Un juzgado de Donostia llama a declarar a 17 imputados por los vertidos de lixiviados desde la planta de Zubieta

La magistrada Silvia Villanueva, titular del juzgado de Instrucción 5 de Donostia, ha citado a declarar a 17 personas en calidad de imputadas o investigadas en el marco de una causa que analiza la posible existencia de un delito contra el medio ambiente por los vertidos desde el denominado CMG-I de Zubieta a la regata Arkaitzerreka. La instructora había acordado estas comparecencias en mayo y no se sustanciarán hasta dentro de unas semanas. En medio, este verano ha habido que prorrogar una causa iniciada originalmente en 2020, cuando después del confinamiento se hallaron peces muertos en la zona y se conoció un primer vertido. La nueva fecha para completar la investigación es el 29 de enero de 2026, según fuentes judiciales.

El escuetísimo auto de la magistrada en el que ordena las declaraciones sostiene que la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, ha entregado informes que apuntan a la presunta comisión de delitos ambientales. Los citados son personas físicas o representantes de personas jurídicas como Ekondakin/Ekobal, la explotadora del recinto, cuya titularidad es del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (un ente foral cuyas siglas en euskera son GHK), o de las firmas Urbaser o Meridian Investments.

La plataforma GuraSOS, que ha venido haciendo un marcaje a la puesta en marcha del CMG-I y, en particular, a la incineradora que incluye, es acusación particular en este procedimiento y se ha felicitado, en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Donostia, por estas imputaciones. Explica que los hechos concretos que motivaron el informe policial se dieron en julio de 2022. Se han acumulado en un mismo procedimiento varios vertidos en Arkaitzerreka.

Según GuraSOS, a la luz de las pruebas presentadas por la UCOMA de la Guardia Civil (una unidad equivalente la UCO pero para delitos verdes), queda acreditado que el CMG-I no tenía “total estanqueidad” y que tuvo un “vertido de lixiviados continuado” que generó un “grave riesgo” para el entorno natural que rodea al complejo de gestión de residuos. Este cuerpo intentó tomar declaración a las 17 personas ahora citadas en el juzgado pero, en su mayoría, se negaron a hacerlo al margen de un requerimiento judicial.

Los lixiviados de Schrödinger

La plataforma ironiza que los de Zubieta son los lixiviados de Schrödinger. Se da la circunstancia de que, hace unos meses, la misma magistrada archivó otra causa con otro informe de la Guardia Civil por el envío de ese material a Navarra, a la planta de Ecofert Sansoain en Artajona, y a Bizkaia, a Sader. La Fiscalía, alertada igualmente por GuraSOS, sostenía en un inicio que se hizo de modo irregular. En ese procedimiento los denunciados eran el presidente de GHK, José Ignacio Asensio, diputado foral de Medio Ambiente y secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, y otros altos cargos. “Al parecer, el mismo lixiviado es delito para un técnico pero no si lo toca un político. No puede ser que sean peligrosos y no peligrosos a la vez”, lanzan.

GuraSOS ha recurrido el archivo de esa otra pieza penal. Está pendiente de resolución y en manos de la Audiencia de Gipuzkoa. Lo llamativo es que la Fiscalía ha pasado de denunciante de las presuntas irregularidades a impugnar en contra la apelación de la otra acusación. Sin embargo, el diputado Asensio ha reaccionado con dureza a las consideraciones de esta entidad y le acusa de “persecución política”. El dirigente socialista, a través de un comunicado, indica que la Guardia Civil (por error alude a la UCO, cuando esta unidad nunca ha participado en el asunto) ya le exoneró. GHK insiste en que “todos y cada uno” de los procedimientos impulsados por GuraSOS han sido “desestimados” por “todos” los tribunales.