EH Bildu: “La ausencia de la Fiscalía en el 'caso Ibarzaharra' deja desamparados a los ciudadanos”
La ausencia de la Fiscalía de Bizkaia en el 'caso Ibarzaharra' ha provocado la indignación de EH Bildu, que considera “muy grave” este comportamiento. La Fiscalía ha impulsado la investigación de este caso, en el que acusa a dos exaltos cargos del PNV, Iñigo Camino y Juan Cruz Nieves, de cometer delitos de fraude a la Seguridad Social y malversación de fondos públicos. Ambos cobraron casi 300.000 euros de la sociedad pública Ibarzaharra sin ir a trabajar. Ibarzaharra está dedicada a la promoción de suelo industrial y es propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao.
El caso es que la Fiscalía de Bizkiaa ha impulsado el caso, ha citado testigos y en la sesión testifical no ha comparecido. “La Fiscalía no realizó ninguna pregunta, en la sesión que se celebró en el Juzgado de Instrucción número dos de Barakaldo, a los testigos que citó a declarar ante el juez, pese a ser la propia Fiscalía la impulsora de la denuncia”, se lamenta EH Bildu. La Fiscalía trató de participar en la sesión por medio de una videoconferencia, pero problemas técnicos se lo impidieron. En lugar de solicitar que se aplazase la sesión, optó por que el juicio siguiera sin ella. “Llama poderosamente la atención”, subraya EH Bildu, “que la Fiscalía no solicitara un aplazamiento y por tanto, desaprovechara la ocasión de realizar preguntas a los acusados y a los testigos queella misma citó”.
La actitud de la Fiscalía “denota el preocupante nivel de interés a la hora de ofrecer pruebas sólidas de los delitos que afirma se han cometido”, denuncia la coalición. “Nos parece absolutamente irresponsable que ante un presunto caso de corrupción, ante una denuncia presentada por la Fiscalía, el organismo responsable de defender el interés general decida ausentarse y no solicite aplazar la cita para poder realizar las preguntas que estime oportunas tanto a los acusados como a las personas a las que solicita testificar”, añade.
“Resulta realmente sorprendente que cuando desde la fiscalía se piden más recursos para combatir la corrupción y se fija como uno de los principales objetivos del año judicial la lucha contra ella, simultáneamente se desampare el deber de defender el interés general”.
