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Último intento de desprestigiar a Ainhoa Alberdi: “Si la denuncia no es una venganza, se parece bastante”

Aitor Tellería, su abogado Jesús Villegas, y Araceli Bajo

Iker Rioja Andueza

El 'caso De Miguel' lo inició el 2 de diciembre de 2009 la denuncia de la abogada urbanista y empresaria Ainhoa Alberdi, que acusó a dos exdirigentes del PNV alavés, Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, de presionarla para que pagara una comisión de 100.000 euros por un contrato en el parque tecnológico de Miñano que se abonaría a través de la sociedad Kataia Consulting, a nombre de las esposas de ambos y de la de un tercer miembro del Araba Buru Batzar, Koldo Ochandiano. Desde el origen, el cuestionamiento de la figura de Alberdi ha sido una constante, hasta el punto de acusarla en algunos momentos de actuar como una mujer despechada o de tener problemas psicológicos. Y el juicio, ya visto para sentencia, ha acabado de la misma forma, tildándola abiertamente de ser una “testigo profesional” que se ha inventado una historia de corrupción irreal.

El abogado de Aitor Tellería y de su mujer, Araceli Bajo, ha sido el último de todos los defensores en intervenir ante la Audiencia Provincial de Álava. Jesús Villegas ha señalado que si la actuación de Alberdi “no tiene origen en la venganza, se le parece bastante”. “Hay mucha imaginación y mucha especulación [...]. El ministerio fiscal presenta a Alberdi como una víctima y el nivel que ha puesto está muy bajito. La señora Alberdi es en este caso una testigo profesional. Profesional del derecho, que sabe lo que quiere decir, cómo y cuándo [...]. Su actuación es una actuación teatral y, visto el resultado, realmente ha sido muy eficaz”, ha señalado el abogado citando que en las grabaciones aportadas por la propia Alberdi para soportar su denuncia se le escucha decirle a su socia, Beatriz Vicinay, que se están “riendo” de quienes luego serían los acusados.

Precisamente las grabaciones han sido uno de los caballos de batalla del juicio. Las 24 pistas de audio de una Olympus recogen frases que indican que las comisiones son algo “dentro de lo normal” o al propio Tellería diciendo “De un sitio u otro, pues tenemos que sacar lo que nos corresponda. Es así, porque si no lo tenemos jodido”. Estas últimas palabras son de una reunión que tuvieron De Miguel y Tellería con Alberdi y Vicinay en las oficinas de éstas en Bilbao. Según la empresaria y según su socia, allí se les volvió a pedir la mordida de 100.000 euros. La defensa de Tellería lo niega y asegura que lo que se negociaba era una deuda mercantil ordinaria entre el antiguo socio de ella, Jon Iñaki Echaburu, y Kataia Consulting, de alrededor de 30.000 euros. Se da la circunstancia de que Tellería declaró que no reconocía su voz en las grabaciones. Es decir, por un lado niega haber participado en esa reunión y por otro indica que en ella no se trató de comisiones.

La denunciante explicó también cómo De Miguel y Tellería se reunieron con su padre, Juan Antonio Alberdi, militante del PNV, para reclamarle las cantidades. Según Villegas, “la declaración de Alberdi no coincide ni con la de su padre”. A su juicio, en el proceso ha quedado claro que Alberdi padre contradijo a su hija, si bien él declaró que cuando le plantearon la cifra -“20 millones de pesetas”, más cercanos a los 100.000 que a los 30.000- él casi se desmaya.

Sobre todo el proceso ha sobrevolado el papel de Kataia Consulting, empresa pantalla para camuflar comisiones según la Fiscalía. En palabras de la defensa de Tellería, el negocio compartido con De Miguel y Ochandiano -los tres han coincidido en exculpar a sus mujeres, que eran las administradoras nominales- era una manera de hacer frente a una situación de paro.

