El Constitucional alemán mantiene el programa de compra de deuda pública del BCE con dudas sobre su legalidad en plena crisis del coronavirus

El Tribunal Constitucional de Alemania ha dado este martes su veredicto sobre si los programas de compra de deuda pública lanzados por el Banco Central Europeo (BCE) desde 2015 hasta la actualidad, denominado PSPP por sus siglas en inglés, se ajustan a la legalidad germana. Y ha fallado, por 7 votos a 1, en relación con la compra de bonos públicos del BCE –el Quantitative Easing, como le llaman los analistas–, lo cual mantiene vivo, de momento, el programa actual de compras del BCE en la crisis del coronavirus, que discrimina entre los países más necesitados.

Pero los jueces alemanes han expresado muchas dudas sobre la legalidad, ponen en cuestión la opinión del Tribunal de la UE al respecto, y dan tres meses al BCE para argumentar la proporcionalidad de sus decisiones en relación con el objetivo de mantener la inflación justo por debajo del 2%.

“El Tribunal Constitucional Federal no ha encontrado violaciones a la prohibición de financiación monetaria de los presupuestos de los Estados miembros”, dice la sentencia. Sin embargo, afirma luego que las decisiones en torno al programa PSPP del Consejo de Gobierno del BCE deben ser calificadas como ultra vires, es decir, que sobrepasan las competencias de la institución, “a pesar de que el tribunal de la UE opinara lo contrario”:

"El Tribunal Constitucional Federal no puede determinar definitivamente si el Gobierno Federal y el Bundestag realmente violaron su responsabilidad con respecto a la integración europea al no abogar activamente por la terminación del PSPP. Esta determinación depende de la evaluación de proporcionalidad realizada por el Consejo de Gobierno del BCE, que debe justificarse por razones comprensibles. En ausencia de tal evaluación, no es posible llegar a una decisión concluyente sobre si el PSPP, en sustancia, es compatible con el TFUE".

“Reafirmamos la independencia del BCE y la primacía del derecho europeo y del Tribunal de la UE, cuyas sentencias son vinculantes”, ha afirmado la Comisión Europea tras conocer el fallo.

El Banco Central Europeo, por su parte, ha defendido que sus actuaciones están amparadas “por la sentencia del TJUE de diciembre de 2018” y ha reiterado: “El Consejo de Gobierno sigue completamente comprometido en hacer todo lo que sea necesario dentro de su mandato para asegurar que la inflación sube a niveles consistentes con su objetivo a medio plazo y que la acción de política monetaria adoptada para lograr el objetivo de mantener la estabilidad de precios se transmite a todas las partes de la economía y a todas las jurisdicciones de la zona del euro”.

Las dudas legales afectaban a si el Bundesbank podía seguir tomando parte de los programas del BCE o si era necesario introducir alguna limitación a la intervención del banco central, que podría ver así recortada su potencia de fuego en mitad de la mayor crisis desde la II Guerra Mundial, en la que el BCE ha lanzado un programa de compra de activos para rebajar las primas de riesgo de España e Italia fundamentalmente, el PEPP, aún más flexible que el PSPP.

El Constitucional, además, da un plazo de tres meses para esclarecer y demostrar los beneficios del programa de compras de 2015, con lo que eso puede repercutir en el actual:

"Tras un período transitorio de no más de tres meses que permita la coordinación necesaria con la eurozona, el Bundesbank ya no podrá participar en la implementación y ejecución de las decisiones del BCE en cuestión, a menos que el Consejo de Gobierno del BCE adopte una nueva decisión que demuestre de manera comprensible y comprobada que los objetivos de política monetaria perseguidos por el PSPP no son desproporcionados a los efectos de política económica y fiscal resultantes del programa. En la misma condición, el Bundesbank debe asegurarse de que los bonos ya comprados y mantenidos en su cartera se vendan sobre la base de una estrategia, posiblemente a largo plazo, coordinada con la eurozona".

Es decir, los jueces alemanes ningunean la cobertura legal proporcionada por el Tribunal de Justicia de la UE, lo que puede poner en riesgo la “amplia discreción” para hacer “lo que sea necesario”, y se pide al BCE que tiene que motivar sus acciones a los jueces.

