El nuevo rescate a Grecia y las técnicas mafiosas de la troika

Marzo de 2015. Varufakis, Ministro de Finanzas de Grecia, negocia con las instituciones el desarrollo del acuerdo al cual Grecia y sus acreedores llegaron el pasado 20 de febrero. En esa fecha se acordó una serie de medidas que permitirían al país concluir satisfactoriamente su segundo rescate y poder así desbloquear el último tramo pendiente de ayuda. Un acuerdo no del todo satisfactorio para los griegos, pero que abría una ventana al desarrollo de un programa de reformas alternativo al realizado hasta entonces.

Las negociaciones se encuentran bloqueadas, porque las instituciones consideran que el acuerdo es demasiado favorable a los intereses del gobierno griego y empiezan a torpedear algunas de las medidas acordadas, como por ejemplo el desarrollo de la ley humanitaria que prepara Tsipras, que la Comisión Europea ha exigido que se paralice enviando una petición por escrito a Atenas.

Al Eurogrupo no le gusta el acuerdo al que se llegó en febrero, in extremis y muy presionados por los EEUU. Podría dar demasiado oxígeno a Tsripas y, de paso, favorecer las opciones electorales de otros partidos como Podemos en España (España era y ha sido el gran implícito en toda la crisis griega).

Deciden entonces torpedearlo para imponer sus condiciones. Y lo harán golpeando allí donde más se puede desestabilizar a un país: su sistema bancario.

El Eurogrupo y la Comisión empiezan a crear la condiciones para que los capitales huyan de Grecia. A principios de la semana del 18 de marzo, sin venir a cuento y en medio de las negociaciones, el Presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, sugiere que Grecia deberá quizá imponer controles de capitales. Una afirmación no gratuita, que tiene un claro objetivo: que los agentes anticipen la decisión y saquen los capitales del país. El 19 de marzo salieron de Grecia entre 350 y 400 millones de euros. La huída de capitales en un solo día más grande desde el acuerdo de febrero.

Esta acción deliberada del presidente del Eurogrupo fue acompañada durante días por la sugerencia por parte de Berlín de que Grecia podría salir del euro. Ante tales amenazas los ciudadanos griegos hicieron dos cosas: unos, invertir sus ahorros en coches de alta gama (cualquiera que se paseara por las calles de Atenas esos meses podía sorprenderse con la cantidad de coches de lujo circulando). En caso de reintroducción del Dracma, uno siempre puede cruzar la frontera para vender su coche y recuperar sus ahorros sin verse afectado por el cambio de divisa. Otros, aquellos que tenían dinero pero que no compraron coches, sacar su dinero del país.

¿Qué implicaciones tenía eso? Básicamente, los cuatro grandes bancos comerciales griegos se quedaban sin liquidez, viéndose así forzados a solicitar su liquidez a la Línea de Liquidez de Emergencia (ELA) del BCE.

Llegados a esta situación, es cuando el BCE entra en acción. El BCE puede, si así lo establece su Consejo de Gobierno, imponer un tope de cantidad disponible del ELA, y recortar la cantidad dada en función de la valoración que se haga de los activos que como colateral (garantía) presentan las instituciones financieras. Es lo que se hizo el pasado 6 de julio: el Consejo de Gobierno del BCE se negó a subir el tope situado en 89.000 millones, y aumentó el colateral requerido.

Cuando en esos días algunos diputados y diputadas denunciábamos en Bruselas la arbitrariedad de la medida, algunos me decían que el Banco no tenía más remedio, ya que debía protegerse de posibles pérdidas exigiendo más colateral por la liquidez. El caso es que el BCE hizo exactamente lo contrario con los bancos chipriotas en 2012. Dio liquidez a bancos comerciales en mucha peor situación que los griegos, ya que estaban técnicamente quebrados y sin colateral suficiente. Es más, el consejero francés del BCE, Coeuré, mandó un correo a Nicosia, filtrado más tarde, en el que daba algunas pistas sobre cómo inflar los activos de los bancos para que el colateral sirviera.

