La plantilla de CAF para una hora contra el “cinismo” de la empresa, que defiende su contrato en Israel

Los trabajadores de CAF han parado este miércoles durante una hora y se han concentrado ante las plantas de la empresa en Beasain y en Irún para condenar el genocidio en Palestina y denunciar el “cinismo” de la dirección, que defiende su participación en el contrato para la construcción y mantenimiento del tranvía de Jerusalén, que se adentra en territorios ocupados por Israel, y que tiene incluso la reprobación por parte de la ONU, que ha incluido a la empresa vasca en el listado de empresas que contribuyen a la ocupación de territorio palestino. La dirección defiende que este contrato no es contrario a los derechos humanos, y que incluso es beneficioso para los palestinos porque contribuye a su movilidad.

La concentración que han realizado los trabajadores este miércoles se ha llevado a cabo sin lectura de comunicados ni consignas. El pasado lunes sacaron una nota en el que lo dijeron todo. Denunciaron el cinismo de la dirección, a la que acusaron de querer “blanquear su imagen haciendo frente incluso a los argumentos de la propia ONU” y de “asumir las tesis” de Israel. El comité de empresa considera que el comunicado que CAF envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un día antes de que se la incluyera en el listado de empresas que contribuyen a la ocupación, la empresa “rehúye cualquier responsabilidad y obvia de manera totalmente interesada que este tranvía servirá para afianzar la ocupación israelí, con una infraestructura que une colonias ilegales”.

“No es un proyecto más entre tantos, sino que el propio tranvía en sí, es una herramienta de colonización”, subrayan. “La dirección de CAF ha perdido la oportunidad de dar un paso a un lado”, señalan desde el comité de empresa, que lleva reclamando que se salga de este proyecto desde el momento en el que se adjudicó en 2019. “En lugar de asumir responsabilidades e intentar buscar fórmulas para distanciar a la empresa de este proyecto y de Israel, asume la tesis del país ocupante y busca blanquear su imagen haciendo frente incluso a los argumentos de la propia ONU”. “El cinismo de la patronal no tiene límites”.

Los trabajadores recuerdan no obstante que, aunque el foco esté en CAF y esté recogida en la lista de la ONU, “no es un verso suelto ni actúa de manera aislada”, ya que “decenas de empresas en Euskal Herria comercian de manera normalizada con Israel y, tanto las patronales como las instituciones, son responsables de ello”.

Paro general en las empresas vascas el 15 de octubre

La convocatoria que ha realizado el comité este miércoles bajo el lema 'Langileok beti Palestinarekin' (Los trabajadores siempre con Palestina), que figuraba en las pancartas, se ha realizado con vocación de continuidad, aunque de momento, los esfuerzos se van a concentrar en organizar el paro general que han convocado, por un lado, los sindicatos CCOO, LAB, UGT, ESK, Steilas, CGT, Etxalde e Hiru y, por otro lado, ELA, que no se ha querido sumar a la convocatoria conjunta. Precisamente se quiere denunciar que “no es lícito tener relaciones comerciales con quienes cometen genocidio, crímenes de guerra y violan constantemente la legalidad internacional”. Los paros se realizarán de 03.00 a 06.00 horas y de 11.00 a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 a 20.00 horas, por la tarde, con manifestaciones en las tres capitales vascas.

CAF, con sede en Beasain, y en la que el Gobierno vasco posee un 3% del accionariado, defendía en su comunicado a la CNMV su contrato para construir el tranvía de Jerusalén, cuya línea se adentra en territorio ocupado por Israel en Palestina, y que la empresa está “firmemente comprometida con la ética empresarial y el respeto de los Derechos Humanos en todas sus operaciones”. Es más, afirmaba que el proyecto no supone “ninguna vulneración de los Derechos Humanos”, sino que “genera impactos positivos en la población” de Palestina a pesar de los recientes pronunciamientos de la ONU su inclusión en el listado de empresa que contribuyen a la ocupación.

En su primera comunicación pública sobre la polémica alrededor de este contrato, ser “plenamente consciente de las complejas implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al Proyecto de Jerusalén”, pero negaba a la mayor sobre que suponga un atentado contra los derechos humanos. Al contrario, señalaba que “que constituye una infraestructura de servicio público esencial y es catalizador del cumplimiento de Derechos Humanos como la libertad de movimiento, y el acceso al empleo, la atención médica, la educación y los lugares de culto a toda la población, sin distinción, con especial beneficio para las comunidades más vulnerables” y que “los miembros de la comunidad árabe, que constituyen una parte significativa de los usuarios del tranvía, son los que lo utilizan con más frecuencia”.

El proyecto se adjudicó en 2019 al consorcio TransJerusalem J-Net Ltd, formado por el Grupo CAF y la constructora Shapir por un importe de 1.800 millones de euros. El proyecto, desarrollado bajo la modalidad PPP (Proyecto Público Privado) incluye la construcción de 27 nuevos kilómetros de vía, 53 nuevas estaciones y varios depósitos, que engloban tanto la extensión de la actual Línea Roja en 6,8 kilómetros, como la construcción de la nueva Línea Verde que contará con 20,6 kilómetros de recorrido. Así mismo el contrato incluye el diseño y suministro de 114 nuevos tranvías Urbos para la nueva Línea Verde y la rehabilitación de las 46 unidades que actualmente dan servicio en la ya existente Línea Roja, según se explicó hace seis años.

Aunque el lehendakari Pradales consideró en su día que quizá CAF debería hacer una “reflexión ética” sobre su participación en este contrato, a renglón seguido señaló que se respetaría la decisión que tomara la empresa, fuese cual fuese, y se ha defendido públicamente la actuación de CAF. La última vez el pasado viernes en el pleno, en el que el lehendakari aseguró que CAF no contribuye al genocidio. Por su parte, al diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, aseguró este martes que cancelar ese contrato por parte de CAF podría suponer “el cierre de la empresa o llevársela fuera”.