Sesenta y tres trabajadores, atrapados en un empleo sin funciones ni salario
Los 63 trabajadores de la empresa DOL, en Esquivias (Toledo), dedicada a la fabricación de elementos de hormigón, están atrapados en su puesto de trabajo: la empresa lleva desde finales del año pasado alternando expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) -durante los que cobran el paro- con permisos retribuidos en los que los trabajadores no perciben sus salarios. Los empleados no cobran regularmente sus nóminas desde septiembre y CCOO denuncia que la reforma laboral ha quitado a los trabajadores la capacidad de presentar un expediente de regulación de empleo para extinguir sus puestos de trabajo y liberarse de esta situación.
eldiario.es ha intentado recoger la versión de la empresa, pero ha sido imposible.
Desde 2009, la empresa ha aplicado varios expedientes de regulación por falta de producción. En los últimos meses la empresa ha aplicado dos ERTE (una suspensión temporal de los contratos durante la cual los trabajadores cobran el desempleo). El primero, de marzo a diciembre de 2012. Al volver al trabajo, en enero de este año, la empresa dio a los trabajadores permisos retribuidos “A finales de enero nos dijeron que la cosa seguía muy mal, que no había producción, y nos dieron a elegir entre un nuevo ERTE o una reducción de jornada. La gente prefirió lo primero porque reducir la jornada implicaba también reducir los salarios y las cotizaciones”, explica Francisco Romer, presidente del comité de empresa.
Como consecuencia, DOL aplicó una nueva suspensión de los contratos y mandó a los trabajadores al paro entre el 1 de febrero y el 12 de marzo de este año. Sin embargo, esas vacaciones han sido retribuidas solo sobre el papel: los trabajadores no han recibido la parte de los salarios que corresponden a esas semanas laborales en las que, por indicación de la empresa, han estado de permiso. Sus únicos ingresos durante los últimos meses han sido las prestaciones de desempleo que han cobrado durante el tiempo que se aplicaban los ERTE.
A finales de abril, un grupo de 21 trabajadores interpuso una denuncia en los juzgados de los social de Toledo reclamando las cantidades impagadas y la extinción de sus contratos. Pocos días después, la empresa les llamó para que se incorporaran a trabajar y les volvió a ofrecer permisos retribuidos hasta finales de junio. Unos permisos que sigue sin pagar. “Estamos secuestrados en este trabajo, ni nos dan trabajo, ni nos pagan, no podemos trabajar en otro sitio ni tampoco podemos irnos al paro. Tememos que quieran aburrirnos para ver si nos vamos nosotros solos, sin pagarnos”, lamenta Romer, que estima que, de media, la empresa debe unos 6.000 euros por trabajador. Los trabajadores acudirán a los juzgados este mismo viernes para asistir al acto de conciliación con la empresa.
CCOO, que asiste a los trabajadores, se queja de que la reforma laboral ha privado a los trabajadores de un instrumento útil para salir de bloqueos como este: la posibilidad de que los representantes de los trabajadores presenten expedientes de regulación de empleo en algunos casos, por ejemplo, por impago de los salarios. La nueva norma modificó el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que versa sobre la forma en la que se deben de llevar a cabo los despidos colectivos. “Antes de la reforma, los trabajadores podían presentar ERE en situaciones tan delicadas. En este caso, les deben sueldos, y las empresa no les da carga de trabajo porque no tiene actividad. La empresa les da unas vacaciones que en realidad no les retribuye para así evitar que se les denuncie por despido tácito”, asegura Mariano Ballesteros, secretario de Organización de la Federación de Construcción y Afines de CCOO en Castilla La Mancha.
Fuentes jurídicas consultadas señalan que la reforma laboral solo deja la vía la demanda individual. “Entre la judicialización que está ocasionando la norma, la carga de trabajo de los juzgados de lo social y la actitud de algunos jueces, estas demandas pueden llevar meses”, señalan.
