Trabajadores denunciados en conflictos laborales critican la “criminalización de la lucha obrera” del Gobierno vasco
Aintzane Mendia lleva 15 años trabajando en Tubacex, empresa que protagonizó una huelga de 235 días en la que se vivieron intensas protestas que se saldaron con personas denunciadas e imputadas por delitos de desórdenes públicos, daños y atentados contra la autoridad en el marco de las manifestaciones convocadas para denunciar el ERE aplicado por la empresa, que suponía el despido de 129 trabajadores. Entre las personas denunciadas se encuentra Mendia, a la que se le acusa de un delito de atentado contra la autoridad por, supuestamente, haber zarandeado y golpeado en el pecho a un agente antidisturbios de la Ertzaintza en una concentración. En estos momentos, la trabajadora se encuentra a la espera de juicio y la Fiscalía pide para ella una pena de 15 meses de prisión. “Haber sido denunciada, por un lado, supone un orgullo para mí, porque significa que he estado donde tenía que estar para defender mis derechos laborales. Por otro, es muy duro, porque tengo familia, tengo hijos, y explicarles por qué a su madre le quieren llevar a la cárcel es duro”, lamenta.
Sobre los hechos, Mendia explica que es “difícil de entender” cómo han podido denunciarla, siendo una mujer delgada y menuda, por haber atacado a un hombre que en aquel momento portaba casco y escudo, materiales que utiliza la unidad antidisturbios de la Ertzaintza durante las manifestaciones. “Él llevaba un escudo enorme. Lo que hemos notado al analizar los vídeos es que querían crear conflicto para tacharnos de conflictivos a los trabajadores. Por eso, querían una víctima. Entre los que estábamos allí lo más fácil ir a por a una mujer que no tuviera mucho peso y que estuviera a mano y por eso me tocó a mí”, señala a este periódico.
Haber sido denunciada supone un orgullo para mí, pero explicar a mis hijos por qué a su madre le quieren llevar a la cárcel es duro
La detención de Mendia se produjo el 17 de junio, en una concentración convocada por el comité de empresa de Tubacex frente a los juzgados de Amurrio, donde tres personas iban a declarar por haber participado en piquetes durante la huelga. En la protesta, según la Ertzaintza, se solicitó a los manifestantes que despejaran la zona de en frente del edificio del Juzgado y ante la negativa, decidieron cargar contra los manifestantes. Fue entonces cuando la trabajadora fue detenida.
Zigor Azpiolea lleva 6 años trabajando en PCB-ITP, empresa que también planteó un ERE que suscitó una huelga y protestas entre tus trabajadores. Al igual que en el caso de Tubacex, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anuló los despidos en mayo del año pasado y obligó a readmitir a 87 empleados. Sin embargo, los trabajadores, entre ellos, Azpiolea, siguen recibiendo a día de hoy denuncias de supuestos ataques ocurridos durante los meses que tuvieron lugar las protestas.
“Estábamos realizando una lucha contra un despido colectivo planteado por la empresa, que no tuvo ni la más mínima voluntad de negociarlo ni de entrar a términos razonables habiendo medidas de flexibilidad que podían evitarlo y que además el TSJPV declaró nulo. Es una irresponsabilidad producto también de la impunidad con la que actúan. Se me acusa de un delito de daños contra uno de los autobuses que entraba a los puestos de trabajo en el contexto de la huelga que fue declarada por la plantilla. Me ha denunciado la Ertzaintza y la dirección de la empresa. La jueza, después de tomar varios testimonios, decidió dar el caso por sobreseído porque no encontraba causas para celebrar un juicio, pero desafortunadamente la empresa ha decidido recurrir la causa”, explica Azpiolea, que en este momento se encuentra a la espera de que la jueza analice el recurso presentado por la empresa y tome la decisión de aplicarle alguna pena o no.
