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Radiografía del asalto ruso a Mariúpol: “Es uno de los peores capítulos de la invasión de Ucrania”

Trabajadores entierran un ataúd en un cementerio de la aldea de Staryi Krym, en las afueras de Mariúpol.

Icíar Gutiérrez

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“El niño no llora, el niño no llora, el niño no llora”. El shock apenas dejaba a Denys Raizov decir estas tres palabras, repetidas como un mantra mientras sostenía el cuerpo sin vida de su hijo de dos años, Kyrylo. Denys hablaba al pequeño mientras su vecino Pavlo, que describe la escena, contemplaba las consecuencias del bombardeo. Era la mañana del 13 de marzo de 2022 y Denys, a diferencia de su hijo y otros seis civiles más, acababa de sobrevivir a un ataque contra un edificio residencial en la calle Shevchenka Lane, en la ciudad de Mariúpol, al sureste de Ucrania.

“El edificio estaba simplemente pulverizado. No quedaba casi nada, solo parte de un cuarto de baño y parte de un pasillo”, dice Pavlo, que ayudó a rescatar supervivientes y a recuperar cadáveres de los escombros. El hombre, que vivía a unos 120 metros del edificio, asegura que no vio a ningún soldado o vehículo militar en la zona aquella mañana y oyó el zumbido de un avión antes de escuchar la explosión. Dentro, Tetiana, la madre de Kyrylo, recuerda coger a su hijo y correr hacia el sótano de la casa en la que vivía con 12 familiares, recuerda también los zumbidos en los oídos, la sensación de ingravidez y cómo todo se oscureció. “Oí y olí cómo me ardía la piel. Pensé que había muerto”, cuenta la mujer, que también perdió aquel día a sus padres, su suegro, su tío y la novia de su hermano.

Pavlo y Tetiana son dos de las más de 200 personas entrevistadas por Human Rights Watch (HRW) durante casi dos años de investigación junto a la organización ucraniana Truth Hounds con el apoyo del equipo de SITU Research. Los hallazgos se plasman en un nuevo informe de más de 200 páginas que documenta cómo el asalto militar ruso a Mariúpol entre febrero y mayo de 2022 dejó miles de civiles muertos y heridos, muchos de ellos en “ataques aparentemente ilegales”, y provocó que cientos de miles de personas se quedaran atrapadas durante semanas sin servicios básicos como electricidad, agua corriente y atención sanitaria.

Para HRW, la devastación de Mariúpol por parte de las fuerzas rusas sobresale como “uno de los peores capítulos de su invasión” de Ucrania. La organización denuncia que muchos de los ataques ilegales contra estructuras civiles de Mariúpol pueden constituir crímenes de guerra, incluido el del Teatro Dramático de la ciudad. “Los resultados de nuestra investigación incluyen las explicaciones más exhaustivas hasta la fecha de la devastación de Mariúpol: los daños físicos sufridos por la propia ciudad, las numerosas personas que murieron y las fuerzas de combate rusas que pueden ser responsables de crímenes de guerra”, dice a elDiario.es Sophia Jones, investigadora del Laboratorio de Investigaciones Digitales de Human Rights Watch.

Antes de que el asedio ruso convirtiera a Mariúpol en un páramo irreconocible de restos carbonizados, esta localidad portuaria del mar de Azov en la que vivían cerca de medio millón de personas era una ciudad bulliciosa, rica en industria y cultura, con festivales de música y arte y un conocido teatro. Cuando lanzó su invasión, Moscú vio pronto en ella un premio estratégico cuya toma le podía permitir controlar el puente terrestre entre Crimea y el Donbás, así como un punto clave para el comercio del acero y el carbón. Ahora está bajo ocupación rusa.

Antes de hacerse con el control de la ciudad, durante más de dos meses, las tropas rusas y grupos armados prorrusos libraron una feroz batalla contra las fuerzas ucranianas que defendían el enclave y el Ejército de Vladímir Putin consiguió abrirse paso a base de tanques, morteros, artillería pesada y aviones. Los vecinos, mientras tanto, se refugiaban en los sótanos, atemorizados por los incesantes bombardeos. Para mediados de abril, cuando las fuerzas rusas tenían casi el control total de la ciudad, miles de edificios, incluidos bloques altos, hospitales y escuelas, estaban dañados o destruidos.

