El Ayuntamiento de A Coruña desaloja a la fuerza a una familia para equipar una urbanización

Superado por la enorme presión de la policía, de la comisión judicial y del Ayuntamiento, Álvaro Corral decidió sobre las 13.30 horas abandonar voluntariamente la casa y el terreno donde vivió toda su vida junto a su madre y sus dos hijos. Lo hizo entre lágrimas, emocionado y acompañado de varios activistas de Stop Desahucios y de ciudadanos que trataron de impedir este desalojo forzoso en San Vicente de Elviña, núcleo rural a la entrada de A Coruña, destinado a dotar de servicios a la futura urbanización del parque Ofimático. Varias personas se encadenaron a la casa y antes trataron de bloquear la entrada al inmueble desde pasadas las 5 de la madrugada, mientras que otros tres -entre ellos el bombero Roberto Rivas, el mismo que se había negado la desahuciar a una anciana hace año y medio en la misma ciudad- permanecieron varias horas subidos al tejado para impedir los trabajos de unas excavadoras que incluso habían empezado su labor con periodistas y manifestantes al lado de los muros.

Más de una docena de furgones policiales, máis de treinta antidisturbios y varios policías locales conformaban el enorme dispositivo de seguridad que acordonaba no sólo la casa amenazada por el derrumbe, sino también buena parte del lugar de San Vicente de Elviña, lo que provocó importantes retenciones de tráfico en la ciudad y molestias para los vecinos, muchos de ellos concentrados desde la madrugada ante la casa de Isabel, de 72 años, y de su hijo Álvaro. Junto a ellos, más de un ciento de ciudadanos que intentaban impedir el desalojo, lo que provocó ya muy temprano los primeros disturbios y cargas policiales que dejaron dos heridos, un hombre con un corte en la cabeza y otra mujer con un esguince. Eran varias de las veinte personas que se encontraban en el interior de la vivienda cuando los policías procedieron a desalojarla.

Pero no todos pudieron ser expulsados del inmueble. Álvaro y su hijo permanecieron junto a su abogado en el interior, mientras que miembros de Stop Desahucios -el bombero multado después de su negativa a desalojar a Aurelia Rey entre ellos- subieron al tejado y bloquearon la entrada al desván y a la parte superior imposibilitando el acceso de la policía local, que fue quien lideró el dispositivo. Fue entonces cuando los agentes requirieron la presencia de los bomberos para poder acceder con una escalera al tejado, pero el parque de A Coruña se negó en pleno a colaborar en el desahucio y en el desalojo de las tres personas, entre ellos uno de sus compañeros.

Fueron muchas horas de tensión, insultos y proclamas en una zona en la que cada vez se iban acumulando más vecinos y ciudadanos que intentaban impedir un desalojo que parecía inevitable. Al tiempo que sonaban las bocinas de muchos coches que animaban desde la carretera, las campanas de la parroquia repicaron también con fuerza en varios momentos desde bien temprano. Era el aviso a los vecinos para que acudieran a ayudar a uno de los suyos en un lugar, San Vicente de Elviña, que es una de las pocas aldeas rurales que queda en la ciudad y que presume de una unión y compañerismo de los que nos quedan. Ni siquiera uno de los que había sido ilustre vecino, el escritor y periodista Manuel Rivas, quiso dejar de apoyar. “Es muy significativo lo de las campanas porque aquí siempre hubo un sentido de comunidad muy grande y siempre fue un lugar de resistencia y coraje”, dijo quien acudió también a “presenciar cómo se significa la desigualdad y la injusticia”.

El diputado de AGE Antón Sánchez, el portavoz municipal de IU, César Santiso, y el portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Xosé Manuel Carril, también estuvieron presentes y este último incluso pernoctó con varios de los concentrados en la casa amenazada y fue uno de los últimos en ser desalojado junto al resto de los activistas. Mientras, fuera los vecinos repartían café entre los manifestantes que aguantaban el frío desde las 5.30 de la madrugada y juntos chillaban contra el alcalde, Carlos Negreira, contra la especulación, a favor de la resistencia y prometiendo que “Elviña será el próximo Gamonal”.

