Fomento ultima una ley para evitar que se suspendan los planeamientos urbanísticos en su totalidad
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), ha anunciado este lunes que su departamento está ultimando un anteproyecto de ley “para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación urbana” ante la “anulación en cascada” de planes urbanísticos por los tribunales, durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso para explicar el Plan de Vivienda 2018-2021.
De la Serna ha explicado que “decenas de planeamientos urbanísticos han sido eliminados por los tribunales, -incluido el de Santander, promovido por él mismo bajo su mandato como alcalde de la ciudad- lo que ha supuesto ”serios inconvenientes“ en el desarrollo urbano.
Tras las anulaciones está el dogma de considerar estos planes por su naturaleza reglamentaria o disposición de carácter general. “Esto supone que la anulación de un plan se declara sin matices y sin posibilidad de subsanación, conlleva la nulidad en cascada, se elimina todo con una rotunda y desproporcionada conclusión que va desde los instrumentos de gestión a las licencias urbanísticas”, ha explicado.
Por este motivo, aunque algunas comunidades autónomas han puesto en marcha proyectos legislativos para subsanar esta situación, el ministro ha anunciado que en breve propondrá a los grupos parlamentarios la negociación de un proyecto de ley para que “la nulidad absoluta y la imposibilidad de subsanación no se aplique sin más”, de manera que “sea posible la convalidación y la eliminación de vicios del planeamiento sin eliminarlo en su totalidad”.
“Las anulaciones no deberían aplicarse a resoluciones administrativas de carácter general o de carácter particular o a los vicios formales que se hayan cometido durante la tramitación. En estos casos, se deberá distinguir entre supuestos de nulidad y supuestos de anulabilidad, en estos últimos es posible la convalidación y la retroacción de acciones para la subsnación del vicio determinante de la anulación”, ha comentado el ministro.
La futura norma “reforzaría la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación territorial y urbanística” de dos tipos: “las relacionadas con la verdadera naturaleza de los instrumentos de ordenación y de los efectos que tiene su anulación” y “las de carácter procesal, que introducen algunas modificaciones puntuales a la Ley de contencioso jurídico administrativo para tratar de evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas”.
Señalado en los tribunales
De la Serna, que impulsa ahora desde el Ministerio de Fomento esta controvertida reforma, sufrió uno de sus mayores fiascos como alcalde de Santander una vez que ya había dejado el cargo, tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el planeamiento urbanístico de la ciudad desarrollado bajo su mandato al considerar que “no está garantizada la suficiencia de los recursos hídricos necesarios para abastecer a la población”.
La asociación ecologista ARCA, que denunció ese plan urbanístico de Santander en los tribunales, ha calificado siempre de “irreal” el crecimiento poblacional previsto en el documento y consideraba que no era justificable la transformación de suelo no urbanizable en urbanizable que pretendía el PP en zonas muy sensibles del municipio.
El nuevo modelo urbanístico impulsado por el equipo de Gobierno que lideraba el ahora ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, preveía una población máxima de 261.000 habitantes en el horizonte de 2024, y para albergar esa población, estimaba que hacían falta 35.316 nuevas viviendas.
Las cifras, sin embargo, contrastan con la realidad, puesto que Santander ha ido perdiendo vecinos de forma progresiva. De hecho, la crisis poblacional que sufre la ciudad se agudizó en los últimos años, con un éxodo masivo de los más jóvenes hacia otras localidades del entorno que provocó que la capital descendiera de los 175.000 habitantes por primera vez desde la década de los 80.
