Consuelo Ordóñez: “Covite no tiene nada que decir si los acercamientos de presos de ETA son ajustados a la legalidad”

Consuelo Ordóñez Fenollar (Caracas, 1959) es la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y acumula años en la trinchera de lo que ella define como la batalla por la memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo, también las de otras organizaciones diferentes a ETA como el GAL o recientemente el yihadismo. Esta semana ha alzado la voz cuando Pablo Casado, nuevo líder del partido en el que militaba su hermano, asesinado por ETA, ha creído hablar en nombre de las víctimas para criticar dos acercamientos de presos al País Vasco.

“Que critiquen lo que quieran pero no en nuestro nombre”, explica Ordóñez en esta entrevista, en la que defiende la “legalidad” de esos traslados “excepcionales” pero dejando claro que mantendrá una oposición frontal contra las “cesiones” al entorno de ETA si se producen.

En los últimos días se han anunciado traslados de presos de ETA a cárceles vascas. ¿Qué reflexión hace?

Lo hemos repetido a la saciedad desde que saltó la noticia: una vez comprobado con el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, entendemos que son ajustados totalmente a la legalidad. Hablamos de estos dos traslados en concreto, excepcionales porque no hay más etarras en tercer grado quitando la 'vía Nanclares'. Covite no tiene nada que decir nunca contra autos de un juez de vigilancia penitenciaria acordando un tercer grado. Nunca. Jamás. En la vida. Además, estos dos estaban en Asturias porque la Administración penitenciara del PP, el Gobierno de Rajoy, había sido la que los había trasladado. Y todo preso trasladado a una cárcel como ésa, que es la limítrofe al País Vasco, es porque irremediablemente va a ser acercado.

Esto que ha sucedido iba a suceder igual con el Gobierno de Rajoy. Es que el tercer grado hay que cumplirlo en las cárceles cercanas al domicilio de los presos. Es la fase última de condena y si se les ha dado es porque reúnen los requisitos y tienen un pronóstico favorable de reinserción, que es lo que dice la ley.

El PP critica en nombre de las víctimas este tipo de movimientos

Que critiquen lo que quieran pero no en nombre de las víctimas. Que lo hagan en nombre suyo, no en el nuestro. Tanto Covite como la AVT hemos coincidido en la postura. No tenemos nada que decir mientras sean unos acercamientos que se ajustan a la legalidad. Y ya está.

Se anuncian nuevos movimientos en las próximas semanas. ¿Qué espera?

Lo que esperamos es lo que nos dijo el ministro Fernando Grande-Marlaska y lo que ha repetido en varias ocasiones públicamente. Queremos que haya transparencia y se nos informe. Y que en todo caso sean movimientos individualizados. Eso esperamos. Nosotros, desde que se anunció el cambio de política penitenciaria por parte del nuevo Gobierno, marcamos postura y líneas rojas. Covite exige para que sean acercados el repudio, el rechazo, que renieguen de ETA. Ésa es nuestra línea roja. Si se acepta, Covite hasta va a apoyar esos acercamientos. 

El modelo de la 'vía Nanclares' [ruptura con la organización y acercamiento a la cárcel de Álava, antes en Nanclares, ahora en Zaballa] parece la fórmula por la que ha apuesta el nuevo Gobierno. ¿Es suficiente para ustedes?

No. Nosotros exigimos que renieguen de ETA. Están los requisitos legales de un tercer grado y yo ahí no me puedo meter porque son las leyes y son los legisladores los que tendrían que cambiar. Pero a mí no me gusta nada, por ejemplo, que para un tercer grado se exija el perdón… El perdón no sé qué hace en una ley de un Estado de Derecho. Es algo privado. Además los requisitos de la 'vía Nanclares' es muy fácil trampearlos. En la 'vía Nanclares' estaba Valentín Lasarte, el asesino de mi hermano. Yo fui a pedirle colaboración. Le hice 40 preguntas y me contestó que no sabía nada de ninguna de ellas. Es muy fácil decir por escrito que se esta arrepentido y se pide perdón. Pero, ¿quién me dice a mí que está arrepentido de verdad si no colabora? El arrepentimiento, el perdón, son requisitos pensados como para delitos privados.

Nosotros creemos que hay que renegar de ETA, de su proyecto político totalitario nacionalista que quisieron imponer y que sigue utilizando la izquierda abertzale en las instituciones. Esto es muy importante porque el culto al terrorismo de ETA está más vigente que nunca, va en aumento. En este rincón de Europa, País Vasco y Navarra, pasa lo que en ningún sitio.

¿Qué esperan de este nuevo Gobierno en la búsqueda de luz para los 300 casos sin resolver?

Se ha nombrado un fiscal para sumarios sin esclarecer. Exigimos que se tome este tema muy en serio. ¿Mi experiencia hasta ahora? Yo he tenido una reapertura de un sumario y me la cerraron. Me dijeron que estaba prescrito. Eso no puede volver a pasar. La obligación es de investigar e investigar. Y cuando esté resuelto el crimen ya se hará si acaso el auto de que no se puede juzgar a nadie porque los delitos han prescrito. Pero hasta ese momento la obligación de la Audiencia Nacional es hacer el trabajo que no se hizo en su momento. Es el compromiso que había en una declaración institucional del Congreso de los Diputados y que se ha incumplido. Exigimos a este Gobierno que hagan el trabajo que no hicieron por negligencias cuando debieron a hacerlo.

El nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, se ha mostrado crítico con los recibimientos (‘ongi etorri’) a presos excarcelados y actos como el homenaje al asesino de Fernando Buesa en unas fiestas de Vitoria.

Al igual que con Carlos Urquijo, le vamos comentando estas cosas. Loza nos ha dicho que ya están haciendo estas cosas, que cuando los ayuntamientos tienen en el programa de fiestas una chocolatada por los presos o similares actúan. Primero hacen solicitudes y, si se hace caso omiso, interponen un recurso.

¿Tienen una interlocución fluida con Loza entonces?

Por ahora sí.

¿Y confían con él?

Eso lo diremos en función de cómo va evolucionando. Aún es muy pronto.

Volviendo al PP, cuando estaba en el Gobierno, ¿cuál era su interlocución con el ministro Zoido?

Con Covite acabó fatal. No nos quería recibir. Le exigíamos que no permitiera el circo de la disolución de ETA. Y el año anterior el circo del desarme. Nada, ni puñetero caso.

Este país es el único en el que un presidente del Gobierno y un ministro del Interior se han pasado siete años pidiéndole y rogándole a ETA que se disuelva. ¿Desde cuándo en un país democrático serio se ruega que se disuelva la peor organización terrorista criminal que ha actuado en su suelo? Nos hemos acostumbrado a esas declaraciones y nadie se ha sorprendido ya. Pero, ¿acaso el ministro del Interior pide a los narcotraficantes que se disuelvan? ¿Se le pide al Daesh que se disuelva o se actúa? Sólo le pedíamos que diera la orden de disolver a ETA con el Estado de Derecho. No han querido ni recibirnos.

¿Y en estos días les ha llamado Pablo Casado o alguien del entorno?

No, no, no. No entiendo cómo Casado pudo hablar en Santa Pola como si las asociaciones de víctimas compartiéramos su postura. No tenemos nada que decir de estos dos acercamientos. Ya tendremos tiempo de ser exigentes, como con la ley vasca de abusos policiales, en la que hemos hecho un frente común con otras asociaciones y sindicatos policiales. No vamos a parar cuando veamos un pago y una cesión.

Hablemos de la ley de víctimas policiales. Ustedes se han opuesto a la retirada del recurso de inconstitucionalidadretirada del recurso de inconstitucionalidad

Claro. Es gravísimo. Estamos muy bien organizados y el Gobierno va a tener un frente muy serio.

¿Creen que existen estas víctimas y que hay que reconocerlas?

Vamos a ver, la tortura es deleznable, por supuesto. Y claro que ha habido casos. Hay sentencias condenatorias. Pero lo que no podemos admitir nunca, porque es incompatible con un Estado de Derecho, es que se reconozcan víctimas de abusos policiales en una comisión formada por unos señores nacionalistas y abertzales nombrados por el Gobierno vasco. El único requisito que se exige es decir que se ha sido torturado, sin ningún control judicial.

Delitos tan graves como la tortura o los delitos contra la vida, ¿desde cuándo se ponen en manos de una comisión? Las víctimas del terrorismo tenemos que pasar por un tribunal. Ninguna víctima del terrorismo ha sido reconocida por un órgano de la administración. Todos tenemos una actuación judicial, aunque esté sin resolver.

En cuanto al GAL, ¿qué queda por hacer para esclarecer ese episodio de la historia de España?

Queda todo por hacer. Mira, la mayoría de los crímenes del GAL se cometieron en Francia y hemos pedido que nos pasen las sentencias que ha habido. En Covite hemos hecho un trabajo de investigación con todas las sentencias del terrorismo de ETA, lo que se supone que son crímenes resueltos y en muchos casos es mentira. Lo mismo queremos hacer con otros terrorismos y por supuesto con el GAL. Se lo hemos pedido a la juez de enlace con Francia porque necesitamos saber cuántas sentencias ha habido. Es una investigación que queremos hacer. Es voluntad de Covite desde hace años pero no hay manera de que nos envíen esa documentación

Citaba al Gobierno de Francia. Allí también ha cambiado la política penitenciaria y ustedes se desplazaron a París para conocer estos planes. ¿Los acercamientos se están dando conforme a como se los explicaron?

No, han incumplido la palabra que nos dieron. Yo estoy en conversaciones con Hélène Davo y a la vuelta de vacaciones hablaremos. Me reconoce que hay presiones del mundo abertzale y de políticos franceses y han sobrepasado la línea roja de los delitos de sangre. Se nos dijo que se iba a tener en cuenta por respeto a las víctimas.

Y, con el Gobierno vasco, ¿cuál es la relación? Han acusado al PNV de ser “equidistante”.

Igual que siempre. Es una tradición histórica de Covite no estar nunca de acuerdo con los planes del Gobierno vasco. Están basados en la teoría del conflicto. Todos sus planes son para blanquear la historia de ETA. ¿Por qué ahora por ejemplo quieren ser carceleros y obtener la transferencia de Prisiones? ¡Pues para abrir las puertas de las cárceles! Nos tienen enfrente.