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El ladrillo se mantiene a la cabeza de las deudas con el Fisco

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Marta Garijo

La explosión de la burbuja del ladrillo sigue dejando rastro. El segundo listado de grandes deudores con la Agencia Tributaria lo vuelven a encabezar dos inmobiliarias. Reyal Urbis y Nozar son las primeras empresas del listado con una deuda de 368,6 millones y 203 millones de euros respectivamente.

Ambas compañías, que en los años del 'boom' inmobiliario estaban entre las primeras del sector, se encuentran en concurso de acreedores y muy probablemente acaben en liquidación. Las dos continúan sin reducir la deuda que aparece en esta clasificación de grandes deudores. No son las únicas empresas relacionadas con el ladrillo que se encuentran en los primeros puestos. Martinsa-Fadesa, que en julio de 2008 protagonizó el mayor concurso de acreedores de la historia de España, del que salió en 2011, aunque luego fue incapaz de cumplir sus compromisos con los acreedores y está ya en liquidación. La empresa sigue presente en la lista con 65,4 millones de euros, cifra ligeramente superior a la de la primera clasificación de diciembre.

Entre las diez compañías que más adeudan al Fisco, otra empresa relacionada con el ladrillo es Aifos Arquitectura y Construcción Inmobiliaria. Esta compañía es repetidora en la clasificación con 98,38 millones de euros. La empresa, ahora en liquidación, fue una gran promotora en la Costa del Sol. Su antiguo administrador y propietario, Jesús Ruiz Casado, fue condenado en el Caso Malaya.

También están en los primeros puestos Banreal Holding, que debe 98 millones de euros y Obras Nuevas de Edificación 2000, con 86 millones.

El caso de Sacyr

La constructora Sacyr, una de las mayores de España, aparece en el listado con una deuda de 116 millones de euros. La compañía ha explicado que no tiene deuda alguna con Hacienda y que este importe que aparece en el listado corresponde al impuesto por la venta de la filial de patrimonio Testa. La compañía apunta que esta es una operación que está exenta de tributación, tal como posteriormente reconoció el Ministerio.

Así, la empresa explica que el que aparezca en el listado se debe a que la operación se realizó justo en el momento en que Hacienda aún no había reconocido que la desinversión no tenía que tributar. En concreto, el importe de 116 millones de euros que, según la lista del Ministerio, Hacienda reclamaba a Sacyr corresponde la Impuesto de Sociedades derivado de la venta de Testa, su filial de patrimonio, a la socimi Merlín.

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