El caso fue planteado hace casi media década por un grupo de empresarios y académicos germanos que consideraban que el BCE había sobrepasado los límites de su mandato.

En todo caso, no era de esperar que los jueces alemanes, con sede en Kasrlsruhe, dieran una opinión contraria a la ya favorable expresada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en diciembre de 2018. Aunque al final lo que han hecho ha sido minar al TJUE, con unos argumentos análogos a los que a veces usan los gobiernos autoritarios y soberanistas patriotas de Hungría y Polonia:

"El enfoque adoptado por el TJUE puede hacer que algunas de estas "salvaguardas" sean en gran medida ineficaces en la práctica [...]. No obstante, la determinación de si un programa como el PSPP elude manifiestamente la prohibición del art. 123 (1) TFUE no depende de un solo criterio; más bien, requiere una evaluación general y una valoración de las circunstancias relevantes. En última instancia, no se puede determinar una elusión manifiesta de la prohibición del financiamiento monetario, especialmente porque: el volumen de las compras es limitado desde el principio; solo se publica información agregada sobre las compras realizadas por la eurozona; se observa el límite de compra del 33% por número de identificación internacional de valores (ISIN); las compras se realizan de acuerdo con la clave de capital del BCE; los bonos de las autoridades públicas solo se pueden comprar si el emisor tiene una evaluación de calidad crediticia mínima que proporciona acceso a los mercados de bonos; y las compras deben ser restringidas o descontinuadas, y los valores comprados vendidos en los mercados, si la intervención ya no es necesaria para alcanzar el objetivo de inflación".

En este sentido, explica Europa Press, el Tribunal ha requerido al Gobierno Federal de Alemania y al Bundestag que adopten medidas para garantizar que el BCE realice una evaluación de proporcionalidad. A este respecto, considera que el Gobierno Federal y el Bundestag también tienen el deber de continuar monitoreando las decisiones del Eurosistema en las compras de bonos del gobierno bajo el PSPP y utilizar los medios a su disposición para asegurar que se mantenga dentro de su mandato.

De este modo, la Corte de Karlsruhe ha afirmado que los órganos constitucionales, las autoridades administrativas y los tribunales alemanes no pueden participar ni en el desarrollo ni en la implementación, ejecución u operacionalización de actos ultra vires, por lo que, “tras un período transitorio de no más de tres meses” que permita la coordinación necesaria con el Eurosistema, el Bundesbank ya no podrá participar en la implementación y ejecución de las decisiones del BCE en cuestión, a menos que el Consejo de Gobierno del BCE adopte una nueva decisión que demuestre de manera comprensible y comprobada que los objetivos de política monetaria perseguidos por el PSPP no son desproporcionados a los efectos de política económica y fiscal resultantes del programa.

La complejidad de la decisión de la Corte alemana y sus potenciales repercusiones ha ido en aumento, con el programa del BCE lanzado en marzo de compras de emergencia por la pandemia de Covid-19, denominado PEPP, cuyos límites son mucho más flexibles que los establecidos para el PSPP.

El BCE adquirió en abril deuda soberana de los países de la zona euro por importe de 26.759 millones de euros, de los que casi un 41% correspondieron a bonos emitidos por Italia, el 31% por Francia y el 16% por España, mientras que el peso de los bonos emitidos por Alemania se situó en el 2,3% del total, muy por debajo de la clave de capital que corresponde a la mayor economía del euro.

Según los datos publicados por el BCE, durante el mes de abril, la institución presidida por Christine Lagarde adquirió deuda soberana de España por importe neto de 4.276 millones de euros, un 21% menos que los 5.407 millones comprados en marzo, aunque mantuvo estable en el 16% el peso de la deuda española en sus compras, cuando su clave de capital ronda el 12%.

No obstante, la mayor distorsión corresponde por segundo mes consecutivo a Italia, cuyo volumen de deuda pública adquirida por el BCE ascendió a 10.919 millones de euros, casi el 41% de las compras de bonos de países de la eurozona en abril en el marco del programa PSPP, frente a los 11.855 millones comprados en marzo, que equivalieron al 35% de las compras de ese mes, cuando la clave de capital del país transalpino ronda el 17%.