El hundimiento de la demanda eléctrica amenaza con disparar el déficit de tarifa a los mil millones este año

Tendidos eléctricos.

El hundimiento de la demanda eléctrica y la grave crisis económica en la que ya está inmersa España van a resucitar el viejo fantasma del déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico). Fuentes del sector dan por hecho que el agujero "va a ser grande" este ejercicio, aunque dada la naturaleza inédita de esta crisis, la horquilla de previsiones es descomunal: de un déficit mínimo de 350 millones de euros a cerca de mil millones. 

El sector eléctrico afronta un brusco descenso de la demanda con la mitad del consumo vinculado a la industria

El sector eléctrico afronta un brusco descenso de la demanda con la mitad del consumo vinculado a la industria

Tal y como se preveía, la demanda eléctrica se ha hundido tras la paralización de buena parte de la economía para intentar frenar la epidemia de coronavirus, con picos de caídas cercanos al 30% y mínimos históricos de consumo desde hace 20 años. El desplome en la industria y los servicios no ha compensado la mayor demanda de los hogares derivada del confinamiento forzoso de buena parte de la población.

La tendencia a la baja no se ha mitigado este martes, primer día laborable en toda España tras el fin del periodo de hibernación de dos semanas decretado por el Gobierno para las actividades no esenciales, aunque es previsible que las caídas se vayan mitigando a medida que industrias como la automovilística reanuden su actividad en los próximos días y semanas.

En el sector consideran que, más que el tiempo de confinamiento de la población, lo que más va a afectar al agujero que finalmente se genere en las cuentas del sistema eléctrico va a ser el tiempo que llevará la recuperación de la economía española y, por ende, de la demanda de electricidad: si la salida a esta crisis va a ser la famosa uve, como cada vez parece menos probable, o si va a ser más lenta. 

Las perspectivas empeoran casi a diario. Este martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) añadía un nuevo pronóstico sombrío para la economía española, con una histórica caída del PIB del 8% en 2020, que en 2021 se vería mitigada en parte por un rebote del 4,3%.

De momento, y a diferencia de otros países (el lunes, Reino Unido anticipaba un derrumbe del PIB del segundo trimestre de hasta el 30%), el Gobierno español ha optado por no difundir previsiones por considerar que es "prematuro" hacerlo y todavía habrá que esperar "algunas semanas más para conocer la profundidad de la situación económica que nos queda", según dijo el martes la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

A falta de previsiones oficiales, el Ejecutivo sí ha lanzado señales de hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos para canalizar las inversiones que permitan enfilar la recuperación una vez superada la crisis sanitaria. Ante la parálisis obligada y, de momento, sin fecha clara de retorno, de sectores clave para la economía española como el turismo o la restauración, una de las palancas más claras es, precisamente, la energía, junto con la industria. 

El Ministerio para la Transición Ecológica ya remitió hace unos días a Bruselas el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que prevé movilizar cerca de 240.000 millones hasta 2030 para electrificar la economía y luchar contra el cambio climático.

Aunque el actual shock económico amenaza con desplazar la agenda climática de las prioridades de algunos Gobiernos, según la vicepresidenta Teresa Ribera, el actual impás otorga "un margen precioso para transformar en oportunidad (al menos parte) la tragedia que vivimos. Más tiempo para ultimar los planes de reducción de emisiones y para acoplar la inversión verde a los planes de estímulo que han de sacarnos del parón económico al que la crisis sanitaria nos está sometiendo a todos".

Más impagos

A corto plazo, la recesión que ya ha provocado la crisis del coronavirus va a trasladarse a la demanda eléctrica con el consiguiente déficit tarifario, al que también van a contribuir otros factores asociados a esta emergencia económica.

Entre ellos está el previsible aumento de los impagos en el sector y las masivas bajadas de potencia eléctrica contratada que han llevado a cabo muchas empresas después de que el Gobierno aprobase un Real Decreto Ley que permite a pymes y autónomos realizar esta operación de manera gratuita mientras dure el estado de alarma. 

Esta medida va a tener su consecuente traslación a la recaudación de los ingresos del sistema eléctrico vía peajes (ingresos regulados), aunque el Gobierno ha previsto que, en este caso, el déficit se cubra a través de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Se trata, apuntan desde una de las grandes compañías del sector, de "una garantía muy potente de que no va contra las cuentas de las empresas".

Además de una previsible menor recaudación de peajes (parte regulada del recibo) por esta crisis, otro experto del sector señala que "habría que considerar la posible menor recaudación vía impuestos" asociados a la generación de electricidad, que se destinan a financiar parte de los costes del sector eléctrico. 

El principal impuesto es el tributo del 7% que grava a todas las generadoras de electricidad, que recauda unos 2.500 millones al año y cuya "suspensión" reclamaba este martes la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, formada por las patronales ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento) y UNESID (siderurgia) para recuperar la actividad económica.

Desde la reforma de 2013, la Ley del Sector Eléctrico establece una serie de medidas para garantizar el control de los posibles déficits, herramientas que hasta la fecha no ha sido necesario activar. En concreto, establece que si se produce un déficit superior al 2,5% de los ingresos estimados para un ejercicio, las tarifas eléctricas deben elevarse en el siguiente año para compensar ese déficit. Esta medida también se activa en el caso de que el déficit acumulado en varios ejercicios sea superior al 5% de los ingresos esperados en un año. 

Pero la subida de tarifas (que parece improbable ante el escenario que se avecina) no es la única vía que se atisba. Cabe recordar que el sistema eléctrico todavía tiene un superávit de unos mil millones de ejercicios anteriores. Y entre los ingresos del sector, además de las tarifas y los impuestos a la generación, se incluye parte de la recaudación por las subastas de emisiones de CO2, de las que el Estado obtiene anualmente unos 1.300 millones. Por lo que hay quien no descarta que esos fondos se destinan a "subsanar el posible déficit que se produzca en esta situación extraordinaria". 



Para 2020, el experto en el sector eléctrico Pedro Fresco cree que "obviamente habrá déficit de tarifa, tanto por la reducción de consumo como por la reducción de potencias contratadas que estamos viendo en los grandes consumidores estas semanas, pero ya veremos qué pasa con él". Pero "sería extraño que se repercutiese luego en los consumidores", dado que "la política general de los gobiernos en esta situación está siendo absorber el golpe al sector privado con ayudas públicas, así que lo esperable sería que este déficit excepcional fuese de alguna manera pagado por el Estado".

El déficit generado entre los años 2000 y 2013 porque los ingresos del sistema eléctrico español fueron insuficientes para cubrir sus costes alcanzaba a cierre de 2019 los 16.603 millones de euros, un 12% menos que en 2018. Esa deuda ya está titulizada (no está en el balance de las eléctricas) y los consumidores la pagan con intereses en el recibo de la luz. Como colchón ante lo que puede avecinarse, el sistema eléctrico todavía tiene un superávit de unos mil millones de euros, tras el excedente (quinto consecutivo) de 96 millones del ejercicio 2018, último con datos cerrados.

En octubre de 2018, el Gobierno introdujo, dentro de un real decreto de medidas urgentes para combatir la subida del precio de la luz, la posibilidad de que el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico pudiera ser aplicado a los desajustes de ingresos y gastos que se pudieran producir en los ejercicios 2018 y 2019. Para este último ejercicio, la última liquidación provisional de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) arroja un déficit de 1.750 millones, aunque la liquidación definitiva se conocerá en los próximos meses.

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14 de abril de 2020 - 22:46 h

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