Una Unión Europea que invite a quedarse

En la medianoche de este viernes, el Reino Unido se convertirá oficialmente en el primer país en abandonar el proyecto comunitario. Una cuenta atrás en Downing Street marcará el inicio de un periodo de transición en el que prácticamente nada cambiará para la ciudadanía británica… hasta el 31 de diciembre de este año, fecha en que el Reino Unido dejará definitivamente de estar ligado a las estructuras económicas y normas de la Unión. “Get Brexit done!”, y ni mercado único, ni unión aduanera, ni jurisdicción del Tribunal de Justicia europeo a partir del 1 de enero de 2021.

Qué pasará a partir de entonces continúa siendo una incógnita. Ello dependerá, evidentemente, de la naturaleza y contenidos del tratado que regule la relación bilateral entre el Reino Unido y la UE, o de la posibilidad misma de alcanzarlo. Once meses no parecen suficientes para conseguir un acuerdo de semejantes dimensiones, teniendo en cuenta que solo el acuerdo con Canadá (CETA), modelo de tratado al que el propio Boris Johnson ha dicho aspirar, tardó en firmarse cerca de 7 años. Y aunque así fuera y el negociador británico Michael Gove lograra evitar la extensión del periodo transitorio, reproduciendo ese mismo modelo de tratado no parece que vayamos a llegar a buen puerto en lo que a control democrático y derechos sociales, laborales y legislación medioambiental se refiere.

No podemos limitarnos a un mero acuerdo comercial que profundice, como tantos otros suscritos por la UE, un modelo de libre comercio que vacía y atenta contra las capacidades básicas de nuestros poderes públicos, nuestra capacidad de control democrático, desmantela nuestro sector primario y profundiza en los problemas medioambientales. Esta es una nueva oportunidad para que Europa se replantee el rumbo que quiere tomar y su papel a desarrollar en un escenario global incierto e inestable como el actual, a través de un acuerdo bilateral justo, democrático y que promueva la sostenibilidad en su nueva relación con un socio no tan nuevo. Otro asunto clave y del que aún tenemos poca información es cómo se concretará la cooperación en materia de Seguridad y Defensa y si, en líneas generales, se apostará por seguir la senda del desarme y por priorizar las negociaciones frente a las soluciones militares.

En las negociaciones sobre el marco comercial, en la UE y también en España debe preocuparnos particularmente la defensa de los intereses de nuestras empresas exportadoras, especialmente del sector agrario y ganadero, y debemos pensar estrategias de acción que permitan reabsorber parte de la oferta que se verá afectada negativamente por la salida del Reino Unido. Debemos pensar e implementar, además, mecanismos para los y las quince mil trabajadoras que todos los días cruzan la verja de Gibraltar, garantizando oportunidades y condiciones de vida dignas que todavía hoy siguen sin definirse ni materializarse.

También es necesario, ahora más que nunca, atajar la abrumadora incertidumbre de nuestra ciudadanía en el Reino Unido -cerca de 140 mil personas según el INE- respecto a sus vidas, sus trabajos, su acceso al sistema de salud, a la educación o la residencia. Lo cierto es que durante los más de tres años de negociación, los mecanismos para blindar y garantizar los derechos de la ciudadanía tanto británica como europea no solo han brillado por su ausencia, sino que han sido utilizados como moneda de cambio para extraer concesiones. Debemos asegurarnos de que los derechos de la ciudadanía, como puede ser la movilidad, sean separados de toda negociación y garantizados sin ambages. En el caso de Irlanda del Norte, por ejemplo, esto se traduciría en su permanencia en el mercado único, la unión aduanera y la zona de libre circulación. A este respecto queda todavía por definir cuáles van a ser las condiciones de la frontera entre ambas partes de la isla y cómo se concretará el debate en torno a su posible reunificación.

Ahora que el Brexit es casi una realidad consumada, lo que se impone es una reflexión profunda sobre qué puede y debe hacer la Unión Europea para evitar otro exit. Y no se trata de mantener y reforzar las trabas de cualquier eventual proceso de salida, sino de ofrecer buenos incentivos para quedarse: un proyecto social que acoja y otorgue certezas a quienes carecen de ellas. El avance de la extrema derecha, el euroescepticismo y los enormes retos globales que están marcando y marcarán la agenda esta nueva década, no nos deja otra opción.

Pobreza, desigualdad, conflictos bélicos, flujos migratorios, catástrofes climáticas o la digitalización de la economía son algunos de los desafíos a los que jamás podrá hacer frente la Unión sumida como está en un contexto de crisis de legitimidad y de falta de horizonte político, así como de desacompasamiento entre sus miembros respecto a muchos temas, como puede ser la relación con EE.UU. La Unión Europea y España deben desmarcarse de la política errática e ilegal de Trump y sus socios de la internacional reaccionaria, reafirmar su autonomía estratégica y diseñar políticas integrales con las diferentes regiones basadas en derechos humanos, democracia y respeto por el medioambiente.

A estas alturas ya todo el mundo sabe que el Brexit es un síntoma de una crisis más profunda que solo se puede enfrentar a través de una honda transformación de las políticas de la UE y de la democratización de su funcionamiento. Urge también revisar el papel que debe desarrollar en tiempos de graves cuestionamientos a los consensos internacionales y los espacios multilaterales de decisión. La UE debe posicionarse en el lugar que le corresponde y erigirse como un actor referente en derechos, multilateralismo, seguridad y protección, a través de un proyecto social y democrático que invite a quedarse y que no deje a nadie ni fuera, ni atrás.