Un total de 3.330 personas tuvieron que ser escoltadas en Euskadi entre 1990 y 2011 por la amenaza de ETA

Un total de 3.300 personas tuvieron que ser escoltadas en Euskadi entre 1990 y 2011 por la amenaza de ETA, de las cuales 1.619 fueron escoltadas con cargo a los Presupuestos del Gobierno vasco, según el informe presentado por el secretario general para la Paz y la Convivencia, Jonan Fernández, que refleja “el sufrimiento que padecieron” los amenazados de la banda en ese periodo de tiempo.

Fernández, acompañado por los redactores del informe José Ramón Intxaurbe, Eduardo J. Ruiz y Gorka Urrutia y por la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando, ha comparecido en San Sebastián para dar cuenta de este estudio, que fue encargado por la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del en la primavera de 2015 al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto.

En concreto, según ha explicado, se solicitó la elaboración de un informe que reflejase y analizase la injusticia padecida por las personas que sufrieron la amenaza de ETA entre 1990 y 2011, que “se materializó, de manera particular, en la necesidad de llevar escolta para protegerse de esta coacción”.

Fernández ha señalado que el objetivo del estudio es ofrecer una descripción cuantitativa y cualitativa del “sufrimiento injusto provocado a personas amenazadas por ETA y extraer conclusiones en materia de reconocimiento y reparación de víctimas”.

A su juicio, “la clarificación del pasado en materia de vulneraciones de derechos humanos es fundamental para la construcción de la convivencia y la memoria” y este informe es “una pieza más” en el proceso de “reconstrucción de la verdad y de la clarificación del pasado”.

De este modo, a través de este informe queda registrada esta realidad de manera “oficial” con “un reconocimiento público de la injusticia de su sufrimiento y supone una expresión de solidaridad con sus víctimas”, ha apuntado.

Jonan Fernández ha insistido en que este documento “es una manera de hacer un ejercicio de empatía colectiva para entender qué tipo de opresión física, psicológica, familiar y humana pudo suponer para una persona vivir un día tras otro de manera sostenida hora a hora con la amenaza de perder la vida violenta e injustamente”.

Asimismo, ha apuntado que el informe ha sido remitido este mismo viernes al Parlamento vasco y se enviará también a Gogora como “una parte más de la construcción de la memoria”, al tiempo que ha considerado que, pese a no tener previsto aún ninguno, “esta realidad debe estar incorporada en los actos de reconocimiento” como los que se han llevado a cabo a víctimas del terrorismo o abusos policiales, por ejemplo.

INFORME

Por su parte, Gorka Urrutia ha explicado el proceso de realización del informe y ha detallado que no se ha podido disponer de un registro oficial de los datos relativos a los 3.300 casos estimados. Por este motivo, la explotación de la información se ha basado en los datos del Departamento de Seguridad sobre las 1.619 personas a las que les fue asignado un operativo de escolta con cargo a los presupuestos generales del País Vasco entre 1990 y 2011.

La horquilla temporal que estas personas tuvieron que vivir escoltadas oscila entre los 2 y los 14 años. Más de dos tercios de ellas dispusieron de escolta entre 1 y 5 años, y una quinta parte estuvieron escoltadas durante alrededor de 10 años. Al menos cinco personas vivieron escoltadas durante prácticamente todo el periodo recogido en este informe (20 años o más).

El análisis revela que el incremento en el número de personas con escolta comienza en el año 1998 y su primer pico se establece en el 2003, antes de la tregua de 2005. Una vez rota esta tregua, el número de personas con escolta continua en ascenso hasta llegar al pico máximo en el año 2010 (con 826 personas escoltadas a cargo del Departamento de Interior del Gobierno vasco).

Los ámbitos afectados por la amenaza de ETA son los cargos políticos o personas vinculadas a algún partido político, personas ligadas al mundo de la empresa, la enseñanza, la administración de justicia o a la comunicación. A partir de 1998, hay un incremento en el uso de escolta en todos los ámbitos, especialmente en cargos políticos y administración de justicia.

El número de hombres (65,78%) que ha dispuesto de escolta es mayor que el de las mujeres (34,22%). Asimismo, Bizkaia cuenta con el mayor porcentaje de personas escoltadas (38,17%), Gipuzkoa el segundo (29,15%) y Álava el último (17,7%).

UNA QUINCENA DE ENTREVISTAS

José Ramón Intxaurbe ha sido el encargado de explicar el análisis cualitativo de los datos y ha precisado que se llevaron a cabo quince entrevistas, no sólo a amenazados, sino también a algún familiar, con un cuestionario estructurado aunque abierto por las que se han obtenido varios bloques temáticos que recogen ideas y vivencias sobre las consecuencias de vivir bajo amenaza y con escolta.

En el informe se describen las manifestaciones de la amenaza a través de coacción, acoso e intimidación. La pérdida de libertad e intimidad, el cambio en la rutina diaria, la dificultad añadida de encontrar trabajo, la estigmatización, las diferentes actitudes del entorno familiar son algunas de las vivencias recogidas en el estudio. El informe también refleja casos en los que la escolta no alcanza y la amenaza se materializa.

Este documento concluye que las personas escoltadas sufrieron diferentes tipos de vulneraciones de derechos humanos y fueron “objeto de intimidación a partir de amenaza o coacciones de distinta naturaleza por el libre ejercicio de una profesión o haber sido electo como representante de la ciudadanía va en contra de la libertad ideológica, de conciencia o pensamiento y de la libertad de expresión”.

El autor del estudio ha indicado que el informe recoge también que la amenaza representa “vulneración del derecho a la vida y a la seguridad; a la libertad de circulación, residencia o a la elección de profesión u oficio, entre otras”.

El texto, además, hace varias sugerencias como, por ejemplo, difundir ante la opinión pública el sufrimiento injusto padecido; evitar la relativización de las agresiones y coacciones; promover el reconocimiento público de la personas estigmatizada y recoger testimonios de estas víctimas, entre otras.

Intxaurbe ha señalado que los testimonios recogidos tienen una “componente emocional fuerte” y ha agradecido la “generosidad” de las personas que han colaborado para hacer este estudio, en su mayoría de la asociación Zaitu.

Pese a que el espíritu general de todos ellos es el de “seguir adelante” y de una visión “positiva” para “aportar en la creación de una sociedad que sea capaz de construir nuevas relaciones sociales a partir de una memoria compartida”, ha destacado que algunas personas han referido “cierta sensación de soledad” en ese periodo en el que vivieron la estigmatización social y la mayor parte de ellas han mostrado como se sintieron “reconfortadas” al poder “salir de una rutina pautada de una vida amenazada”.