El Congreso rechaza el intento de PP, Ciudadanos y Vox de tumbar la "tasa Tobin", con la que se quieren recaudar 850 millones

Montero reprocha a PP, VOX y Cs ir en contra de un sistema tributario justo

La "tasa Tobin", es decir, el proyecto de ley de Impuesto sobre transacciones financieras, ha pasado este jueves su primer trámite parlamentario con el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de PP, Ciudadanos y Vox. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su defensa del proyecto ha calificado de "modesta" esta reforma tributaria que sin embargo tratará de "reducir las distorsiones en la competencia, desalentar prácticas especulativas y arriesgadas y prevenir futuras crisis". Se trata de un gravámen de un 0,2% en las operaciones de compra de acciones españolas de  empresas cotizadas con capitalización bursátil de más de 1.000 millones, ejecutadas por operadores del sector financiero.

El Gobierno espera recaudar 850 millones de euros anuales, mientras que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) habla de una horquilla entre los 420 y 850 millones.

Los tres grupos que han pedido la devolución del proyecto han utilizado argumentos muy similares a los utilizados la semana pasada con la llamada "tasa Google", que también acaba de comenzar su andadura en el Congreso, y que se resumen en que provocará deslocalizaciones de empresas, que el coste acabará repercutiendo sobre los consumidores o pequeños ahorradores y que España debería esperar a que se adoptara este tipo de impuestos a nivel internacional o al menos europeo. 

La ministra de Hacienda ha considerado que "la derecha y la extrema derecha está enmendado el sistema tributario", lo que ha tachado de "peligroso e irresponsable". En su opinión, la derecha parece ser coherente con que el Estado tenga un "papel asistencial" y que lo privado sustituya a lo público en la prestación de servicios.

Montero ha destacado que este impuesto a las transacciones financieras tiene el doble objetivo de ser recaudatorio (lo que tiene mayor relevancia en un momento de crisis económica como el actual, ha destacado), pero también de disuadir turbulencias y operaciones especulativas en los mercados financieros. A su juicio, España no puede esperar a que el resto de los países europeos se pongan de acuerdo para implantar el tributo, ya que hay algunos que por sus modelos de negocio (como Irlanda y Holanda) es improbable lo acepten a corto plazo. Se ha mostrado más partidaria de seguir el ejemplo de los países europeos que ya han aprobado este tipo de gravámen, como Francia, Bélgica, Chipre, Finlandia, Italia, Polonia o Reino Unido. "No es un invento ni una excentricidad", ha recalcado.

En todo caso, al igual que el proyecto de ley de determinados servicios digitales, el proyecto para transacciones financieras se adaptará a cualquier acuerdo europeo que se pueda conseguir, algo que según Montero no parece previsible a corto plazo. 

Por otro lado, se ha referido a la posibilidad de que acabe repercutiendo en los consumidores, algo que a su juicio impediría cualquier iniciativa tributaria que afectara a las empresas. Sobre el perfil de los eventuales afectados, ha recalcado que el porcentaje de hogares con activos bursátiles es de un 10%, que además se corresponden con los tramos superiores de renta y riqueza. "No creo que muchas familias estén excesivamente preocupadas por el impacto de las inversiones en bolsa en su vida cotidiana", ha dicho. Montero ha defendido la necesidad de adaptar la fiscalidad a las nuevas realidades económicas, también para evitar la competencia desleal con negocios tradicionales.

"Falta de ambición"

Varios diputados, como los portavoces de ERC, Bildu y Compromís, han tachado de poco ambicioso el proyecto que ha aprobado el Gobierno de coalición. Además de considerar que la recaudación se acercará más a los 450 millones que prevé la AIReF en su banda más baja, han recordado que los productos derivados no estarán gravados, con lo que algunas de las operaciones más especulativas quedarán fuera.

Con el nuevo impuesto, que toma su nombre del premio nobel de Economía James Tobin, no se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto. Quedan fuera del ámbito de la 'tasa Tobin' la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados.

En concreto, entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen destacan, además de las operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal. La liquidación del impuesto será mensual y los contribuyentes deberán presentar una declaración anual.

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11 de junio de 2020 - 11:27 h

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