La Xunta no actuará contra el presidente de la Federación Galega de Fútbol pese a haber sido condenado por prevaricación y fraude

El histórico dirigente del Partido Popular Rafael Louzán podrá seguir al frente de la Federación Galega de Fútbol pese a haber sido condenado a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por delitos de prevaricación y fraude. El Gobierno gallego asegura en conversación con elDiario.es que carece de competencias para inhabilitar al dirigente deportivo, ya que la Lei Galega do Deporte solo permite a la Xunta impulsar una inhabilitación “cuando las faltas cometidas tengan relación directa con hechos cometidos en el ámbito deportivo”. Por no tener, la Xunta ni siquiera tiene opinión sobre el hecho de que el fútbol gallego esté ahora en manos de un dirigente condenado. Preguntado por esta redacción, el secretario general para o Deporte de la Xunta, José Ramón Lete, elude realizar comentarios al respecto.

Pese a no ser un funcionario público, el presidente de la Federación Galega de Fútbol tiene entre sus atribuciones el ejercicio de la función pública de manera delegada. Según reza el artículo 56.4 de la Lei Galega do Deporte, Louzán es el representante de la Comunidad Autónoma de Galicia “en las actividades y competiciones deportivas de su modalidad”. Además de esa tareas de representación, este histórico dirigente del PP podrá, pese a su condena por fraude, seguir manejando dinero público. La norma gallega le habilita para “asignar las subvenciones y ayudas de carácter público concedidas a través de la federación y controlar que sus asociados les den una correcta aplicación”.

Un portavoz del departamento de deportes del Gobierno de Feijóo recuerda que la condena contra quien fuera presidente de la Diputación de Pontevedra “todavía es recurrible”. Louzán ya ha anunciado que buscará esa segunda opinión judicial. La excusa de que la condena puede ser revisada por otro tribunal no ha servido para Luisa Piñeiro, compañera de banquillo de Louzán. Cuando recibió el fallo mantenía el cargo de representante del Gobierno gallego para la provincia de Pontevedra. Su dimisión fue inmediata. Este martes se le despojó del puesto que aún conservaba: una silla de vocal en la administración del Puerto de Marín (Pontevedra).

Pese a que la Xunta se aferra a su incapacidad para actuar contra el dirigente condenado, la ley que rige el deporte gallego deja en manos de la Xunta la posibilidad de actuar contra los directivos de las federaciones. El artículo 87.5 de la citada ley confirma que “la potestad disciplinaria” sobre los directivos de las federaciones le corresponde “al Comité Gallego de Justicia Deportiva”, un órgano adscrito a la Xunta entre cuyas funciones se encuentra el “control administrativo respecto de las funciones públicas encomendadas a las federaciones”.

“Sistema artificioso en fraude de ley”

La sentencia dictada contra el dirigente deportivo y su compañera de partido político considera que los dos condenados se pusieron de acuerdo para conceder una subvención para las obras de un campo de fútbol que en realidad estaban ya a punto de finalizarse. Los hechos sucedieron en 2013. La sentencia considera probado que la Diputación de Pontevedra, presidida entonces por Louzán, había adjudicado dos años antes a una constructora las obras para instalar hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña (Pontevedra) y otras actuaciones en unas edificaciones anexas. Piñeiro era entonces la alcaldesa de este municipio. La empresa incrementó el coste de las tareas en 86.816 euros. El fallo indica que la obra estaba siendo ejecutada ya con una subvención, por lo que la ley impedía exceder el importe consignado para pagar esa cantidad a mayores.

Los condenados idearon entonces “un sistema artificioso, en fraude de ley” para entregarle a la constructora el dinero, de acuerdo con la sentencia, que indica que en 2013 se adjudicó de forma irregular otra obra a la misma compañía por ese importe. El fin que se hizo constar era el de mejorar el vestuario y las bancadas del mismo campo de fútbol. En aquel momento, parte de estos trabajos ya estaban finalizados.

El mismo día que se dictó la condena, Louzán reunió a la Junta Directiva de la Federación Galega de Fútbol para reclamar su apoyo. Lo consiguió de manera unánime. Agarrado a ese apoyo interno y ante el silencio del Gobierno gallego, a Louzán solo le faltaba cerrar un cabo suelto: el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol y de su presidente, Luis Rubiales. En este punto es donde el expolítico gallego cuenta con menos certezas. Tras conocer la noticia de la condena, Rubiales se apresuró a reclamar una copia de la sentencia para estudiar el caso y decidir las acciones de respuesta. Louzán es parte de su directiva y tiene encomendadas las funciones de dirigir la tercera división de fútbol en las competiciones de todo el Estado. Fuentes de la Federación señalan e elDiario.es que en estos momentos se está estudiando una respuesta, por lo que el cargo de Louzán en el fútbol nacional está todavía en el aire.

La Federación Galega de Fútbol es un organismo de carácter privado con funciones públicas delegadas por la administración. Se encarga de ordenar las competiciones y el deporte federado, además de gestionar los fondos públicos dedicados a la promoción de su actividad. Sin embargo, la decisión de la juez de inhabilitar a Louzán para un cargo público durante los próximos 8 años parece no tener efectos dentro del terreno de juego. El fútbol es a día de hoy la única vida para este político que dirigió el PP en la provincia de Pontevedra y que abandonó la Diputación cuando su partido perdió el gobierno de ese órgano.