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El Gobierno calcula ahorros de energía de hasta el 25% con el plan de teletrabajo para los funcionarios

Las ministras Teresa Ribera y María Jesús Montero, tras un Consejo de Ministros.

Antonio M. Vélez

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El plan de ahorro energético en el sector público que acaba de aprobar el Gobierno y que, entre otras medidas, prevé instaurar tres días de teletrabajo para los funcionarios, permitirá recortar la factura energética en la Administración General del Estado (AGE) en hasta un 25%, según las estimaciones del Ejecutivo.

El plan, con un despliegue “masivo” del autoconsumo fotovoltaico en edificios públicos, “puede generar importantes ahorros en el consumo energético de la AGE, reduciendo en hasta un 25% el consumo de los edificios o reduciendo en casi un 20% el consumo energético asociado a los desplazamientos al trabajo”, según la memoria económica a la que ha tenido acceso elDiario.es

El documento indica que “este ahorro se puede estimar en casi 40ktep (40 mil toneladas equivalentes de petróleo). A esto se le puede añadir otros 6 ktep en ahorros derivados de la instalación de sistemas de autoconsumo”.

40 ktep equivalen a unos 30 millones de euros en importaciones de crudo, teniendo en cuenta la cotización actual del petróleo Brent, que ronda los 115 dólares por barril.

La cifra de ahorro esperado es pequeña si se compara con las 200.000 toneladas de petróleo que España importó solo en marzo de Rusia, cuando este país ya había decidido la invasión de Ucrania; o con los 56,172 millones de toneladas de crudo que, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), España importó en 2021. En el caso de Rusia, la cifra ascendió el pasado ejercicio a 2,569 millones de toneladas.

Pero el Gobierno cree que el plan lanza un mensaje potente para otras administraciones y para el conjunto de la economía. “Si bien la administración pública, y en especial la AGE, solo suponen una fracción del consumo energético global, estas medidas tienen un importante efecto ejemplificador, ante otras administraciones públicas y el sector privado, que permiten profundizar en la consciencia de que el ahorro energético genera no solo ahorros económicos, sino menor dependencia energética exterior”, dice el Ejecutivo en la memoria económica.

50 millones para autoconsumo

El acuerdo diseñado por los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que aprobó el martes el Consejo de Ministros, contempla identificar las cubiertas e inmuebles de la AGE que puedan albergar sistemas de autoconsumo “e iniciar el correspondiente procedimiento de contratación que permita la instalación de, al menos, los primeros 50 MW en 2022”. El texto publicado este jueves en el BOE, a diferencia de los borradores previos, no limita la vigencia del plan hasta el próximo 30 de septiembre.

Según la memoria económica, el “despliegue masivo de las condiciones de autoconsumo” se cargará al presupuesto de cada organismo, “con un coste aproximado de 50 millones y 500 GWh/año de generación eléctrica fotovoltaica, si bien existe un Plan de Ayudas liderado por el IDAE”, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético.

Este proyecto estaba previsto en el Plan de respuesta a la Guerra de Ucrania aprobado a finales de marzo y sigue algunas de las directrices lanzadas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para reducir el consumo de combustibles fósiles y la dependencia de Rusia ante la crisis energética que ha generado el conflicto bélico.

Con carácter general, los funcionarios de la AGE y el sector público institucional vinculado o dependiente podrán tener tres días de trabajo a distancia por semana. La medida tendrá carácter voluntario y estará reservada para los puestos que deberán identificar los distintos ministerios, y solo cuando sea posible trabajar en remoto. El ahorro esperado será “variable en función de los desplazamientos evitados”, pero “se estima en 1,33 ktep/año asumiendo que el 50% de los empleados de la AGE se acogen a un sistema de teletrabajo del 50%”.

La memoria no incluye estimaciones de ahorro para otra de las medidas del plan, la “revisión de las potencias contratadas en los edificios administrativos de acuerdo con las demandas punta de consumo”.

En el caso de la “racionalización” de los horarios de encendido y apagado de instalaciones, el consumo energético fuera del horario oficial y días festivos y fines de semana “puede llegar a suponer entre el 30% y el 50% del consumo energético del edificio”, por lo que aplicando en mayor o menor medida las iniciativas propuestas “se estima que se podría llegar a ahorrar un 20% del consumo”.

La optimización del uso de los inmuebles del sector público “supone un ahorro del 30%”, a razón de unas 4 horas/día. Y “modificando las temperaturas de consigna en invierno y en verano, se logra un ahorro del 5% sobre el consumo total de los edificios, estimando un impacto total de 7 ktep/año”.

El control del alumbrado exterior aportará un ahorro esperado del 35%. Y la instalación de aparcamientos para bicicletas, que costeará el presupuesto de cada organismo, tendrá un coste estimado de 76.452 euros y supondrá un ahorro de 0,28 ktep/año, “suponiendo que el 3% de los viajes (7.645 trabajadores) pasan a bicicleta”.

Las medidas de formación y sensibilización se cargarán al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), con un coste de 15.000 euros y 1,5 ktep de ahorro. El coste estimado de los cursos de formación y e-learning sobre cómo ahorrar energía en el puesto de trabajo y sobre movilidad y para gestores energéticos será de 7.500 euros para 10.000 cursos, con  un ahorro estimado en 0,6 ktep/año en energía final.

Para el conjunto del plan, “el número de efectivos considerados es de 351.823, donde no se han incluido a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, dice la memoria económica.

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