro del PP habrá visto que ha habido fondos, algunas veces, que se han dedicado a cosas que no son cooperación al desarrollo y por eso lo hemos puesto. Yo lo desconozco, me imagino que será algo así. Habrá alguna organización que habrá usado los fondos públicos, en vez de cooperación para cosas que no son cooperación al desarrollo”, contestó Paniagua.

“No nos gusta porque una de las cosas que pedimos es transparencia”, agregó el representante del Partido Popular. Lo mismo señalan fuentes de la formación, que explican que la propuesta “responde a los principios de acción política de Pablo Casado de transparencia y rigurosidad en el gasto del dinero público”. En el programa, el PP acompaña la polémica medida de un párrafo en el que se compromete a apostar “por la transparencia como factor elemental para una cooperación más eficiente y comprometida y respetuosa con criterios objetivos y públicos”.

Cuestionada por los mecanismos con los que cuenta la AECID, principal órgano que gestiona los proyectos de la cooperación española, para controlar a qué se destinan los recursos públicos, fuentes de la agencia detallan que las ayudas tienen que cumplir, en primer lugar, los requisitos de lo establecido como AOD por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. En este sentido, el Ministerio de Exteriores entiende por ayuda al desarrollo aquella cuyo objetivo principal es “la promoción del desarrollo y el bienestar económicos” y establece algunos límites que no pueden ser incluidos como la ayuda militar o las medidas antiterroristas.

Una vez concedida la ayuda, detallan desde la AECID, esta se publica en la Base Nacional de Subvenciones. “En la concesión se recogen los fines de la subvención, importe, plazo de ejecución, gastos elegibles, cofinanciación, aportes de otros donantes, etc.”, explican estas mismas fuentes. “Una vez ejecutada la subvención, se verifica el cumplimiento técnico y la justificación económica. En el caso de la AECID, si la actuación se hace en un país con presencia de Oficina Técnica de Cooperación de la agencia, se realiza un informe desde terreno verificando el cumplimiento. En todo caso, haya o no OTC sobre el terreno, a la AECID la fiscalizan la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Tribunal de Cuentas, y además la Comisión Europea sobre la gestión de fondos europeos”, prosiguen.

Desde el sector de las ONGD han sido insistido en reclamar más transparencia en la gestión de los recursos que las administraciones públicas a cooperación. “Para nosotros toda transparencia y toda la luz sobre fondos públicos va a ser bienvenida, todo lo que se pueda mejorar, será bien recibido. Nosotros somos los mas interesados en saber lo que se está haciendo con el dinero”, sostiene el presidente de la Coordinadora de ONGD. “La transparencia es esencial y la base para hacer nuestro trabajo, sin ella se pone mas difícil la acción de la sociedad civil”, coincide Atienza.

Según el último índice de Transparencia en la Ayuda, que mide el nivel de cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de publicación de datos de la ayuda por parte de cada actor de la cooperación –de acuerdo con la AECID–, España se situó en 2018 en el puerto 39 de 45.

“Todas las ONG están auditadas por administración, presentamos nuestras cuentas publicas. Desde la coordinadora hemos hecho también esfuerzos poniendo en marcha una herramienta de transparencia y buen gobierno. Otros sectores sociales, como los partidos políticos dejan mucho que desear en este ámbito”, esgrime Rodríguez Amayuelas. Se refiere, concretamente, al segundo juicio, que ha arrancado este lunes, por el presunto desvío de fondos de la Generalitat que deberían haberse dedicado a proyectos de desarrollo en países empobrecidos, entre ellos, la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto de 2010. Entre los acusados está el exconseller de Cooperación durante la etapa de gestión del PP, Rafael Blasco.