Las diputaciones provinciales, consejos insulares y cabildos de España piden en Cáceres gestionar el 15 por ciento de los fondos europeos

La Comisión de diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares de la FEMP ha reclamado este lunes poder gestionar el 15 por ciento de los fondos europeos del nuevo marco comunitario 2021-2027 que lleguen a España y las comunidades autónomas, una cogobernaza que, para las diputaciones gobernadas por el PP, es “prácticamente inexistente”.

Con la presencia de cerca del 80 por ciento de los presidentes de las diputaciones provinciales, la comisión ha mantenido hoy en Cáceres su reunión periódica de cada cuatro meses, penúltima de la legislatura, y por primera vez en Extremadura.

En ella se han tratado asuntos como la participación de los gobiernos intermedios en la gestión de los fondos europeos, junto con la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, a la que se ha reclamado mayor presencia de estas administraciones “para que lleguen al último rincón de los territorios”, ha expuesto en rueda de prensa el presidente de la comisión y de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes.

“No solo queremos gestionar el 15 por ciento de los fondos europeos que llegan al Gobierno de España, también el 15 por ciento de las comunidades autónomas, que en muchos casos son gobiernos regionales que son incapaces de gestionar los recursos que les llegan. Queremos colaborar en esa gestión”, ha expuesto.

De esta forma, ha ofrecido a las diputaciones como “instrumento” pues “no es fácil gestionar los 140.000 millones de los Next Generation ni el nuevo marco comunitario, va a ser mucho dinero”.

Todo ello tras un periodo, el que está a punto de finalizar, en el que no hubo “oportunidad” para estas administraciones de participar en estos fondos, pero sí en el anterior “y demostramos capacidad de gestión y cofinanciación”, ha recalcado Reyes.

Otros de los asuntos tratados en la reunión ha sido la ciberseguridad en los 8.131 municipios de España, la mayoría sin capacidad de establecer sistemas para ello, por lo que también se ha reivindicado el papel de las diputaciones en este sentido.

Asimismo, las diputaciones gobernadas por el PP han pedido una solución legal frente al “riesgo de parálisis de la economía” si el Gobierno central no aclara el mecanismo de revisión de precios de la obra pública ante el aumento de costes de materiales, combustibles fósiles y energía eléctrica.

“Sin una solución legal, adecuada y pronta, muchas empresas del sector van a quedarse en una situación de máxima vulnerabilidad y se van a destruir muchos empleos”, ha apuntado el presidente de la Diputación de Ávila, el popular Carlos García.

Por otro lado, la cita en Cáceres ha servido para reconocer la figura de la presidenta cacereña Rosario Cordero, fallecida en diciembre de 2020, en cuanto a su lucha contra la despoblación, siendo la primera, ha expresado su sucesor Carlos Carlos, en poner este asunto en la agenda política.

Finalmente, se ha acordado que la próxima Comisión de diputaciones se celebre en Ourense en febrero