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Las ayudas para cambiar de coche provocan subidas de precio y no rebajan el impacto medioambiental

Las políticas de sustitución de coches son habituales en muchos países

Analía Plaza

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El Gobierno ha aprobado un importante paquete de ayudas para comprar coches nuevos. La cuantía asciende a 1.050 millones de euros, de los cuales 500 corresponden a una línea ICO para vehículos comerciales e industriales. El resto —550 millones— se dividen entre el Ministerio de Hacienda, que habilitará 200 millones para que las administraciones renueven sus flotas, el de Transición Ecológica, que impulsará con 100 millones la compra de vehículos eléctricos, y el de Industria, cuya dotación asciende a 250 millones para que particulares y empresas cambien de coche. Para acceder a esta última subvención, es obligatorio achatarrar un vehículo de al menos diez años de antigüedad. La cantidad a percibir varía según el modelo y va de 400 euros, para los más contaminantes, a 4.000, para los de etiqueta CERO.

No es la primera vez que España aprueba ayudas como estas. Tampoco es una política que se haya inventado aquí: los programas de achatarramiento son habituales en muchos países. Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Japón... Casi todos los países de nuestro entorno han tenido o tienen sus propios 'planes renove'.

El objetivo es doble. Por un lado, se busca sustituir coches viejos y contaminantes por otros nuevos con menos emisiones. Por otro, estimular la demanda y favorecer a la industria. La estrategia del Gobierno llega en un momento crucial para el sector de la automoción, cuya producción y ventas se han desplomado con la crisis del coronavirus. Coincide también con el cierre de la planta de Nissan en Barcelona, que aunque llevaba tiempo gestándose ha supuesto un auténtico mazazo. Este “ambicioso” plan de impulso, dotado con un total de 3.750 millones de euros, es el primero de los que vendrán. El del turismo se presentará este jueves.

España es el segundo fabricante de coches en Europa. Exporta más del 80% de la producción. ¿En qué beneficia este estímulo a las fábricas españolas? “Es algo que siempre me he preguntado”, reconoce el economista Gerard Llobet, que ha sido muy crítico con este tipo de políticas. “Las explicaciones que tengo son: uno, que no es solo una ayuda a los fabricantes. También beneficia a los concesionarios porque aumentan las ventas. Dos, que aunque España exporte, estas ayudas son para vehículos con emisiones inferiores a 120gr/km y benefician especialmente a los fabricados aquí. Y tres, que en la industria hay una gran competencia entre países por atraer fábricas”. Las subvenciones a la compra sirven, en parte, para que el país seduzca a los fabricantes y estos instalen sus plantas en él.

¿Comprarías un coche solo porque te dieran ayudas?

¿Qué impacto tienen las ayudas sobre las ventas? ¿Se venden más coches de los previstos o simplemente se venden los coches que ya se iban a vender, pero antes? Cuando aprobó su último plan PIVE, el Ministerio de Industria resumió el “éxito” diciendo que se habían sustituido 890.000 coches. Otros análisis procedían de la propia patronal, Anfac, y decían que “de no haber existido, el mercado habría registrado unos volúmenes mucho más bajos”.

La Comisión Nacional de la Competencia analizó en 2009 el impacto del Plan 2000E, mediante el cual los compradores podían beneficiarse de 2.000 euros de ayuda: 1.000 del fabricante, 500 del Estado y 500 de la Comunidad Autónoma. El organismo sí constató un aumento de las ventas, especialmente en los modelos que podían acogerse a la subvención. Pero eran los años de la crisis, así que estas no alcanzaron los niveles de años anteriores. La CNC tampoco analizó qué pasó después. Sabemos que tras la crisis las ventas se recuperaron, pero que, en cualquier caso, se venden unas 300.000 unidades menos al año que en 2006.



“En general, los estudios dicen que las medidas de estímulo consiguen adelantar las ventas, que se habrían producido igual dentro de uno o dos años. Se adelantan a cuando están disponibles las ayudas”, continúa Llobet. Es decir: el que tenía pensado cambiar de coche lo hace antes. Pero si no tuviera la ayuda, lo haría igual. Esto provoca un descenso en las ventas cuando terminan los subsidios.