Dos actitudes totalmente distintas ante dos situaciones parejas. Razón: hacerle la vida imposible al gobierno griego para someterle.

Algunos llegaron a señalar incluso que la actuación del BCE era contraria a los Tratados. El articulista del Financial Times, Martin Sandbu, recordó el pasado 6 de julio que el artículo 127 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, que regula el mandato del BCE, establece entre otros el mandato de “promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago”. Teniendo en cuenta que durante el corralito griego los pensionistas no podían cobrar y los importadores veían su letras de crédito rechazadas, no parece que el Banco estuviera cumpliendo su mandato. Sandbu sugería que esta decisión fuera denunciada ante la Corte Europea de Justicia, considero que con razón, porque hay base jurídica suficiente para ser contestada ante los tribunales.

Ante la falta de liquidez cortada por el BCE, el Gobierno griego se vio forzado a imponer controles de capitales. Pero es importante señalar que a esta situación se llega por la acción deliberada de los acreedores y del BCE, no por capricho de Tsipras y Varoufakis.

La Troika tenía entonces a Syriza dónde quería: ante las puertas de una quiebra bancaria. Nunca antes se había chantajeado así a un Estado Miembro de la Unión Europea.

En esas condiciones el Eurogrupo trata de imponer un programa mucho más duro, que es rechazado en referéndum. Tsipras trata de defenderse con la democracia como bandera.

La semana que siguió al referéndum descubrimos lo que ya sabíamos: la democracia no tiene valor alguno para la Troika. El nuevo Ministro de Finanzas griego, Tsakalotos, se encuentra negociando in extremis un nuevo programa aún más duro, al borde del cierre de los bancos y de la expulsión del país del Euro, jaleada por el Ministerio de Finanzas Alemán.

El objetivo era claro: un correctivo a los griegos. Así lo reconoció el Ministro de Finanzas de Eslovaquia a través de un tweet, que fue borrado inmediatamente, pero demasiado tarde para no ser visto.

Varufakis reveló días más tarde que la sucesión de los acontecimientos cumplía con una amenaza que Dijsselbloem le hizo en privado: o aceptas mis términos o te cerraré los bancos. Es exactamente lo que hicieron.

El programa votado en el Parlamento heleno el viernes y el último acuerdo del Eurogrupo vuelve a situarnos ante un programa con medidas de corte recesivo, austeridad y privatizaciones, ante la alegría manifiesta de nuestros neoliberales patrios y de cierta socialdemocracia que sorprendentemente prefiere ver sucumbir a Syriza antes que al régimen europeo de la austeridad.

La única victoria de los negociadores es un reconocimiento internacional, esta vez sí, de que la deuda es insostenible y que deberá ser reestructurada en breve (personalmente no creo que esto ocurra antes de, una vez más, las elecciones en España).

La técnicas mafiosas de la Troika redujeron el margen de negociación de Syriza a cero, dejando a Tsipras sin elección. Esa la realidad. “Hemos tomado la decisión de permanecer vivos en lugar de suicidarnos protestando por la injusticia cometida”, afirmó Tsipras en el Parlamento el viernes pasado. Así de cierto.

Ante lo ocurrido en Grecia creo que la izquierda debe mostrase firme en un doble sentido: primero, en el rechazo del nuevo programa impuesto. Y segundo, firmes en nuestra solidaridad con el gobierno griego, con Tsipras y con Syriza tal y como ha pedido estos días Varoufakis, a pesar de su voto disidente.

Vienen días difíciles, un Congreso de Syriza de por medio y unas más que probables elecciones. Es en estos momentos cuando más apoyo necesitan en Atenas.

Nadie podrá negar que Syriza, con muy pocas herramientas a su alcance, ha sido la primera en dar la batalla, y, más importante aún, el gobierno griego será imprescindible para la construcción de una más favorable correlación de fuerzas si queremos terminar con el régimen austeritario europeo. Si una Syriza sola aún no puede, multipliquémoslas.