Para Azpiolea, al igual que para Mendia, recibir las denuncias ha sido duro, sobre todo por su familia. El trabajador asegura que “lo único que hicieron fue denunciar una situación injusta y defender los puestos de trabajo” y que, a raíz de lo ocurrido, se ha llegado a sentir “desamparado” por parte de las instituciones. “Cuando las instituciones realizan declaraciones en conflictos laborales siempre se ponen del lado de la patronal. Aun así siempre he tenido presente que la lucha y la dignidad que llevamos adelante han merecido la pena y en ese sentido no van a poder frenarnos”, indica.
Me siento desamparado porque en los conflictos laborales las instituciones siempre se ponen del lado de la patronal
La tensión en las protestas de PCB-ITP cuando los trabajadores que no secundaban la huelga entraban a las plantas en autobús era latente. A raíz de su actuación durante las protestas de PCB-ITP la Ertzaintza abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido el pasado febrero, cuando el secretario general de la Federación de Industria de CC.OO. Javi Gómez, sufrió una fractura del tabique nasal, además de golpes en el brazo, las piernas y la entrepierna. En aquel momento, el lehendakari, Iñigo Urkullu, telefoneó al secretario general de la central, Unai Sordo, para desear al herido una pronta recuperación, mientras que el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, se puso en contacto con la secretaria general de CC.OO. de Euskadi, Loli García, para interesarse por la salud de Gómez y desearle una pronta recuperación.
Actualmente, hay 21 personas denunciadas por protestas laborales en Euskadi tras conflictos como el del metal de Bizkaia, el de PCB-ITP, el de Tubacex o el de Petronor. La cifra de denunciados ha llegado a ascender a 30 y, por el momento hay 9 personas imputadas, algunas de ellas con fecha de juicio y peticiones de cárcel que van desde los 15 meses hasta los 3 años. El próximo juicio se celebrará el 25 de enero en la Audiencia Provincial de Bizkaia contra tres trabajadores. A dos de ellos les piden 2 años de cárcel y a un tercero 3 años por desórdenes públicos y daños.
Con el objetivo de denunciar estos hechos, una veintena de trabajadores de las empresas afectadas por conflictos laborales se han concentrado este jueves frente a la sede del Gobierno vasco en Bilbao. Los trabajadores, han denunciado que “en todos los conflictos hay imágenes de trabajadores contusionados por la violenta actuación de la Ertzaintza”. Tres de ellos han denunciado al cuerpo vasco de policía por dichas actuaciones y las lesiones causadas por agentes durante las manifestaciones.
“Estas actuaciones lo que esconden es un intento de criminalizar la lucha de la clase trabajadora, el sindicalismo y el derecho a huelga. En definitiva, criminalizar cualquier intento de lucha en defensa de unas condiciones de trabajo y de vida dignas. Este intento de criminalización no es casual, es consecuencia de una decisión política. Esta decisión ha venido de la mano de las instituciones, especialmente del Gobierno vasco”, han denunciado los trabajadores del metal de Bizkaia, PCB, Tubacex y Petronor y los sindicatos CCOO, LAB, ESK y CNT en un comunicado.
En todos los conflictos la primera aportación del Gobierno vasco ha sido mandar a la Ertzaintza a reprimir protestas
Durante la concentración, también han anunciado que las personas que han sido imputadas y denunciadas solicitarán una reunión con el Departamento de Trabajo y Empleo y el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco “para exigirles que dejen de criminalizar la lucha obrera, resitúen su posición con respecto a las luchas de los trabajadores y dejen sin efecto las multas y denuncias interpuestas”.
“En todos los conflictos la primera aportación del Gobierno vasco ha sido mandar a la Ertzaintza a reprimir protestas, apaleando, deteniendo bajo falsas acusaciones y aplicando la ley Mordaza a numerosos trabajadores. El Gobierno vasco debería priorizar el tener una mayor aportación e implicación para que en las mesas de negociación haya un equilibrio real entre ambas partes. La lucha sindical nunca puede ser un delito”, han señalado para después anunciar que realizarán una serie de movilizaciones para lograr su cometido, la primera de ellas tendrá lugar el próximo 25 de enero -día del juicio de los trabajadores acusados de desórdenes públicos y daños- a las 12:30 frente a la Audiencia Provincial de Bizkaia, en Bilbao.
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