Los auditores de Hacienda avisan de ilegalidades en contratos del supervisor del mercado de Tabacos

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha advertido de “incumplimientos de la legalidad en materia de contratación pública” por parte del Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT), el regulador de este mercado, adscrito como la IGAE al Ministerio de Hacienda. Las ilegalidades están descritas en la auditoría de las últimas cuentas anuales del CMT y afectan a dos contratos adjudicados a las empresas Logista y Mediapost Spain. 

El más relevante es el de Logista, que es el de mayor cuantía de los que adjudica periódicamente el CMT: un servicio de “Recepción, almacenamiento, manipulación, conservación, traslado, transporte y destrucción de labores de tabaco abandonadas, aprehendidas o decomisadas en procedimientos de delito o infracción administrativa de contrabando”. Fue adjudicado en mayo de 2016 a Logista (la única que presentó oferta) por un plazo de dos años y con un presupuesto de 2,35 millones, y prorrogado en mayo de 2018 por un plazo de un año. 

Hasta ahí, todo legal. Pero la IGAE subraya en su informe que, aunque el contrato no admitía “posibilidad de más prórrogas ni de modificación”, Logista ha seguido prestando ese servicio “a 31 de diciembre de 2019, pese a la finalización del contrato el 31 de mayo” del año pasado, “siguiendo órdenes del Comisionado para el Mercado de Tabacos, pues se trataba de un servicio que había de ser prestado necesariamente y no se había formalizado un nuevo contrato”. Con ello, según la IGAE, “entre otros preceptos, se ha incumplido el artículo 116 de la Ley 9/2017” de contratación pública, “que obliga a que para la celebración de un contrato tenga que existir crédito suficiente, así como a la tramitación del oportuno expediente de contratación”.

Fuentes de Hacienda señalan que “el servicio se presta con normalidad cumpliendo la normativa aplicable y no se ha pagado cantidad alguna sin cobertura contractual a ninguna empresa”, y justifican la prórroga que cuestiona la IGAE “como consecuencia de varios imprevistos e incidentes ajenos al CMT”.

La entidad adscrita a Hacienda no sacó a licitación un nuevo contrato para prestar ese servicio hasta abril de 2019, un mes antes de que expirara la prórroga. Lo hizo por la vía “urgente”. El argumento, según la documentación del expediente, fue que “la puesta a disposición de las labores decomisadas por parte de las autoridades judiciales o administrativas exige, de forma inexcusable, que no pueda darse la posibilidad de la falta de contrato, aunque sea durante un periodo corto de tiempo, dado que dichas autoridades deberían asumir entonces el almacenamiento, algo de imposible cumplimiento en muchas ocasiones, sobre todo cuando interviene una autoridad judicial, teniendo en cuenta los volúmenes necesarios para que el contrabando sea considerado delito”. 

Entonces, el CMT estaba presidido por Isabel Juliani Fernández de Córdoba, que había sido nombrada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 y fue destituida en diciembre pasado.

Recurso de Logista

Justificadas las prisas, el contrato, ligeramente distinto al anterior (también incluye la custodia y destrucción de maquinaria en operaciones contra el contrabando) fue adjudicado un mes después de licitarse a Mediapost, que había presentado una propuesta más barata que la de Logista. Pero esta última recurrió la adjudicación y logró que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales obligase a retrotraer el proceso por defectos en el pliego.

Con ello, Logista logró seguir prestando el servicio, aunque ya sin cobertura legal, según la IGAE. El nuevo contrato se adjudicó nuevamente a Mediapost en octubre pasado, pero no ha sido formalizado hasta junio de este año. Según explica Hacienda, a la interposición de “varios recursos administrativos” por parte de “una de las empresas” se ha sumado que “el procedimiento de licitación y la adjudicación se demoraron durante varios meses hasta la completa resolución de todos los recursos y la reanudación de los plazos administrativos” tras levantarse el estado de alarma, que los suspendió, “finalizando entre medias la vigencia de los contratos, no pudiendo prorrogarse de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público”.

La auditoría de Hacienda calcula que esa prórroga irregular supuso en 2019 gastos de más de medio millón de euros en beneficio de Logista “que no están soportados por ningún contrato”. Se pagaron cerca de 504.000 euros “fuera del ámbito temporal del contrato finalizado” y otros 81.432,71 euros se abonaron dentro de la prórroga legal (en abril de 2019), pero cuando “ya se había superado el crédito máximo al contrato y no existía posibilidad de modificación”. 

Esta última irregularidad, tirar de un crédito inexistente, también afecta al otro contrato que menciona la IGAE, correspondiente a la custodia y destrucción de maquinaria en operaciones contra el contrabando de tabaco. Fue adjudicado por 218.212,61 euros a la propia Mediapost Spain y su ejecución dio comienzo el 21 de marzo de 2017 por un periodo de dos años. Tras ese plazo, “fue prorrogado por 2 años más, con lo que su finalización se debería producir el 20 de marzo de 2021”.

El problema en este caso, destaca la IGAE, es que “el servicio se ha seguido prestando una vez se había agotado virtualmente el crédito asignado a la prórroga sin que hubiera posibilidad de modificar el contrato ni existiera un nuevo contrato que diera soporte a ese gasto adicional”, lo que también vulnera la ley de Contratos. Así, “del crédito comprometido en la prórroga, a 31 de diciembre de 2019, sólo restaban 576,41 euros y el Comisionado había recibido facturas por servicios prestados por importe de 285.55,78 euros”, dice el informe de la IGAE. Desde este año, Mediapost se encarga de la gestión tanto del tabaco aprehendido como de la maquinaria incautada en las operaciones de lucha contra el contrabando de tabaco, en virtud del nuevo contrato.

El CMT es un organismo autónomo que se salvó de la criba de reguladores que realizó en Gobierno del PP cuando en 2013 fusionó en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a organismos como la antigua comisión de Competencia (CNC) y a los antiguos reguladores de energía (CNE), telecomunicaciones (CMT) y postal, entre otros. Con unos 50 empleados, tiene encomendada la regulación y vigilancia del mercado de tabacos y ejerce como órgano de interlocución de los distintos operadores de este sector: fabricantes, importadores, mayoristas y estancos.