El Gobierno aprueba la nueva ley de cadena alimentaria y aumenta el presupuesto de los 'vigilantes' de prácticas abusivas

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de modificación de la ley de cadena alimentaria, que data de 2013. España transpondrá así la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales y se situará dentro del marco comunitario. El proyecto llega poco después de las protestas que agricultores y ganaderos protagonizaron en enero. Tras estas, el Gobierno aprobó un decreto ley con medidas urgentes. Ahora, ha explicado el ministro de Agricultura Luis Planas, tocaba reformar “aspectos no cubiertos” y “menos urgentes”.

El proyecto tiene que pasar el trámite parlamentario. El Gobierno espera que la ley entre en vigor antes del 1 de noviembre de 2021.

El punto más importante de aquel decreto era la obligatoriedad de firmar un contrato en el primer eslabón de la cadena (entre agricultor y primer comprador) para dejar constancia de que el precio es siempre igual o superior al coste de producción. La modificación de la ley, ha indicado Planas, ampliará la aplicación de los contratos escritos, obligará a incluir en ellos nuevos datos y establecerá un mínimo legal de 2.500 euros. Asimismo, se añaden nuevas prácticas desleales a la “lista negra” y se modifica la normativa en materia de infracciones y sanciones.

La directiva europea prevé que los Estados miembros designen a una autoridad que garantice el cumplimiento de las normas. En España, y como ya avanzó Planas cuando el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley, esta autoridad será la Agencia de Información y Control de Alimentos (AICA). La AICA ya tiene competencias investigadoras y sancionadoras: es el órgano encargado de detectar si se producen infracciones en la cadena alimentaria, aunque las responsables últimas de aplicar la sanción son las Comunidades Autónomas.

Según ha indicado el ministro, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado incrementa la dotación de la AICA en un 32% hasta los 8,26 millones “en previsión de estas nuevas tareas”.

La nueva ley, ha concluido, persigue una “mayor transparencia en el funcionamiento de la cadena alimentaria y la formación de precios”, “equilibrio en todos los eslabones” y la protección del “eslabón más débil”. Esto es, del agricultor o ganador.

Buenos tiempos para el sector

Planas ha dado una serie de datos que reflejan la buena marcha del sector, uno de los pocos beneficiados por el confinamiento. El sector agrario es el único cuyo variación interanual del PIB fue positiva en el tercer trimestre, según los últimos datos publicados por el INE. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca registraron un crecimiento del 6,9%, frente a la caída del PIB industrial (-2,8%), de servicios (-9,2%) y de la construcción (-8,9%).

Las exportaciones han aumentado un 5,5% hasta los 15.600 millones. Como reflejo de esta situación, las inscripciones de maquinaria agrícola se han disparado. En los últimos meses se han inscrito 1017 tractores, lo que supone un aumento del 20% respecto al año anterior.