Euskadi subirá desde enero un 2% el sueldo a los 70.000 funcionarios por vez primera en años

“Si es posible en la nómina de enero, se hará en enero. Está todo el proceso en marcha. Y, si no, seguro que se hará en febrero”, ha anunciado tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno el portavoz del gabinete y consejero responsable en materia de Función Pública, Josu Erkoreka, sobre la subida del 2% a los alrededor de 70.000 funcionarios vascos prevista para 2020 y a la que suma un 2% adicional en forma de incremento en la aportación a la EPSV Itzarri. Lejos quedan los años en que las mejoras retributivas se posponían hasta el otoño -aunque luego se devolvieran los meses pendientes- por la ausencia de presupuestos generales en España. Ahora los tiempos han cambiado y la sintonía entre Vitoria y Madrid es diferente.

Se trata de “seguridad jurídica”, explican en el Gobierno. Durante los mandatos de Mariano Rajoy, aunque Euskadi tuviera aprobadas sus cuentas y sus mejoras para los empleados públicos, el Gobierno de Iñigo Urkullu siempre operaba con prudencia y esperaba a que las Cortes Generales visarán los presupuestos del Ejecutivo del PP. Era una dilación sin efectos económicos reales -siempre se han pagado todos los atrasos- pero que llamaba la atención porque diputaciones, ayuntamientos o incluso el Parlamento Vasco sí aplicaban las subidas desde enero del año correspondiente. Se trataba de evitar posibles recursos del Estado, singularmente en la época en que la máxima responsable de los servicios jurídicos era la abogada Macarena Olona, ahora diputada de Vox en el Congreso.

Con el nuevo Gobierno socialista, el Ejecutivo vasco tiene la garantía de que aunque el marco presupuestario estatal no se llegue a aprobar -de hecho ni siquiera se ha presentado el proyecto y el calendario apunta al verano- el Estado dará continuidad a los acuerdos de mejora retributiva adoptados con los sindicatos, por cierto, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. Es más, el Consejo de Ministros ha dado luz verde también este martes a la subida para los empleados públicos estatales, también del 2%.

Los nuevos marcos de relación entre Vitoria y Madrid también se hacen notar en otras materias sensibles, como los conflictos de competencias. El Ejecutivo vasco ha formalizado el recurso de inconstitucionalidad contra los decretos-ley diseñados contra la denominada 'república digital catalana' y que extendían a toda España un mayor control de las comunicaciones y sistemas digitales. Sin embargo, ha querido destacar como novedoso que la interpretación de las cuestiones que pueden afectar a las competencias vascas se discutirán en una comisión bilateral durante seis meses.

Sostiene el Gobierno que “la apertura de este proceso negociador paraliza, durante seis meses, la materialización del recurso ante el Tribunal Constitucional y es fruto del acuerdo de investidura [en España y entre el PNV y el PSOE] que señala que ambos Gobiernos trabajarán para sustituir la litigiosidad de las discrepancias por el acuerdo político”. Pero la realidad es que este mecanismo de diálogo está recogido en la propia normativa del Tribunal Constitucional y se ha utilizado siempre, incluso con el Gobierno de Rajoy. La novedad, en palabras de Erkoreka, es que existe la confianza de que este conflicto de competencias sea innecesario porque el Gobierno de Sánchez cepille las aristas más polémicas del decreto-ley digital antes de que se materialice el pleito en el Constitucional.

“Se ha abierto un nuevo tiempo”, ha insistido Erkoreka sobre las oportunidades que se abren con la nueva legislatura de Sánchez. De hecho, confía también en cerrar cuanto antes una reunión con la nueva ministra de Política Territorial, Carolina Darias, para “actualizar” el calendario para completar el Estatuto de 1979, un compromiso que en 2019 quedó en agua de borrajas por la doble convocatoria electoral y que el nuevo Ejecutivo ha asumido como propio.

En el aire está cuánto margen de tiempo dispondrá el Gobierno vasco para desarrollar este proceso, ya que crecen las voces que apuntan a un posible adelanto electoral para finales de mayo, lo que obligaría a disolver el Parlamento a finales de marzo o principios de abril. Preguntado por ello, Erkoreka ha indicado que “el lehendakari no habla de elecciones” pero ha reconocido que “todos los demás” en el Gobierno sí “y él toma notas”. La prerrogativa para adelantar los comicios -inicialmente previstos para septiembre- es exclusiva del presidente vasco. Ya el año pasado se habló recurrentemente -pero sin elementos objetivos- de un adelanto y ahora, como entonces, el mensaje oficial es que Urkullu tiene dada la orden a sus consejeros de PNV y PSE-EE de cumplir hasta el final el programa de Gobierno.