La CNMV contrata asesores a dedo por 400.000 euros para los arbitrajes por la quiebra del Popular

El presidente de la CNMV, Sebastián Albella.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) va a adjudicar por el procedimiento negociado sin publicidad (a dedo) un contrato de "asistencia especializada y peritaje" de 400.000 euros para la defensa de España ante los procedimientos de arbitraje internacional instados por el empresario mexicano Antonio del Valle junto a varios inversores de ese país por la quiebra de Banco Popular.

El presidente de la CNMV ya puede tomar decisiones sobre las empresas a las que asesoró como abogado de Linklaters

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El contrato, explica el regulador bursátil, "es para la asistencia en la parte que le corresponde a la CNMV en la defensa al Reino de España en los procedimientos arbitrales internacionales derivados del proceso de resolución del Banco Popular". "Se tramita por el procedimiento negociado sin publicidad que se recoge en la normativa que regula la contratación pública por lo que no se facilita más información".

El organismo que preside Sebastián Albella ha escogido ese procedimiento de adjudicación, que le permite no publicar los pliegos ni realizar un concurso público, porque el contrato "ha sido declarado reservado", tal y como contempla la ley de contratos públicos.

Este procedimiento se deriva de un convenio que firmaron en mayo el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y Empresa, el Banco de España, la CNMV y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para defender sus intereses en esos procedimientos. Para darlo a conocer, el regulador bursátil se ha limitado a publicar un anuncio previo en el portal de contratación del Estado. La CNMV no precisa si se va a dar información adicional sobre este procedimiento.

El caso del FROB

Este secretismo se justificaría en un intento de no dar pistas al enemigo en estos procedimientos. Pero hay precedentes con mayor transparencia. El pasado 30 de julio, el FROB, encargado de liquidar el Popular, publicó en su web un anuncio con el procedimiento para contratar el asesoramiento legal a la entidad "en las actuaciones que le correspondan para la mejor defensa del Reino de España" en las denuncias de Del Valle y otros inversores mexicanos. 

Dada la materia del procedimiento, el FROB tampoco permitió consultar los pliegos del contrato por tratarse de una adjudicación no sujeta a regulación armonizada, pero sí dio a conocer algunas de las condiciones: los criterios de adjudicación, los plazos de presentación de ofertas y algunos de los requisitos de los licitadores, como la exigencia de firmar un acuerdo de confidencialidad por parte de los interesados. Ese contrato, valorado en 5 millones de euros (sin IVA), está pendiente de adjudicación.

El pleito tiene su origen las denuncias anunciadas en agosto de 2018 por un grupo de 44 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión mexicanos liderados por Del Valle para iniciar sendos procesos de arbitraje ante el Ciadi (Banco Mundial) y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional posteriormente unificados en uno solo bajo el reglamento Uncitral, con sede en La Haya.

Los denunciantes, que como el resto de accionistas y bonistas del Popular perdieron todo lo invertido en el Popular (en su caso, unos 470 millones), exigen una compensación por los daños causados con la liquidación del banco que ordenaron las autoridades europeas y su venta al Santander por 1 euro. Aseguran que la operación incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México (2006) y que la forma en la que se resolvió la entidad resultó en "la destrucción completa" de sus inversiones por "múltiples actos y omisiones antes, durante y después" de la liquidación del banco.

El arbitraje que presentaron ante el Ciadi contribuyó a que en el último ejercicio España volviera a situarse a la cabeza en el ranking de nuevos pleitos ante ese organismo, con cinco denuncias. Las otras cuatro son de inversores afectados por el recorte a las renovables de Rajoy. En estos casos, los contratos de asistencia técnica (el último, con un presupuesto de más de 730.000 euros) se están adjudicando por procedimiento abierto.

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18 de noviembre de 2019 - 22:10 h

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