Lucha municipal contra los paraísos fiscales: consejos para desarrollar el compromiso con una fiscalidad justa

Los paraísos fiscales son jurisdicciones o territorios que han adoptado intencionadamente marcos fiscales y legales que permiten a los no residentes (personas físicas o jurídicas) reducir al mínimo el importe de impuestos que deben pagar donde realizan una actividad económica sustancial. Oxfam Intermón considera que no es justo que empresas que desvían beneficios a paraísos fiscales se puedan beneficiar de contratos públicos.

Por eso surgió la iniciativa 'Zonas Libres de Paraísos Fiscales' (ZLPF), a la que ya se han adherido 80 municipios de España con mociones aprobadas en sus ayuntamientos o compromisos en ese sentido. Oxfam, y otras organizaciones aliadas, trabaja en el marco general de gestión pública responsable como política de contratación de organismos públicos que introduce criterios éticos.

La iniciativa persigue provocar cambios de comportamiento desde la gestión pública a través de una mayor presión sobre el sector privado mediante la inclusión de estos criterios en sus convocatorias de licitación pública; o alternativamente, fomentar aquellas prácticas económicas que revierten en el bien común y penalizar aquellas que lo perjudiquen.

El sector público es uno de los principales contratantes de la economía. Los productos y servicios que no provee directamente los tiene que contratar del sector privado, pasando desde proyectos de obras públicas y construcción hasta materiales de suministro de organismos públicos.

Oxfam Intermón considera que no es justo que empresas que desvían beneficios a paraísos fiscales se puedan beneficiar de contratos públicos. “Desde la ciudadanía podemos apoyar e impulsar cambios que hagan que las empresas que quieran contratar con administraciones públicas muestren si tienen o no vínculos con paraísos fiscales, y exigir que los contratos públicos se los lleven aquellas empresas que pagan sus impuestos y cumplen con sus deberes para con toda la ciudadanía”, explican para animar a sumarse a la iniciativa.

Ya son 80 municipios los que han compartido estos planteamientos y se han declarado Zonas Libres de Paraísos Fiscales. De esta forma, han manifestado su compromiso en promover que su contratación desincentive el uso de paraísos fiscales y las prácticas fiscales nocivas de las empresas licitadoras, aprobando mociones en ese sentido.

Cláusula necesaria, aplicación selectiva

Pero para que esta voluntad sea efectiva, tanto los municipios como otras administraciones tienen que incorporar en sus reglamentos de contratación el clausulado específico para dotar a la iniciativa de validez y efectos jurídicos. Sin duda, el principal reto de la articulación efectiva de una iniciativa de este tipo son los mecanismos que se establecen para la verificación y seguimiento.

En ese sentido, la 'Guía práctica para impulsar una contratación pública libre de paraísos fiscales' establece que los órganos de contratación pueden comprobar si las rentas del contrato tributan en España accediendo a la declaración presentada a la Agencia Tributaria, previa autorización de la empresa para ello (que es un requisito de la cláusula). Para ello, lo que se propone en dicha guía es que los ayuntamientos suscriban convenios con la Agencia Tributaria, de forma que puedan tener acceso a esta información. La Agencia Tributaria contempla la posibilidad de suscribir convenios para facilitar información relevante a efectos de contratación pública, por lo que se trata de una posibilidad factible.

Asimismo, en la guía se propone que, para comprobar la operativa de las empresas licitadoras con paraísos fiscales, las empresas que tengan obligación legal de presentar a la Agencia Tributaria dos modelos de información fiscal, el 231 y el 232, lo presentan también a los órganos de contratación municipales.

Pese a que cláusula y procedimiento de verificación tratan de ser sencillos para facilitar la labor de los órganos de contratación, Oxfam recomienda aplicar el sistema de forma selectiva por varias razones. La organización entiende que la menor capacidad de los ayuntamientos pequeños puede motivar que la verificación y seguimiento sea inabarcable para ellos, por lo que pueden optar por no llevarla a cabo. En ese caso, se pueden limitar a exigir que las empresas licitadoras firmen la declaración de responsabilidad fiscal que se les exige y aporten toda la información requerida, ya que por sí mismos esos dos requerimientos tienen efectos disuasorios.

La organización traslada que, por otro lado, se puede aplicar la cláusula sólo para los contratos que afectan a sectores determinados, en los que la presencia en paraísos fiscales puede ser más habitual, como puede ser los sectores financieros, telecomunicaciones, infraestructuras y mantenimiento y el energético. Esta selectividad por sectores puede hacerse en este sentido que se acaba de indicar, es decir, apuntando a los contratos más susceptibles de que exista causa para ello, pero también en el sentido de que hay otro tipo de contratos que, por la dimensión o características de las empresas que licitan, resulte intrascendente e innecesariamente farragoso incluir la cláusula. En general, cada ayuntamiento puede hacer una delimitación estratégica de sectores en los que introducir la cláusula.

En todo caso, la organización considera que, conforme la articulación de la iniciativa se vaya generalizando más aún, el intercambio de experiencias entre los municipios facilitará enormemente su aplicación, por lo que el trabajo en red resulta fundamental para ir superando obstáculos. El objetivo último es que las instituciones públicas, como ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, incorporen en sus políticas de contratación pública criterios para incentivar un comportamiento fiscal más responsable por parte de las empresas licitadoras.