Los acusados en el caso de las filtraciones en la OPE de Osakidetza de 2018 no prevén un acuerdo con la Fiscalía

Salvo una nueva sorpresa, este martes, por fin, la Audiencia Provincial de Álava celebrará la vista previa del juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018. Se trata de un mero trámite, más teniendo en cuenta que los dos únicos acusados, el doctor Alfredo Martínez Flórez y la opositora Thais Salas, del examen de Cirugía Plástica, no tienen intención de alcanzar acuerdo alguno de asunción de culpabilidad con la Fiscalía, según fuentes de su entorno. Así, la principal virtualidad de esa vista será la fijación de la fecha para el juicio, aunque previsiblemente se pospondrá ya hasta otoño.

El caso se inició en la primavera de 2018 y tuvo cuatro instructoras en la fase de investigación, que acumuló controversias. Se llegaron a revisar una docena de categorías en las que se repetía el patrón de que las notas más altas -en pruebas de elevada dificultad- correspondían a aspirantes próximos a los vocales del tribunal. Finalmente, todo quedó archivado. Se estimó que no había pruebas. Sin embargo, los recursos de los sindicatos LAB y ESK, que han ejercido como acusación, forzaron que la Audiencia Provincial reabriera la causa al entender que los indicios en Cirugía Plástica eran tan contundentes que necesariamente tenían que ser revisados en un juicio.

La examinanda, Salas, logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas el doctor Martínez Flórez y bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”. Fue tal el revuelo ya en ese momento que la dirección de Osakidetza intervino y la opositora terminó renunciando. En aquel momento, ambos guardaban una relación de parentesco.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor por “filtrar las preguntas” del examen. Y pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Estimaba “probable”, al presentar su escrito de calificación, que se pudiera alcanzar una conformidad si ambos admitían los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas, pero en los últimos meses las defensas de los imputados han descartado de plano esa opción cada vez que han sido cuestionadas por este periódico. LAB y ESK formulan acusaciones más duras.

La vista previa iba a ser ya hace meses, pero quedó suspenda. Renunciaron los tres jueces del tribunal que iba a analizar este caso, Jesús Poncela, Elena Cabero y Ana Jesús Zulueta. Los dos primeros fueron parte de la sala que ordenó celebrar el juicio sobre Cirugía Plástica y se sentían contaminados; la tercera fue una de las instructoras. Recientemente, han sido designada otra terna: Beatriz Eva Román Gobernado, Sara Mallen y Álvaro Silván. Este movimiento se produjo sin que ninguna de las partes entendiese que fuera necesario.