La crisis catalana ha monopolizado la apertura del año judicial en Euskadi, desarrollada en el el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

(TSJPV), en Bilbao. Las intervenciones del lehendakari Iñigo Urkullu, del presidente del presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, y de la fiscal general, Carmen Adán, han girado sobre la situación en Catalunya. El lehendakari ha advertido de que emplear solo a los tribunales puede “polarizar aún más las posturas”.

Por eso, ha vuelto a reclamar “diálogo con realismo y voluntad de acuerdo para resolver el conflicto político”. “Legalidad, realismo, justicia, legitimidad, democracia deben confluir para lograr un marco de convivencia más justo”, ha añadido. Y ha concluido con que la salida al laberinto se encuentra en el horizonte confederal.

Por su parte, Juan Luis Ibarra ha enfatizado que el menoscabo de la judicatura en Cataluña podría llevar a una situación propia de dictaduras. “La historia de las democracias de Europa enseña que el Estado constitucional de Derecho no resiste el incumplimiento de las resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional y de los tribunales de Justicia, ni el menosprecio a las instituciones garantizadoras del principio de paz jurídica”.

“Si la judicatura en Cataluña fuera menoscabada o impedida en el desempeño de la potestad jurisdiccional, la crisis constitucional se saldaría con la apertura de un espacio en el corazón del Estado de Derecho que, de inmediato, se vería ocupado de nuevo por la arbitrariedad propia de las dictaduras”, ha recalcado.

Juan Luis Ibarra ha defendido que la Constitución “configura el único suelo sobre el que es posible la convivencia”. Por eso ha instado a no caer en “el error” de considerarlos “como grilletes”. “Los jueces en Catalunya están vinculados con las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional de suspensión de las leyes del Procés”.