Sin facturas del gasto del parque móvil del Parlamento vasco tras la denuncia por fraude contra el jefe de seguridad
A principios de junio se conoció la denuncia interpuesta por el Parlamento Vasco contra su jefe de seguridad desde 2008, un ertzaina de carrera que ahora ha regresado a su puesto de funcionario, por el presunto uso indebido de las tarjetas de crédito adscritas a los vehículos del parque móvil de la Cámara. El caso, aunque ya se intuían anomalías desde varios meses atrás, se destapó al constatarse que durante el mes de abril había gastos vinculados al coche oficial de la presidenta, Bakartxo Tejeria, que en ese período había estado en reparación y sin circular por un accidente grave. Sin embargo, según denuncian varias fuentes parlamentarias, aún no se han facilitado a la Mesa los extractos de las tarjetas de crédito en los tres meses posteriores -mayo, junio y julio-, por lo que todavía no ha sido posible comprobar si los gastos de parque móvil han regresado a la normalidad y, por lo tanto, cuál fue el alcance real del posible desvío.
Este episodio sigue dando mucho que hablar en los pasillos de la Cámara. La Fiscalía ya ha remitido el expediente a un juzgado de instrucción ante la existencia de indicios de la posible comisión de tres delitos, falsedad documental, malversación de caudales públicos y estafa, según un escrito firmado por el fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre. En paralelo, a nivel interno se continúa con el análisis de la gestión económica del ya exresponsable de seguridad, una documentación que ya ha sido solicitada formalmente por el afectado para la preparación de su defensa en el proceso penal.
Uno de los nuevos datos que ha florecido es que este cargo de confianza, que dependía directamente de Presidencia, compaginaba su actividad en el Parlamento con un empleo en una autoescuela. Como las tarjetas de crédito adscritas a los vehículos del Parlamento estaban restringidas a su empleo en gasolineras, aparcamientos y servicios similares una de las hipótesis que se manejan es que ésa podría ser la explicación a unos consumos tan elevados que se sucedieron desde al menos 2017, a tenor de la revisión de facturas que realizó la vicepresidenta del Parlamento, Eva Blanco (EH Bildu).
Asimismo, y aunque todavía no se ha extraído ninguna conclusión, el análisis de la gestión económica del responsable de seguridad destituido se ha hecho extensivo al conjunto de contratos formalizados en los últimos años y que afectan a cuestiones como las cámaras de videovigilancia y grabación y otros dispositivos. El grueso de ellos está adjudicado como contratos menores (sin concurso) a una misma empresa, aunque factura al Parlamento con dos denominaciones diferentes.