Destrucción y miles de civiles muertos

A la hora de analizar la destrucción, los investigadores de HRW se han centrado 14 kilómetros cuadrados del centro de la ciudad, una zona en la que había 9.043 edificios. Según concluyen en el informe publicado este jueves, 4.884 de ellos, es decir, el 54%, resultaron dañados. Esto incluye el 93% de los 477 edificios altos de la zona. También señalan que, 86 de las 89 instalaciones educativas que identifican en toda la localidad sufrieron daños, así como los 19 campus hospitalarios de la ciudad.

Casi dos años después, se sigue desconociendo el número exacto de víctimas civiles que dejó la ofensiva rusa de Mariúpol, y la ONU, que lleva su propio recuento de muertos en el país, no puede comprobar muchos casos en esta ciudad, ahora en manos rusas, por lo que advierte sistemáticamente de que su estimación es conservadora. “Es posible que nunca se conozca el número total de personas que murieron o resultaron heridas durante la batalla, o que siguen desaparecidas”, dice HRW, que alerta de que es probable que las pruebas de los crímenes cometidos por las fuerzas rusas y prorrusas hayan desaparecido o hayan sido destruidas y muchos testigos de abusos cometidos que permanecen en Mariúpol “no pueden hablar de sus experiencias sin arriesgarse a sufrir represalias”.

Para el informe, los investigadores han analizado imágenes por satélite, fotos y vídeos de varios cementerios de la ciudad en los que se produjo un aumento significativo del número de tumbas y comprobaron que más de 10.000 personas fueron enterradas en Mariúpol entre marzo de 2022 y febrero de 2023. De ellas, calculan que al menos 8.000 probablemente murieron por causas relacionadas con la guerra, ya fueran ataques directos o por falta de atención sanitaria o agua potable –aunque no saben cuántas eran civiles–. No obstante, la organización dice que el número total de muertos puede ser bastante mayor, porque algunas tumbas contienen varios cuerpos y pudieron quedar restos bajo los escombros. Las autoridades manejan una cifra de unos 20.000 fallecidos.

En las primeras semanas de asedio, algunas de las personas que murieron fueron enterradas por sus seres queridos y vecinos en tumbas improvisadas y poco profundas en patios traseros o parques. Los combates y bombardeos hacían que fuera demasiado peligroso llevar los cuerpos a hospitales, morgues o cementerios. Un hombre de 50 años cuenta cómo uno de sus vecinos salió del edificio a por agua, y murió en un bombardeo. “Se desangró y murió en mis brazos. No pudimos enterrarlo bien. No había palas y no podíamos cavar con todo el bombardeo a nuestro alrededor. Así que pusimos su cuerpo bajo unas planchas de hierro y ladrillos encima para que los perros no se lo llevaran”, dice.

A día de hoy, muchos familiares siguen buscando a sus seres queridos. Miles de personas también resultaron heridas, muchas de las cuales perdieron extremidades, vista, oído o memoria, incluso por lesiones cerebrales traumáticas causadas por explosiones, recoge el documento.

14 ataques en detalle

El informe también describe los repetidos intentos de autoridades ucranianas y organismos internacionales de organizar evacuaciones oficiales y entregas de ayuda “ante la obstrucción rusa”. Y pone la lupa sobre 14 ataques que dañaron o destruyeron 18 edificios, incluyendo algunos de los que dieron la vuelta al mundo, como el de la unidad materno-infantil de un hospital local o el del famoso teatro que albergaba a civiles y en cuyos alrededores pintaron la palabra “niños” para alertar contra posibles bombardeos.

En esos ataques analizados, Human Rights Watch y Truth Hounds no han encontrado pruebas de presencia militar ucraniana en el edificio atacado o cerca de él, lo que hace que fueran “ilegalmente indiscriminados”, o una presencia militar limitada, lo que apunta a que fueran desproporcionados.

El 9 de marzo, quienes sobrevivieron a la bomba lanzada desde el aire sobre el hospital o corrieron hasta allí para ayudar se encontraron con “escenas horribles”. “Había un cráter en el patio, de unos 15 metros de ancho y unos cinco metros de profundidad. Algunos de nosotros ayudamos a los heridos y embarazadas del primer piso a bajar al patio y los llevamos a las ambulancias. Vi entre 12 y 15 heridos con diferentes heridas, entre ellas algunas de carne muy desgarrada. Llevamos a uno de los heridos, de unos 50 años y vestido con ropa militar, a uno de los edificios del hospital. Tenía la cara quemada y olía a quemado. Le vi morir”, dice un voluntario.

