Marina Castaño niega malversación en la Fundación Cela y alega que quiso dejársela “saneada” a la Xunta
La viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, y el ex-conselleiro de la Xunta Dositeo Rodríguez se sientan estos días en el banquillo de los acusados por el caso de la Fundación Cela. Responden ante el tribunal de un presunto delito de malversación de caudales públicos por, según indicaba el auto judicial, simular el despido del gerente de la entidad y acordar una indemnización de 150.000 euros brutos a pesar de que su intención era precisamente dejar su puesto.
Junto a ellos dos se sientan también en los juzgados de Santiago la hija del ex-conselleiro en gobiernos de Manuel Fraga, Covadonga Rodríguez, actual vicepresidenta del patronato de la fundación pública, y Tomás Cavanna, el que fuera director de la entidad y presunto beneficiado de un despido simulado y orquestado por todos ellos justo cuando la Xunta iba a asumir el control de la institución y prescindir de quien había sido señalado por Camilo José Cela como máximo dirigente. Todos ellos, en la primera sesión del juicio, negaron pacto alguno y echaron balones fuera, incluso señalando al Gobierno gallego por haber avalado aquella indemnización.
“Marina insistió obstinadamente en que le quería dar mucho más de los 90.000 euros y pico que le correspondían como liquidación por el finiquito”, explicó a las puertas de los juzgados Lola Ramos, vecina de Iria Flavia (Padrón) que denunció el caso y que declarará este martes. Según ella, la viuda del escritor dejó claro incluso en correos electrónicos que quiso “contribuir con este exceso de dinero con Cavanna” porque a la que había sido mujer del Nobel de Literatura “siempre le quitó las castañas del fuego”.
Las defensas solicitaron en esta primera jornada del juicio a nulidad de la prueba principal, un registro de la UDEF en la institución, y alegaron que sus clientes no pueden ser juzgados por malversación de fondos públicos al considerar que la Fundación no era pública en el momento de los hechos. Marina Castaño, por su parte, negó malversación y argumentó su “intención” de entregar la entidad a la Xunta con un “saneamiento importante” ante los problemas económicos. Además, señaló los “contables” y el patronato de la Fundación respecto de la indemnización fijada a Cavanna y manifestó que ella pidió que se había hecho “de acuerdo a la ley” . Incluso aseguró que tuvo que “anticipar dinero” para “pagar nóminas” pero, del resto de detalles, insistió en aclarar que no los recordaba.
Dositeo Rodríguez, por su parte, advirtió de que fue la propia Xunta quien aceptó aquel despido y su indemnización e incluso que la marcha de Cavanna era una de las condiciones para rescatar la entidad, y que recibió el dinero que le correspondían por 32 días por año trabajado. Su abogado, en declaraciones a la Cadena SER, esgrimió en su defensa que, de haber algo irregular, el Gobierno gallego se hubiese presentado como acusación.
El fiscal, Álvaro García Ortiz, pide para todos ellos cuatro años y medio de cárcel, además de ocho de inhabilitación absoluta por unos hechos presuntamente cometidos en 2010, cuando la Xunta decidió hacerse cargo de la entidad. En el auto de junio de 2017, donde se declara la apertura de juicio oral, el juzgado insiste en que hay pruebas suficientes de que los cuatro participaron en la presunta negociación ilegal para que Cavanna dejase voluntariamente su cargo pero que la Fundación lo indemnizase igualmente como si fuera un despido con 150.000 euros, cantidad que la Fiscalía pide que sea reintegrada por los cuatro acusados.
Malversación de caudales públicos
La jueza, tal y como le había ratificado la Audiencia Provincial anteriormente, consideró que se produjo una malversación de caudales públicos y advirtió que desde el año 2007 más del 50% de los ingresos de la Fundación provenían de subvenciones públicas y que en 2010, cuando Tomás Cavanna dejó la Fundación con una indemnización de 150.000 euros, la entidad ya tenía la consideración oficial de Fundación Pública Gallega.
Por tanto, considera que los acusados eran funcionarios públicos a efectos penitenciarios al llevar a cabo funciones en una fundación del sector público y que el dinero implicado en la investigación eran caudales públicos, por lo que considera justificado abrir juicio ya contra ellos, que finalmente no serán juzgados por un jurado popular como se indicó en un principio.
La Consellería de Cultura había avalado que la Fundación Cela pagase en 2010 con dinero público esta indemnización de 150.000 euros a Tomás Cavanana. El monto de ese despido “simulado”, como lo calificaba la Audiencia Provincial de A Coruña, fue comunicado, según el relato del tribunal, por Dositeo Rodríguez, que había sido conselleiro de Manuel Fraga durante una década y patrón de la fundación, al entonces secretario xeral de Cultura, Antonio Fernández-Campa, y al entonces secretario xeral de Presidencia, Valeriano Martínez, hoy conselleiro de Hacienda. En el mismo auto la Audiencia de A Coruña indica que posteriormente Cultura incrementó su aportación a la fundación para sufragar ex post aquella indemnización.
Posteriormente, la Xunta rescató la Fundación Cela en plena ola de recortes. Mientras los presupuestos culturales cayeron a plomo durante los peores años de la crisis, tan sólo una partida mantenía una aportación económica idéntica durante varios ejercicios y a pesar de los recortes en otros ámbitos. Al margen de esto, la institución había sido nacionalizada por el Ejecutivo gallego en abril de 2012 tras años de degradación y mala gestión económica, agudizada tras la muerte de su fundador en 2002, año desde que asumió el control de la entidad la viuda del Nobel, Marina Castaño.
Unos meses antes, en enero de ese 2012, el juzgado de Padrón había abierto ya la investigación después de que la Fiscalía de Santiago presentase seis meses atrás una denuncia contra Marina Castaño y Cavanna. El fiscal, con el apoyo de la Agencia Tributaria, llevaba meses investigando las actividades económicas dentro de la fundación de la viuda del escritor y del gerente que ella y Camilo José Cela habían traído de la empresa Ford. Después de medio año de pesquisas, se concluyó que había pruebas suficientes como para presentar una demanda por estafa, apropiación indebida, fraude fiscal y malversación de caudales públicos. En octubre de ese 2012, la policía fiscal y la Guardia Civil registraron la sede de la institución y se llevaron abundante documentación contable y correos electrónicos.
Todo había partido de la denuncia inicial de Lola Ramos, vecina de Iria Flavia (Padrón), que intentó sacar a la luz todas las presuntas irregularidades que Marina Castaño llevaba cometiendo desde hacía años. Toda la documentación que aportó, mucha de ella conseguida a través de envíos anónimos de personas que conocían lo que se cocía en la fundación, fue puesta en conocimiento de partidos y figuras políticas y administraciones. En ella se advertía de la presunta creación de sociedades interpuestas para aprovechar subvenciones y obtener millonarias devoluciones de IVA que correspondían a la entidad por ser una institución sin ánimo de lucro.
