La falta de Gobierno deja a España sin respuesta frente a la Comisión Europea y los tribunales

La falta de acuerdo político ha hecho que el Ejecutivo sea un Gobierno en funciones tras las elecciones del 20 de diciembre. La situación puede alargarse hasta septiembre como mínimo. Al estar en funciones, el Gobierno no tiene capacidad legislativa para desarrollar o modificar leyes por lo que se han abierto varios frentes judiciales con posibles sanciones tanto en los tribunales españoles como en las instancias europeas.

La última de las consecuencias de esta falta de capacidad legislativa es que la normativa relativa a cláusulas abusivas y los desahucios podría acabar en el Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión ha dado un ultimátum de dos meses al Gobierno para que envíe una explicación sobre si la legislación nacional sobre el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago contraviene el derecho de la UE. 

Este es el primer paso de un proceso que puede acabar en el TJUE. En los próximos dos meses España debe contestar a Bruselas; en el caso de no contestar o que la respuesta no convenza al Ejecutivo comunitario el proceso seguiría adelante. En ese momento, la CE enviaría un “dictamen motivado” en el que explica las razones por las que considera que el Estado miembro ha incumplido el derecho comunitario y daría otro plazo de dos meses al Gobierno para que ajuste su normativa (por lo que se iría a septiembre). Aquí es donde se generaría el problema de falta de un gobierno que pueda legislar. La Comisión podría pedir al TJUE que inicie el procedimiento contencioso. Además, en el caso de que un Estado miembro no notifique las medidas para aplicar una Directiva, la Comisión en la fase de dictamen puede solicitar al tribunal que imponga el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva.

Fuentes de la Comisión explican que aunque el Ejecutivo europeo valora que España haya hecho algunos cambios en la legislación española relativa a este terreno –sobre todo tras la sentencia bautizada con el nombre del demandante, Mohamed Aziz, que declaró abusiva e ilegal la ley hipotecaria española– considera que algunos temas clave no han sido tratados.

El organismo sigue viendo problemas con las ejecuciones hipotecarias y con las cláusulas suelo. La Comisión señala que tras la decisión del Tribunal Supremo español –que anuló las cláusulas suelo solo desde mayo de 2013– los consumidores únicamente estarán protegidos en el futuro y no desde que se firmó el contrato.

Aunque el 85% de los asuntos se solucionan en la fase contenciosa, la falta de Gobierno puede llevar a España a esta situación si la Comisión decide seguir adelante con el proceso. Fuentes conocedoras del tema explican que en las respuestas remitidas desde España a Bruselas en los procesos abiertos durante este periodo se está incluyendo un disclaimer en el que se explica cuál es la situación legislativa de España. Así, la pelota queda en el tejado de la CE que es la que debe decidir si sigue adelante con el proceso, puesto que podría considerar que otra cosa sería favorecer a un país sobre otros, o si decide pararlo o ampliar el plazo.

Competencia contra Fomento

Otro de los frentes abiertos que no se han podido solucionar es el relativo al Reglamento de Transporte Terrestres, que la CNMC considera que vulnera la ley de unidad de mercado. El organismo regulador de la Competencia acabó finalmente por interponer una denuncia en la Audiencia Nacional contra el Gobierno porque esta normativa contiene desde su punto de vista algunos artículos que suponen restricciones a la competencia.

El superregulador había enviado un requerimiento a Fomento para que cambiara los apartados que consideraba que vulneraban la ley, sin embargo el ministerio no hizo modificación alguna al aducir que no tenía capacidad legislativa. Los artículos que la CNMC considera que van contra la ley son los relativos a la concesión de licencias de vehículos de alquiler con conductor, las necesarias para las plataformas como Uber o Cabify.

Este reglamento ya llegó con polémica cuando se publicó porque a pesar de que la normativa era de hace dos años, el Gobierno aprobó el reglamento a falta de un mes de las elecciones presionado por las reivindicaciones de los taxistas. El superregulador actúa así después de haber avisado el 14 de enero al Ministerio de Fomento sobre este reglamento. A su vez, el 9 de febrero, el organismo había formulado un requerimiento al Ministerio de Fomento solicitándole la  eliminación de varios artículos incorporados en la Orden FOM 2799/2015, del 18 de diciembre.

Fomento ni respondió ni motivó los requerimientos previos solicitados por el organismo, que acabó interponiendo un recurso contencioso administrativo dirigido a “mejorar ambas normas y remover las restricciones injustificadas a la competencia que perjudican a los consumidores, las empresas, los autónomos y al propio sector público”. Entre los argumentos de Competencia para llevar a cabo esta acción se apunta que está legitimada para impugnar los actos de las administraciones públicas y las normas con rango inferior a la ley que sean contrarios a los principios de promoción de la competencia efectiva y a la regulación económica eficiente. En este caso, el superregulador señala que actúa motivado por la ley de garantía de la unidad de mercado.

El déficit descarrilado

España se juega además una multa de la Comisión Europea por su exceso de déficit en 2015. El Gobierno en funciones remitió el viernes un nuevo Plan Nacional de Reformas diseñado para aplacar a los irritados hombres de negro que han visto la enésima desviación de las cuentas públicas españolas. Sin embargo, la falta de capacidad para legislar seguirá engrosando la bola de la desviación de las cuentas públicas.

España se ha autoimpuesto un nuevo objetivo de déficit para 2016, en el 3,6%, muy por encima del 2,8% comprometido inicialmente con Bruselas. Se lo ha autoacordado porque no hay Gobierno con autoridad para firmar un nuevo acuerdo así con Bruselas. Cuando el nuevo Ejecutivo entre, la mayor parte del año fiscal ya habrá transcurrido, y fijar un objetivo de déficit en octubre suena como mínimo inútil.

Así que a la Comisión Europea no le quedará otra que aprobar, tácitamente, el nuevo tamaño del agujero de las cuentas pactado entre De Guindos y Montoro. A cambio, la multa por exceso de déficit, que puede llegar a suponer hasta el 0,2% del PIB español (unos 2.000 millones de euros) tiene muchas posibilidades de caer.

Además, está por ver si las nuevas medidas del Plan de Reformas serán suficientes para contentar a los eurócratas. La Autoridad Fiscal Independiente asegura que no, y que será necesario afrontar nuevos recortes para poder conseguir el objetivo del 3,8%. Pero el Gobierno no tiene capacidad para legislar y por ahora se ha limitado a hacer acuerdos de no disponibilidad, esto es, de no gastar lo prometido, pero de cifras ya recogidas en los actuales Presupuestos Generales (que son una ley).

Si el impasse del nuevo Gobierno se alargara, estaría por ver cómo serían las cuentas de 2017. En un curso normal, los presupuestos se aprueban el último viernes de septiembre y se tramitan por las Cortes durante los tres meses de otoño. Pero la toma de posesión del nuevo Ejecutivo puede demorarse aún bien entrado el otoño ya que la única fecha mínima que hay es la de formar las nuevas Cortes Generales para el 21 de julio pero sin fechas para las posibles investiduras. No habría, por lo tanto, Gobierno que diseñara o que, sobre todo, negociara con Bruselas las nuevas cuentas de 2017 lo que abocaría con probabilidad a una segunda multa.