Kataia Consulting se creó en junio de 2005 y, según la vida laboral de Tellería aportada por el propio Villegas al juicio, en aquella época el dirigente peneuvista estaba dado de alta en la empresa Oihanberri, creada por el Gobierno vasco y las diputaciones en 1989. Estuvo cobrando el paro entre octubre de 2005 y septiembre de 2006. Según Tellería, en aquellos meses estuvo trabajando para Kataia Consulting “con las botas de goma puestas” haciendo trabajos relacionados con la recalificación para un polígono industrial en Zambrana. La confesión de Josu Arruti, en cambio, puso de manifiesto que los 161.000 euros abonados por esa supuesta asistencia técnica escondían en realidad una comisión ilegal abonada por los promotores de Construcciones Riera. Tellería nunca estuvo dado de alta en Kataia Consulting pero sí, por ejemplo, la suegra de Alfredo de Miguel, que percibió más de 30.000 euros sin que conste que hiciera trabajos.

Siguiendo con la vida laboral aportada por la defensa de Tellería, se da la circunstancia de que en días consecutivos de abril de 2007 fue dado de alta tanto por una sociedad instrumental del PNV que dirigía De Miguel, Landaburu Etxea, como por la filial en Zambrana de Riera, Riera Urbanizer. Durante tres meses compatibilizó ambos sueldos hasta que en julio saltó a una sociedad pública llamada CEIA, un semillero de empresas en el parque tecnológico de Miñano.

De CEIA, según ha explicado Villegas, salió en marzo de 2010, tras su detención en esta investigación de corrupción. “Fue un despido improcedente por motivos políticos porque quien toma la decisión son políticos”, ha indicado Villegas señalando al PSE-EE, entonces en el Gobierno vasco. Se da la circunstancia de que una de las líneas de defensa fundamentales tanto de los cargos de Miñano implicados como del propio De Miguel, quien hasta 2007 era gerente de otra sociedad pública, Aiara Haraneko Industrialdea, era precisamente alegar con rotundidad que esas entidades eran mercantiles “corrientes y molientes”, empresas privadas al fin y al cabo. No es un matiz menor, ya que los delitos de prevaricación o cohecho sólo se aplican a cargos públicos.

No era una infanta, era una “analfabeta”

Villegas se ha referido también al papel de Araceli Bajo, esposa de Tellería y cosocia de Kataia Consulting junto a las parejas de De Miguel y Ochandiano, Ainhoa Bilbao e Iratxe Gaztelu-Urrutia. Ha repetido en varias ocasiones que es injusto que esté acusada por “siete segundos”, el tiempo que dedicó a firmar la creación de la sociedad y otros trámites. Del resto se encargaban los hombres y, si constasen firmas de ellas, podrían haber sido falsificadas, ha deslizado Villegas.

Las tres mujeres imitaron en sus declaraciones a la infanta Cristina, que en el 'caso Urdangarín' insistió en que no conocía los negocios del vitoriano. Villegas ha calificado “con todos los respetos” a Bajo de “analfabeta” -al tiempo que ha señalado que lleva 30 años trabajando en una empresa- y ha añadido que a su lado “la infanta era una catedrática y sabía más de lo que decía”. “Su desconocimiento era absoluto y nunca tuvo el mal gusto de decirle a su marido que le hablase de Kataia Consulting después de la jornada de trabajo”, ha zanjado.

Respecto a la acusación de blanqueo de capitales, para Villegas es un absurdo porque habría que probar primero el origen ilícito de los fondos de Kataia Consulting, extremo del que “no hay ninguna prueba”. En el caso de De Miguel, por ejemplo, consta un “préstamo” de la empresa para comprar un Saab valorado en 33.000 euros. Tellería y bajo adquirieron en esas fechas una Fiat Dobló. Según el abogado, la furgoneta se empleó para los trabajos de Zambrana, aunque se trata de un modelo “panorámico y familiar”, según la investigación de la Ertzaintza, y no de la gama de vehículos industriales de la marca italiana. Un perito contratado por De Miguel, Víctor Benedito, dio otra explicación al 'leasing' de este vehículo: que era para transportar libros de cuentas.

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