Urkullu se suma a las voces que piden el final del bloqueo en el Poder Judicial, que afecta a nombramientos en Euskadi

Urkullu, en el centro, con Subijana y otras autoridades este lunes en Bilbao

El lehendakari, Iñigo Urkullu, en su parlamento durante la apertura del año judicial en Euskadi, ha apelado a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España y, por ende, de los cargos de la judicatura vasca pendientes de ser ocupados, tales como las presidencias de las Audiencias Provinciales de Álava y de Gipuzkoa o algunas salas del Tribunal Superior de Justicia como la de lo contencioso-administrativo, presidida en funciones por el magistrado Luis Garrido. Urkullu no ha ido más allá en sus reflexiones sobre esta sala, que ha tumbado una decena de medidas aplicadas durante la pandemia por su gabinete para combatir la COVID-19, la última hace solamente unos días. Esto aboca a que el Ejecutivo esté recibiendo cientos de reclamaciones del sector de la hostelería solicitando indemnizaciones económicas.

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“Esta situación supone un riesgo cierto de descrédito del poder judicial -ha manifestado sobre el bloqueo de un órgano representado en el acto por el vocal propuesto por el PNV, Enrique Lucas- aun cuando no se haya deteriorado la percepción de independencia de los jueces y magistrados. La gravedad de esta situación ha suscitado, incluso, la intervención de instancias europeas. Es inconcebible que se pueda seguir manteniendo más tiempo. Hoy es un buen día para hacer un llamamiento a que prime el bien común sobre intereses partidistas, corporativos o asociativos de forma que pueda cerrarse definitivamente esta crisis institucional. Reitero lo dicho hace un año [en el mismo acto]: cumplir la ley no es opcional, es de justicia”. Urkullu ha lamentado también que la “crisis institucional” ha quedado “extendida ahora al Tribunal Constitucional, que ni siquiera es parte del poder judicial”. No lo ha mencionado, pero en el pasado el Gobierno vasco ha mostrado su preocupación porque este órgano es el árbitro para resolver conflictos competenciales entre la comunidad autónoma y el Estado.

Se ha referido, asimismo, a que “se cumple un año de la asunción por Euskadi de la competencia penitenciaria, íntimamente relacionada con los tribunales de Justicia”. “En estos doce meses, además de gestionar una transición en sí misma muy compleja, hemos comenzado a asentar las bases del modelo penitenciario para Euskadi. Es un modelo que aspira a humanizar las prisiones, basado en la responsabilidad pública y la cooperación social. Es un modelo que cree en el potencial resocializador del cumplimiento de penas en la comunidad e incorpora la perspectiva de las víctimas a través de la justicia restaurativa. Este modelo concita un amplio consenso, no sólo institucional y parlamentario, también en nuestro entorno jurídico, judicial y social. Considero que esta es su mayor fortaleza y comprometo seguir alimentándola a través de un diálogo institucional permanente”, ha explicado Urkullu a los presentes.

El lehendakari ha dedicado la segunda parte de su alocución a realizar un descargo de la gestión del Gobierno vasco en materia de Justicia. Aunque jueces y fiscales son un cuerpo nacional, la Administración autonómica gestiona edificios, funcionarios y medios materiales del poder judicial. “Hemos aprobado el plan estratégico de Justicia para Euskadi 2022-2028 que se va a presentar en esta sede judicial”, ha afirmado sobre un documento que será publicitado este miércoles. Y ha añadido: “Es un plan que suma, porque es fruto del diálogo y el entendimiento entre todos a quienes incumbe la Justicia. Es un plan coral con muchas aportaciones: judicatura, Fiscalía, letrados de Administración de Justicia, Instituto Vasco de Medicina Legal, personas de los cuerpos de la Administración de Justicia, servicios del Gobierno vasco, abogacía, procuradores o graduados sociales, entre otros grupos de interés. Es un plan que parte de la escucha activa de representantes de la ciudadanía, de las víctimas y colectivos vulnerables, de representantes institucionales, sociales y otros agentes. Este plan tiene por objeto seguir avanzando en la universalización del acceso a la justicia, en especial de las personas más vulnerables. Compartimos esta prioridad. Por ello el plan atiende a estos colectivos, a los medios complementarios de resolución de conflictos, la justicia restaurativa, así como la consolidación de los servicios de atención a la víctima”.