Uno de los trabajos más conocidos a este respecto es el de Jérome Adda y Rusell Cooper, que estudiaron en el año 2000 las ayudas del Gobierno francés. “Los impulsos a la actividad con subsidios temporales al desguace son de corta duración”, concluyen. “La producción de automóviles se reduce considerablemente en el futuro”. Respecto a la edad del automóvil, sus cálculos indican una ligera caída en los años posteriores a los subsidios, que dura aproximadamente quince años.

¿Qué pasa con los precios cuando se subvencionan coches?

La otra cuestión a tener en cuenta son los precios. El informe de la CNC sobre el plan 2000E detectó un aumento generalizado en los precios de fábrica, los recomendados por antes de impuestos y de la aplicación de las ayudas. En algunos casos, el aumento llegó hasta 1.000 euros, justo la cantidad que debía descontar el fabricante. Este detalle hizo saltar las alarmas de un grupo de investigadores españoles, que decidieron estudiarlo en profundidad. Son Juan Luis Jiménez y Carmen García, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Jordi Perdiguero, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

“Nos llamó la atención. Los coches que recibían la subvención aumentaban de precio. Pero ese análisis tiene un sesgo importante: el precio puede subir porque aumenta la demanda, no solo por el subsidio”, explica Jiménez a eldiario.es. “Montamos una base de datos con precios de venta para ver el efecto de la subvención. Ese análisis nos permitía demostrar cierta causalidad. Pero seguía habiendo sesgo: la demanda de coches subvencionables era mayor que la de los que no”.

Para eliminar posibles sesgos, los autores buscaron un país en el que no hubiera planes de sustitución de vehículos. “Encontramos que en Eslovenia no había ayudas. Replicamos el estudio utilizando a Eslovenia como control. Y encontramos prácticamente el mismo resultado en todos los modelos. El plan 2000E requería que los fabricantes bajaran mil euros los precios. ¿Qué hicieron? Subirlos esos mil euros. Así no tenían que aportar nada. Todo esto sucedió en un período relativamente corto”. Las conclusiones del estudio pueden consultarse aquí.

El plan actual solo incluye una mención al control de precios. “Se establecerán los sistemas de evaluación ex ante y ex post de este programa para asegurar la eficacia de esta medida, de modo que tanto la ayuda pública como el descuento lleguen de forma efectiva al usuario final”.

Jiménez y sus compañeros fueron más allá y analizaron el efecto del plan sobre el medioambiente. En general, explica Llobet, las políticas de renovación de coches no consiguen un gran ahorro en emisiones por el 'efecto rebote': los coches nuevos se usan más, así que terminan contaminando lo mismo que los antiguos (recordemos que el nuevo plan del Gobierno subvenciona coches contaminantes, no solo eléctricos).

“Hicimos una estimación comparando la polución de los coches viejos y nuevos, sus kilómetros al año, las toneladas de CO2 que se evitaron, el precio por tonelada emitida y lo comparamos con el gasto del plan, 461 millones de euros”, continúa. Concluyeron que, para ser beneficioso medioambientalmente, tendría que haber generado mucha más demanda y que el coste para la sociedad fue de 300 millones de euros.

“Estos planes llevan más de una década y han gastado más de mil millones de euros sin ser evaluados. Al sector le interesa que persista, pero el Estado debería analizar los efectos. ¿Qué repercusión tiene? En la Universidad nos analizan hasta el último céntimo, y está bien, pero a estos señores les dan el presupuesto de ocho universidades y no hay una evaluación competente. Eso lo primero. Lo segundo: estamos en una situación de 'reset'. Ha habido un grave problema. ¿Por qué no aprovechar para cambiar el modelo económico de España? Lo primero es evaluar el uso del dinero público”, concluye Jiménez. “Esto es un subsidio encubierto a la industria. Queda bonito: el Gobierno da dinero a los consumidores. Pero realmente está yendo a la industria”.

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