Los Franco tendrán que abrir al público cuatro días al mes la Casa Cornide de A Coruña, declarada bien de interés cultural

El decreto por el que la Xunta declara bien de interés cultural (BIC) la Casa Cornide de A Coruña, en manos de la familia Franco, ya está oficializado. El Diario Oficial de Galicia (DOG) de este viernes recoge el documento. Con esta figura de protección los descendientes del dictador están no solo obligados a preservar el inmueble, un palacete del siglo XVIII situado en la zona vieja de la ciudad, sino también a abrirlo al público cuatro días al mes por un tiempo de al menos cuatro horas y con anuncio previo de en qué jornadas lo harán.

Este es un paso más para ganar acceso público al patrimonio acumulado por el propio Franco, legado a sus herederos. El Ayuntamiento de A Coruña anunció su intención de recurrir a la vía judicial para que el edificio pase a manos públicas, siguiendo la senda del Pazo de Meirás, en Sada, pero ese proceso no se ha iniciado todavía. Hace dos años, el Gobierno gallego arrancó los trámites para declararlo BIC y establecer ciertas protecciones sobre el inmueble. El expediente se completó casi en el límite máximo para ello y después de varios intentos de los descendientes de Franco de venderlo.

El decreto describe el palacete como “una noble edificación de estilo tardobarroco, cosmopolita y afrancesado, sin apenas precedentes en Galicia”. Perteneció al polígrafo José Cornide, nacido en 1734 y luego fue cambiando de manos en las sucesivas herencias. En 1949 su entonces propietaria, Carmen Vázquez Pardo, se la vendió al Ministerio de Educación Nacional, y este hizo en 1960 una permuta con el Ayuntamiento de A Coruña, al que entregó el edificio a cambio de otro terreno en la ciudad. La operación la impulsó el alcalde de aquel momento, Alfonso Molina, con la intención de buscar un alojamiento que atrajese a los Franco a la ciudad. Su sucesor, Sergio Peñamaría de Llano, culminó el plan: la propiedad salió a subasta pública en 1962 y la adquirió Pedro Barrié de la Maza, banquero, conde de Fenosa y uno de los promotores de la comisión que había puesto en manos del dictador el Pazo de Meirás. Barrié de la Maza se la vendió inmediatamente a Carmen Polo, la esposa de Franco, por un precio trece veces menor al que él mismo había pagado: 25.000 pesetas frente a 305.000.

Según el texto publicado en el DOG, los Franco rehabilitaron la propiedad para recuperar el uso residencial. Entre los objetos que se encuentran en la actualidad en el palacete no hay, según el decreto, “ningún bien mueble que se pueda vincular con el inmueble” que se declara BIC. Los cambios de propietarios y usos, dice, “propiciaron la probable desaparición de pertenencias que estuvieron relacionadas con sus moradores originarios, la familia Cornide”.

Con la protección que afecta ahora al edificio, cualquier intervención debe recibir la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta. Además, los descendientes de Franco están obligados a permitir el acceso a inspectores, investigadores y personal técnico de la administración y a abrir el inmueble para visitas públicas gratuitas. La ley indica que, si no se cumplen las obligaciones de conservación, podrá ser expropiado. Tras la declaración como BIC del Pazo de Meirás, los herederos incumplieron cuestiones como la apertura al público y la Xunta les impuso una sanción en 2017 por este motivo.