Tras cuatro horas en la parte superior de la vivienda, y después de que la policía local tuviera que recurrir a una grúa privada, los activistas de Stop Desahucios negociaron con los agentes en el mismo tejado hasta que el propietario Álvaro Corral, superado por la presión del Ayuntamiento y de un despliegue policial que mantenía aislada su casa y a varios vecinos, decidió abandonar voluntariamente la vivienda. No sin que antes varios antidisturbios impidieran la entrada de los periodistas a un terreno privado que había sido cedido para que pudieran cubrir el desalojo o de que una de las personas que había subido a la parte superior acabara hiriéndose levemente.

Entre lágrimas, aplausos y abrazos, Álvaro no pudo -ni quiso- hacer declaraciones. Sí su abogado, Antonio Vázquez, que recordó que el desalojo es “una iniciativa en exclusiva del Ayuntamiento de A Coruña” y tras destacar que era “la primera vez” que veía actuar de esa manera “una unidad de antidisturbios de la policía local”. “La policía nacional sólo estuvo de apoyo aquí”, dijo sobre una actuación que, en las protestas de la noche anterior, se saldaron con un detenido que pasó ya a disposición judicial. “Salimos voluntariamente porque esto es una resistencia pacífica y no queremos justificar su violencia”, añadió. Mientras, el alcalde Carlos Negreira advertía de que tan sólo se estaba cumpliendo “una resolución judicial” que llegó tras una reclamación del propio Ayuntamiento.

Con las excavadoras al pie de la casa y trabajando en derribar ya parte del exterior, sólo quedaba esperar para que Álvaro e Isabel perdiesen su casa definitivamente. Será fruto de una expropiación forzosa que los obligó a cambiar su propiedad por otra con cargas y que no incluye vivienda. Una expulsión obligada para una urbanización de más de 2.000 viviendas promovida por la Xunta y que lleva veinte años con problemas, cambios y numerosas denuncias judiciales.

Ni esta familia afectada inminentemente ni el resto de los vecinos con amenaza de desalojo vieron aún ni un euro de la indemnización de la Xunta. Unos 200.000 en el caso Álvaro e Isabel por la casa y la huerta donde vivían. El dinero fue retenido por el Ayuntamiento para cubrir los gastos de urbanización del Ofimático y el terreno que les otorgaron en compensación cerca de la nueva urbanización de nada les sirve porque dicen que ni tienen capacidad económica para construir nada ni promotor que se lo compre.

Su propuesta era la desafección, ya que, tal y como recuerdan y según las previsiones, la vivienda de Álvaro e Isabel será derribada para construir un puente “que quedará truncado a ocho metros de altura, suspendido en el aire” porque “aún no está previsto donde acabará”. A pesar de estar pendientes del resultado de un recurso ante la justicia, el desalojo se consumó ante el temor del Ayuntamiento a que se retrasara hasta después del día 1 de diciembre, fecha a partir de la cual se debería comenzar con un nuevo proceso.

Ellos son una de las cinco familias afectadas de Elviña por la amenaza de desalojo, pero hay más también en otras áreas que cubre el Ofimático. La pregunta que se hacen en Stop Desahucios y entre los vecinos y buena parte de la ciudadanía es si hay razones para ejecutar un parque de viviendas con un costo de ejecución y social tan grande y con lo que supone para el núcleo de San Vicente en una ciudad con casi 20.000 viviendas vacías. Además, tal y como recuerdan, el plan no ofrece alternativas para los vecinos afectados, a pesar de que sí fue modificado en beneficio de Adif o de la propia Xunta de Galicia. Para Álvaro e Isabel, eso poco importa ahora ya. “Para unos pocos jubilados que quedamos aquí, esto es lo que nos hacen; es una vergüenza. Ahora tendrán que volver a empezar su vida, pero ya no es lo mismo”, relataban los vecinos que, con la cabeza baja, volvían a sus casas, algunas de ellas también amenazadas.