ELA no acudirá a la Mesa contra la segregación y LAB advierte a Educación que se necesita “un pacto social”

ELA ha anunciado que no acudirá a la Mesa contra la segregación porque se quedará “en una mera fotografía” y ha criticado que el Gobierno vasco ponga en marcha foros “sin contenido ni medidas concretas para aparentar que está abordando estas cuestiones”. Además, ha instado al resto de sindicatos y agentes a no participar y consensuar las reivindicaciones “que sirvan para hacer frente a la segregación”. En rueda de prensa en Bilbao, las responsables de Educación de ELA se han referido a la convocatoria del Gobierno Vasco para el próximo 8 de septiembre con el fin de “lograr un pacto contra la segregación escolar”.

Según han apuntado, ELA ha sido invitada a participar “aunque en estos dos últimos años el Gobierno no ha querido reunirse con el sindicato para abordar esta cuestión” y no ha adoptado “medidas para hacer frente a la segregación”. La central sindical ha coincidido en destacar la segregación del alumnado como “uno de los problemas más graves en el sistema educativo vasco”. En su opinión, “además de equilibrar la distribución del alumnado vulnerable”, el sistema educativo “también tiene como objetivo garantizar la equidad del alumnado y la cohesión social, para lo cual resultan imprescindibles algunos cambios de calado”.

ELA ha citado cambios en “al menos en tres ámbitos principales”, uno de ellos el pedagógico, en el que “se debe establecer un modelo de inmersión lingüística en euskera que permita a todo el alumnado conocer las dos lenguas oficiales”. Por otro lado, considera que “debe garantizarse la cohesión de la sociedad vasca a través de un currículum propio sin imposiciones estatales, desde la referencialidad de la cultura vasca desde la diversidad”.

En materia de recursos, cree que se debe mejorar la ratio entre alumnado y personal educativo “para atender a la diversidad y necesidades del alumnado”, aumentar el número de profesionales específicos “para dar una acogida integral al alumnado recién llegado y, en particular, una acogida lingüística”, reducir las cargas burocráticas de trabajo del profesorado “para mejorar la atención al alumnado” y ofrecer financiaciones “para compensar los desequilibrios sociales de origen del alumnado y garantizar la estabilidad de los profesionales --tras los procesos de consolidación, la temporalidad seguiré superando el 30%--, entre otros aspectos”.

Para abordar todos estos objetivos ve necesario “mejorar sustancialmente la financiación a educación”, al menos hasta alcanzar una inversión media del 6% del PIB europeo. ELA también ha considerado necesario, en el ámbito de la estructuración del sistema, “superar el actual sistema basado en la distribución de redes” --pública, concertada y totalmente privada-- para “dar pasos hacia un sistema propio que sea totalmente público”.

También reclama que se garantice la gratuidad absoluta de todo el proceso educativo y empoderar la autonomía escolar y a las comunidades educativas locales “para responder a las necesidades locales”. La central sindical asegura que, por otro lado, “se debe garantizar un equilibrio en la distribución de todas las tipologías de alumnado, promoviendo cambios en el sistema de matriculación y en la matrícula viva”.

ELA ha lamentado que, sin embargo, el Gobierno Vasco “ha renunciado a impulsar esos cambios”, tanto en la Ley de Educación aprobada en 2023 y como en el acuerdo alcanzado en primavera con Steilas, LAB, Interinok y CCOO “para poner fin a las huelgas”. En consecuencia, cree que “no es posible responder a la segregación del alumnado y a la cohesión social tomando como base la Ley de Educación y el acuerdo laboral de primavera en los que se renuncia a impulsar los citados cambios”.

A su juicio, como se ha constatado en el ámbito sanitario, “estas mesas se quedan en meras fotografías, donde se acuerdan líneas de trabajo demasiado generales en lugar de medidas concretar que respondan a la situación, y sin tener en cuenta la representación y las atribuciones de las y los participantes”. Por ello, ELA ha decidido “declinar la invitación del Gobierno Vasco”. Por ello, se ha puesto en contacto con otros agentes educativos “para consensuar las reivindicaciones que sirvan para hacer frente a la segregación y fomentar la cohesión social, e impulsar movilizaciones con ese objetivo”.

Por su parte, el sindicato LAB ha advertido de que la Educación de Euskadi necesita “un pacto social para hacer frente a la segregación”, pero “no un foro para sacar una foto” como, a su entender, supone la mesa que va a poner en marcha el Gobierno vasco sin “voluntad real de consenso” con agentes sociales, políticos y sindicales. En todo caso, ha anunciado que participará en su primera reunión, tras lo que analizará si continúa o no. En un comunicado, LAB ha criticado “la falta de seriedad” del Departamento de Educación del Ejecutivo vasco, al que ha censurado que “el punto de partida no es nada adecuado y está lejos de construir consensos”.

En este sentido, ha denunciado que “parece que el Gobierno quiere empezar este foro con la misma actitud que tuvo el curso pasado en la Mesa de Salud”, en la que, a su entender, “adaptó la metodología a la carta, adaptándola en diferentes momentos a sus intereses y acallando algunas de las decisiones tomadas en los grupos de trabajo para imponer las decisiones de continuar con la privatización del sistema público de salud”.

LAB ha recordado que las huelgas llevadas a cabo por los sindicatos del sector público por la Ley de Educación reivindicaron que “se necesitan medidas que se trasladen en normativas para hacer frente a la segregación escolar y crear un sistema educativo público único y propio, debiendo negociar y consensuar esas normativas con las personas trabajadoras”.

“El gobierno de PNV-PSE, lejos de crear un foro para hacer frente a la segregación con los sindicatos y otros agentes educativos sociales, aprobó la Ley de Educación, que contó solamente con el apoyo de los partidos del Gobierno, modificó a su antojo la orden de concertación y el decreto de planificación y realizó el curso pasado modificaciones en el orden de admisión del alumnado en beneficio de los centros concertados”, ha denunciado.

En un contexto de “aumento del Índice de Vulnerabilidad en las capitales y localidades más pobladas” de Euskadi tanto por “la situación socioeconómica cada vez más precaria” de las familias como por el flujo migratorio creciente, LAB ha advertido de que el Departamento de Educación ha llevado a cabo “modificaciones normativas para proteger los privilegios de las familias que no quieren relacionarse con este alumnado y los intereses de determinados centros concertados”.

Según ha indicado, “sigue vigente el cobro de cuotas por parte de los centros concertados, el departamento no ha realizado las auditorías de todos los centros educativos, no ha establecido la gratuidad, ni ha establecido las obligaciones que deben cumplir todos los centros a cambio de dinero público”.

El sindicato ha reiterado “la necesidad de un pacto social para hacer frente a la segregación, pero no un foro para sacar una foto de medio centenar de participantes, que empiece sin seriedad y con la misma metodología de la Mesa de Salud”. Pese a ser “críticos con la convocatoria”, LAB ha anunciado que participará en esa primera reunión, tras lo que valorará si continúa o no. Por su parte, ha explicado, va a apostar por poner en marcha “una dinámica sindical para hacer frente a la segregación escolar y profundizar en la dirección de un sistema educativo público único, nuevo y propio, para extender la red pública y luchar contra la organización dual del sistema educativo, profundizar en un sistema educativo propio o soberano basado en el modelo de inmersión del euskera y en el Currículum Vasco y para hacer frente a la ofensiva racista y clasista”.