Garantizar una vivienda digna, un reto del nivel similar al de una sanidad y educación públicas

¿Qué pueden hacer las administraciones públicas para frenar la burbuja del alquiler? ¿Cuál debe ser la política pública en materia de vivienda? ¿Es viable y eficaz imponer precios máximos a los arrendamientos? Estas son algunas de las cuestiones que han tratado este jueves en Bilbao en la jornada “Soluciones al reto de alquiler accesible” que ha reunido en a 300 profesionales en materia de vivienda. A la cita han acudido especialistas a nivel europeo y han repasado experiencias exitosas en la creación de parques públicos de vivienda en alquiler, como las de Viena, Berlín o París.

Y es que, según han señalado estos expertos, en las sociedades del presente y el futuro “no se puede tomar la vivienda como un derecho de segunda. Debe ser un derecho garantizado al mismo nivel que la sanidad o la educación”.

“No se puede dejar de prestar atención a las señales que viene enviando la ciudadanía en materia de vivienda, para que no nos estalle una emergencia social como fue la de los desahucios hipotecarios en el momento más hondo de la crisis económica”, ha advertido el consejero de Medioambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco, Iñaki Arriola.

Ian Brossat, adjunto a la Alcaldía de París en materia de Vivienda y Alojamiento de Urgencia; Alexis Mundt, experto en políticas de vivienda comparada del Instituto de la Construcción y la Vivienda de Viena; Reiner Wild, director general de la Asociación de Inquilinos de Berlín, y Sorcha Edwards, secretaria general de Housing Europa han mostrado cómo son las realidades sobre vivienda en sus países y los modelos que se emplean.

En Viena, por ejemplo, como ha explicado Mundt, los elementos clave son “el 'no' absoluto a la privatización del stock municipal”, “la orientación hacia amplias capas de la sociedad para evitar guetos”, “alquileres a base de costes, en combinación con ayudas directas a hogares con bajos ingresos” y los concursos entre promotores, tanto privados como de utilidad pública. Así, han logrado tener un parque de 980.000 viviendas de las que el 77% son de alquiler (29%, alquiler privado; 24%, municipal; 24%, cooperativas) y el alquiler social supone más de la mitad de las viviendas alquiladas. En París, Brossat, ha señalado que su política de vivienda “tiene dos ejes: más viviendas a precio asequible (con la construcción de 10.000 nuevas al año; 7.000, sociales) y la mejora de la calidad con la  lucha contra la insalubridad y la precariedad energética, en clave sostenible”. Por su parte, Wild ha indicado que, el 55% de los alemanes vive en alquiler. “En las grandes ciudades, el número de inquilinos en alquiler aumenta y se encuentra entre el 70 y el 85%. En Berlín, el 83% de la población. Las asociaciones de inquilinos se fundaron entre 1868 y 1905, en la época de la industrialización”.

Ante estos modelos europeos, Arriola ha querido destacar que el Gobierno vasco está intentando intervenir “directa e indirectamente” sobre el mercado de la vivienda, a fin de mejorar en general la situación residencial de la población, y, en especial, “incrementar las posibilidades de acceso de las personas con mayores dificultades”. Para ello, están impulsando la construcción de nuevas promociones públicas de alquiler y, mientras no se consiga tener la masa crítica necesaria, “rescatando viviendas vacías de particulares a través del programa Bizigune, para que la sociedad pública Alokabide las ponga a disposición de las familias que las necesitan”.

23.000 pisos públicos en alquiler en Euskadi

Arriola también ha apuntado que, según datos del INE de 2017, el mercado del alquiler mueve en Euskadi alrededor de 118.000 viviendas. En esa cifra se incluyen las 14.000 que gestiona el Gobierno vasco a través de Alokabide, las que están en manos de sociedades municipales, principalmente de Bilbao y San Sebastián, con lo que la cifra de pisos públicos en alquiler supera los 23.000.

Un modelo que han alabado expertos como Jaime Palomera, representante del Sindicat de Llogaters (inquilinos) de Barcelona quien ha participado en la mesa redonda sobre posibles vías de intervención en el mercado del alquiler junto con Francisco Javier Martín, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Gobierno de España, Iker San Romá, fundador del grupo Casa Alternativa, Alejandra Mora, directiva de la inmobiliaria Locare, y Mario Yoldi. Para Palomera, en el “modelo vasco” destinan más dinero a vivienda que el Estado en toda España, los promotores destinan entre 40 y 75% a casas protegidas y los fondos buitre, no tienen privilegios. Así, lo ha explicado Yoldi, quien a través de distintos gráficos ha mostrado que Euskadi ocupa la primera posición a nivel estatal en el ranking de viviendas protegidas iniciadas en relación a la población.