Además de defender que las fotos de mujeres evacuadas eran imágenes de actrices, las autoridades rusas hicieron varias afirmaciones relacionadas con la supuesta presencia de fuerzas militares ucranianas en el hospital en el momento del ataque, sin aportar pruebas. El informe recoge que el marido de una enfermera vio unos 15 miembros de las fuerzas territoriales ucranianas apostados como guardias en el hospital en los días previos al ataque, pero Human Rights Watch subraya que la presencia de personal militar proporcionando seguridad al hospital “no lo convierte en un objetivo militar válido”, y la ONG no ha hallado pruebas de que las fuerzas ucranianas estuvieran utilizando el hospital como base o para desplegar sus fuerzas.

Una semana después, el día 16, un ataque aéreo ruso destruyó el Teatro Dramático, uno de los edificios más famosos de la ciudad, donde se refugiaban varios cientos de residentes. HRW calcula que al menos 15 personas murieron, pero se desconoce el número total, y tampoco ha encontrado pruebas de que hubiera fuerzas militares ucranianas dentro o en los alrededores “lo que hace que este sea ilegal y que quienes lo ordenaron o llevaron a cabo sean aparentemente responsables de un crimen de guerra”. La organización cree que el ataque probablemente fue llevado a cabo por aviones rusos que arrojaron dos bombas de 500 kilogramos sobre el techo del teatro, que luego penetraron en el edificio y detonaron en el auditorio principal.

“Estaba cocinando con cuatro personas en la cocina exterior del lado sur del teatro. No vi a ninguna fuerza ucraniana allí. Fui con otras tres personas a recoger agua del punto de agua situado junto a la cocina. Justo entonces, oí un avión y el sonido de una bomba cayendo, con el sonido cada vez más bajo. Hubo una explosión y vi caer el techo del teatro. Partes del lateral del edificio cayeron sobre las cuatro personas que cocinaban conmigo y las aplastaron”, dice un hombre que vivía al otro lado del parque detrás del teatro. “Había mucho polvo. Intenté con otros sacarlos de debajo de los escombros. Podíamos ver algunas de sus extremidades. Pero era imposible mover los escombros. Sabíamos que estaban muertos. Vi un incendio dentro del teatro y a cuatro o cinco personas que salían de él cubiertas de sangre. Oímos más ataques cerca, así que corrí a casa”.

Desde que ocuparon la ciudad, las autoridades impuestas por Moscú han estado construyendo nuevos edificios de apartamentos de gran altura como parte de su plan para reconstruir y reurbanizar Mariúpol para 2035. “Una potencia ocupante debería limpiar los escombros y demoler estructuras inseguras para proteger a la población”, recuerda HRW, a la que le preocupa, sin embargo, que, en ausencia de investigadores independientes, el Gobierno ruso esté borrando pruebas físicas “en cientos de posibles escenas de crímenes”.

Las fuerzas de ocupación también están eliminando “las marcas de la identidad ucraniana, incluso imponiendo un plan de estudios escolar ruso y cambiando el nombre de las calles”, señala la ONG, y añade que las autoridades exigen a los residentes que obtengan pasaportes rusos para solicitar ciertos empleos y prestaciones.

17 unidades identificadas

El informe identifica 17 unidades de fuerzas rusas y afiliadas a Moscú que operaban en Mariúpol en marzo y abril de 2022, en el punto álgido de los combates, así como a 10 personas que, por una cuestión de responsabilidad de mando, “pueden ser penalmente responsables de crímenes de guerra relacionados con ataques ilegales y el posible bloqueo arbitrario de la ayuda humanitaria y las evacuaciones”. Entre ellas señalan al presidente Vladímir Putin, comandante en jefe del Ejército, al ministro de Defensa Serguéi Shoigú y Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

HRW añade que también se pueden haber cometido crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad por el traslado forzoso de residentes de Mariúpol a Rusia y al territorio ocupado por Rusia. “Según el principio de responsabilidad del mando, un superior es responsable de los delitos cometidos por sus subordinados cuando sabían o deberían haber sabido que se estaban cometiendo pero no tomaron medidas razonables para detenerlos o castigarlos”, dice la entidad.

La organización hace hincapié en que Putin y otros altos cargos “deben ser investigados y procesados adecuadamente por su papel en los aparentes crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas durante los combates allí, y Rusia debe proporcionar reparaciones a las víctimas de violaciones de las leyes de guerra y sus familias”.

“Dos años después del asalto ruso a Mariúpol, gran parte de la atención mundial se ha centrado en otros conflictos. Pero los supervivientes de Mariúpol, y las personas que perdieron a sus seres queridos, siguen conmocionados. Exigen responsabilidades y justicia”, dice Jones. “Esperamos que esta investigación conduzca a la rendición de cuentas”.

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