Pero también ha hablado de la digitalización del poder judicial: “Nos corresponde seguir avanzando en la digitalización de la justicia, en el despliegue de Avantius, para garantizar una justicia más ágil. El pasado mes de febrero aprobamos el plan de justicia digital, que da continuidad a los trabajos de implantación del expediente judicial electrónico. Hoy, el nuevo expediente electrónico, está ya implantado en toda la jurisdicción contencioso-administrativa y, esta misma semana, estará implantado en toda la jurisdicción social. Nuestro objetivo es culminar la implantación completa en todas las jurisdicciones el primer trimestre del próximo año”.

La Fiscalía alerta del fraude en las subvenciones

Antes de Urkullu ha tomado la palabra el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, que ha realizado el saludo también en euskera y, después, ha recordado a los fallecidos María Victoria Cinto, Manuel María Zorrilla y Francisco Javier Frauca. Él también ha mencionado el “espíritu colaborativo” del nuevo plan. “Es un reto de envergadura, sin duda, pero nos sentimos preparados para transitar este ambicioso camino. Agradezco en especial al lehendakari su asistencia a este acto y les traslado que, con la colaboración de todos ustedes, comenzamos la andadura para la consecución del objetivo de la mejora de la accesibilidad del sistema de Justicia”, ha apuntado Subijana.

El magistrado ha defendido igualmente la “implantación del modelo de Justicia restaurativa que complemente el adversarial”. Residan donde residan las víctimas, habrá que tomar las “medidas necesarias” para dotarles de la “posibilidad real” de acceder a este modelo. Por ello, ha prometido justicia restaurativa en “todos” los partidos judiciales y que jueces, fiscales, abogados y otros operadores jurídicos se están formando para aplicar “criterios homogéneos”. Finalmente, ha pedido no orillar los “ajustes procesales” requeridos para garantizar la “tutela judicial de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos”. “Accesibilidad” ha sido, probablemente, la palabra más repetida en la intervención de Subijana, que accedió al cargo tras dos mandatos de Juan Luis Ibarra y antes de que los nombramientos del CGPJ en funciones quedaran paralizados.

Subijana ha enfatizado que, asimismo, “en términos generales se ha solventado la situación creada por la suspensión de actuaciones judiciales acordada en el primer decreto de estado de alarma por la pandemia sanitaria, al resolverse los asuntos en su momento aplazados. No obstante, ha apelado a la eficacia de la Justicia en sentido amplio más allá de los ”parámetros de lo que resulta invisible para una pupila estrictamente productivista“. ”Hago mención con ello a 'inputs' tan importantes para la Justicia como la articulación del juicio como un espacio de comunicación donde predomine la escucha activa [...]. Es preciso complementarlo con el valor comunitario que supone la consecución del objetivo de impartir Justicia“, ha apostillado. También ha apelado a amabilizar la Administración de Justicia, particularmente para víctimas menores de edad y de delitos como los abusos sexuales.

En cuanto a la fiscal superior vasca, Carmen Adán, ha lamentado las dificultades para investigar delitos asociados a la corrupción. Además, ha señalado que existe un problema de fraude en las subvenciones y ha confiado en que el maná en forma de fondos europeos Next Generation EU no agrave este problema. “Reconocemos la enorme importancia de las subvenciones y las ayudas públicas, pero constatamos que hay fraudes que se denuncian cuando ya han prescrito. No han funcionado los sistemas de control en muchos casos y confiamos en la mejora de los sistemas de control con la esperanza de que en la gestión de fondos europeos no se produzcan estos problemas”, ha apuntado Adán, igualmente preocupada por los “preocupantes” incrementos de delitos como las lesiones o agresiones sexuales con “víctimas menores de 16 años”. “Nuestro deseo es que el próximo año no tengamos que señalar que seguimos recogiendo casos denunciados por instituciones y terceros porque las víctimas no quieren denunciar”, ha abundado.

La apertura del año judicial ha tenido lugar en Bilbao, en la sede del Superior y ya con plena normalidad tras las restricciones por la COVID-19. El acto ha estado acompañado por un coro que ha interpretado canciones incluso de Benito Lertxundi o Joan Manel Serrat muy aplaudidos. Junto a la plana mayor de la judicatura vasca y al lehendakari han asistido el vicelehendakari, Josu Erkoreka, la consejera del ramo, Beatriz Artolazabal, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, el delegado del Gobierno de España, Denis Itxaso, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, su homóloga de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, y mandos de la Ertzaintza, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas.

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