Telefónica reduce su plantilla en España a la mitad en una década con su nuevo recorte de 2.700 puestos de trabajo

Telefónica ha abierto con los sindicatos un importante melón para reducir su plantilla mediante bajas incentivadas para sus trabajadores de mayor edad, los nacidos antes del año 1967. Aunque inicialmente eran unos 1.900 empleados los que se podrían apuntar, la empresa ha elevado esa cifra hasta las 2.700 personas. Con ello, el grupo habría reducido en España su plantilla a la mitad en apenas una década, según las estadísticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), regulador del sector de las telecomunicaciones.

La compañía de telecomunicaciones ha acelerado en los últimos años distintos planes para reducir costes y afrontar su gigantesca deuda. Para ello, ha realizado distintas ventas de negocios (las torres de Telxius, la última de ellas), pero también ha abordado ajustes de personal. Si bien, la reducción de plantilla no es una tónica exclusiva de los últimos meses sino que lleva más de una década adelgazando el número de trabajadores. A finales de 2011, según la CNMC, Telefónica tenía en torno a 30.200 trabajadores. A junio de este año, la cifra había menguado a 18.222. Si se realizan todas las salidas planteadas por el momento, el antiguo monopolio estatal quedaría con menos de 15.500 trabajadores.

Para este nuevo recorte de la plantilla, Telefónica ha vuelto a acudir al sistema conocido como Plan de Suspensión Individual (PSI) y no a un ERE. En resumidas cuentas, el modelo tiene algunas diferencias técnicas como que en la práctica no sea una desvinculación sino una especie de suspensión del contrato de la empresa con los trabajadores adheridos. El actual PSI abierto por la compañía en España es el tercero, tras los realizados en 2016 y en 2019, hace apenas dos años. Hasta aquel primer año, el grupo había optado por los ERE. Así, desde final de 2015 habrán salido del grupo, teniendo en cuenta las cifras planteadas ahora, unas 12.000 personas, según las cifras de la CNMC. El año 2020, pese a la pandemia, fue un espejismo, al acabar con un ligero aumento de decenas de trabajadores en la compañía.

En un primer momento, Telefónica planteó a los sindicatos un nuevo PSI para el 60% de los trabajadores nacidos antes de 1967 y que trabajaran en determinados departamentos. Esto daba un número de salidas de 1.900. Posteriormente, y a petición de los sindicatos, se incluyó a todos los departamentos del grupo en España, lo que incrementaba el número hasta 2.500. Por último, este jueves se elevó el porcentaje de salidas hasta el 75% en algunas áreas, lo que termina con la cifra que hay sobre la mesa de unas 2.700 suspensiones de contratos. Para estas salidas, Telefónica ofrece el 68% del salario regulador y cubrir el convenio con la seguridad social hasta los 63 años. Además, se mantienen determinados beneficios sociales para los trabajadores, como el seguro médico básico o el colectivo de riesgo hasta los 65 años. También se mantienen las aportaciones a los planes de pensiones, teniendo el trabajador la obligación de realizar las correspondientes aportaciones. Las condiciones son similares a las de anteriores PSI del grupo.

Al igual que ocurriera en 2019, el plan de ajuste de empleo de Telefónica se ha producido después de negociarse una renovación del convenio colectivo. El de este año tenía la novedad de que se iba a ensayar en determinados departamentos de la compañía en España la jornada laboral de cuatro horas, con reducción de jornada, siendo una de las primeras grandes compañías del país en aplicar esta medida. El plan está en marcha desde el pasado mes de octubre.

La razón para este nuevo PSI planteada por la empresa a los sindicatos se encuentra en la guerra comercial que existe actualmente en el sector de las operadoras de telefonía en España. El empuje de las compañías de bajo coste en el mercado, como ocurre en otros países europeos, se ha traducido en pérdidas de clientes, reducción de ingresos y estrechamiento de los márgenes para las que hasta hace pocos años eran las dominadoras de esta actividad: Orange, Vodafone y la propia Telefónica.

Este mismo argumento es el que se encuentra detrás de otros dos recortes de empleo en 2021 en el sector de las telecomunicaciones. Antes del verano fue el turno de Orange. La compañía francesa decidió acometer un ERE en su filial española que acabó con 400 despidos. Meses después, ya en otoño, llegó el turno de Vodafone, quien acordó con los sindicatos 442 despidos. Además, anunció el cierre de sus tiendas propias en España.

Entre enero y junio de este año, antes de estos tres planes de recorte de empleo, salieron de las grandes telecos 160 trabajadores. Con los ERE de Vodafone y Orange y el PSI de Telefónica, que todavía no está cerrado y las bajas podrían demorarse varios meses, la cifra ascendería a 3.754 trabajadores menos respecto al cierre de 2020. Siguiendo las estadísticas de la CNMC, se situaría entre los años con más despidos de su serie histórica.

Con ello, las tres grandes operadoras en el mercado español quedarían tras estos procesos con 24.600 trabajadores en España. Son casi 15.000 trabajadores menos en una década. Otro dato que da muestra de este adelgazamiento en el sector de las telecomunicaciones es que las tres grandes compañías sumarán menos empleados que los que tenía solo Telefónica en 2015.

Al tiempo que se han ido produciendo estos movimientos laborales en el sector, las tres grandes operadoras han calentado en las últimas semanas la posibilidades de fusiones. Descartada Telefónica, por su tamaño en España, Vodafone y Orange se han decantado públicamente como posibles actores de esta concentración con la que buscan mejorar la rentabilidad perdida por el empuje de otras marcas. Marcas como MásMóvil, que este año ha absorbido a Euskaltel, aunque sin recorte de plantilla a gran escala, al ser uno de los compromisos en la opa.

Pérdida de negocio

La presión sobre los ingresos está empujando hacia la búsqueda de vías de eficiencia para las grandes compañías del sector. Esto se ha traducido en los recortes de empleo y en que aumente el ruido sobre la fusión de las empresas. Esta semana publicaba la CNMC su actualización trimestral de los datos del sector de las telecomunicaciones en España. En él, se mostraba que las tres grandes compañías obtuvieron entre enero y junio 8.568 millones de euros en ingresos minoristas, 200 millones menos que durante el primer semestre del pasado año en pleno confinamiento, y 1.000 millones menos que en 2019, antes de la pandemia. Únicamente el negocio mayorista, los servicios que dan a esas operadoras de bajo coste que les presionan en precios, logran amortiguar parte de esa caída.

El problema de los ingresos es una constante en todo el continente europeo y el calor de esta concentración se ha extendido no solo en España, sino en otros países. Por ejemplo, uno de los accionistas de MásMóvil y socio de Telefónica en determinados negocios, KKR, anunció hace unas semanas una opa sobre Telecom Italia, una de las grandes compañías europeas. Esto se tradujo en subidas en Bolsa de todas las grandes operadoras del viejo continente, ante la confianza.de los inversores de que operaciones de este tipo se reprodujeran en otros países.

Algunos bancos de inversión y gestoras han comenzado a apostar por las compañías de telecomunicaciones en Bolsa, tras años en las que eran los valores más castigados por sus abultadas deudas y su escasa rentabilidad. Es el caso de JPMorgan, una de las mayores entidades financieras del mundo, que esta semana publicó un informe en el que auguraba un próximo año 2022 para las operadoras de telefonía. Sin embargo, dejaba fuera a Telefónica. Según el banco de inversión, la existencia de normas que limitan las opas en España para sectores estratégicos o la guerra comercial que existe en este mercado hacían que presagiase para el grupo español una valoración inferior a la que tiene actualmente, según informó Expansión.