La reunión de ocho presidentes en Santiago anticipa el choque con el plan del Gobierno para la educación de 0 a 3

Documentos (borrador y definitivo) del Foro de Santiago.

Plazas de guardería gratis para todos, pero no públicas. Es la reivindicación máxima a la que han llegado los ocho presidentes autonómicos (cinco del PSOE, dos del PP y uno del Partido Regionalista Cántabro) que este martes se reunieron en Santiago para decir al resto que gobernar la España envejecida y vacía es más difícil y costoso que hacerlo en los territorios organizados alrededor de grandes ciudades.

El acceso de los niños y niñas más ricos a la educación de 0 a 3 años casi triplica el de los más pobres

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Los ocho presidentes llegaron a Santiago con un borrador de 47 puntos, que acabaría reducido a 35 en la declaración firmada que se terminó entregando a la prensa. Una de las líneas que se borró durante el debate pedía lo siguiente: "La universalización del acceso a la educación infantil 0-3 años a través de la red pública en condiciones de equidad". En el texto final desparecieron las palabras "pública" y "equidad".

La descafeinada propuesta que acabaron asumiendo cinco presidentes socialistas (Aragón, Asturias, Extremadura, Castilla La-Mancha y La Rioja) contrasta con el plan del Gobierno para destinar fondos europeos a un sistema público de educación infantil que aspire a universalizar la cobertura entre cero y tres años. Ese plan del gabinete Sánchez para gastar el dinero de Europa supone inversiones millonarias en las comunidades autónomas. Pero trae consigo la imposición de un modelo: el dinero irá destinado a la creación de plazas de gestión 100% pública y no al pago de plazas gestionadas por las empresas privadas. Muchos presidentes no quieren eso, incluidos algunos del PSOE.

En el ámbito ideológico de la derecha, Andalucía ya ha levantado su muro, asegurando que rechaza el dinero que le corresponde. La renuncia andaluza se ha producido por escrito, en una carta que firma la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo. En esa misiva se pueden leer cosas como la siguiente: "No podemos compartir el diseño que este Ministerio ha realizado con nuevas plazas de titularidad pública ni, en consecuencia, participar en él". Adiós a 123 millones de euros y a la creación de 12.069 plazas públicas para los andaluces más pequeños. La carta se puede consultar al pie de esta información.

La idea de salir de Santiago reclamando el gratis total en guarderías sobre criterios "públicos" y de "equidad" estaba en la primera versión oficial del documento de trabajo del que saldría la Declaración de Santiago. Ese párrafo figuraba marcado en amarillo, como no consensuado, en los primeros borradores a las que ha tenido acceso elDiario.es. Los presidentes socialistas dieron por hecho que el PP se opondría a ese punto pero nadie de la derecha dijo nada. Feijóo, en su papel de anfitrión, se limitó a observar la evolución de un encuentro que le ha vuelto a situar temporalmente como un eje central de la política española, capaz de trabar pactos al margen de las siglas.

"La discusión fue fundamentalmente entre socialistas", aseguran a esta redacción fuentes conocedores del desarrollo del encuentro. El primero en discutir la redacción del texto que resumía el derecho que se pretendía reclamar fue el presidente asturiano, Adrián Barbón. En uno de sus turnos de palabra pidió redactar esa parte del articulado para no entrar en contradicciones con el compromiso que en la materia ya se había rubricado en su día en el acuerdo para la coalición de Gobierno entre Unidas Podemos y PSOE. Tanto empeño se tomaron el resto en aplicar esas cautelas que acabaron borrando del texto las palabras "público" y "equidad". El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García Page, fue de los proclives a la eliminación de ambos términos. Le secundó otro socialista, el aragonés Javier Lambán.

El texto finalmente aprobado por todos asegura que la petición de universalizar el acceso a plazas de 0 a 3 años responde a la intención de "facilitar la compatibilización de la vida familiar y laboral" y sustituye la referencia a "educación infantil" del primer borrador por "centros infantiles" en el documento final. El cambio de palabras esconde una lucha ideológica entre quienes consideran que la atención formativa a niños de entre cero y tres años es un servicio social y no una prestación educativa.

El camino del Ministerio

Mientras tanto, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha citado para este jueves a los consejeros del ramo en el seno de la comisión sectorial de Educación que los agrupa. Uno de los puntos del orden del día es ese plan para construir guarderías públicas con los 667 millones procedentes del fondo asociado al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) impulsado por Europa. En comunidades como la gallega se insiste en un mensaje: "La titularidad de los centros es secundaria, lo importante es el acceso". Pese a compartir el espíritu del Gobierno andaluz, la Xunta asegura a esta redacción que sí aceptarán el dinero (34 millones en su caso) y que se impulsará la construcción de nuevos centros si es imprescindible para no perder los fondos. Ahora mismo, no hay ninguna guardería pública de la Xunta en fase de proyecto o construcción.

La educación de cero a tres años tiene diferentes amparos públicos según cada comunidad. Algunas, como Galicia, la gestionan desde sus departamentos de Servicios Sociales y otras, como Comunidad Valenciana, la incorporan a la cartera de servicios educativos. En el caso andaluz, la Junta defiende el modelo en su día impulsado por el PSOE, que se basa en un sistema de bonificaciones para que los padres puedan sortear la factura que les libran los centros a los que llevan a los pequeños, muchos de ellos pequeñas empresas cooperativas. A partir del próximo curso, en Galicia la Xunta asumirá el coste de todas las matrículas por un importe máximo de 260 euros mensuales por niño. Con este sistema, la privada pasará a controlar el acceso a 10.000 plazas de educación infantil a pesar de que la factura se paga con dinero público.

Parte del acuerdo de coalición

Aumentar el número de plazas públicas de Educación Infantil es uno de los compromisos que adquirieron el PSOE y Unidas Podemos en el pacto de Gobierno para la legislatura, tal y como recoge el punto 2.1.11 del acuerdo firmado por ambos partidos. En esta línea va el plan aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros por el que se acordó repartir 670 millones de euros entre las comunidades autónomas en un plazo de tres años para la creación de un total de 65.000 nuevas plazas públicas y gratuitas, que se financiará con los fondos de recuperación europeos.

La primera etapa de Educación Infantil, de cero a tres años, es particular respecto a las demás. No es obligatoria ni está universalizada, como sí lo está la segunda (3-6), por lo que es la etapa en la que menos alumnado hay: la escolarización ronda el 38% y viene de un par de años en retroceso por la pandemia: de 469.758 alumnos matriculados en el 2019-2020 se pasó el curso pasado a 390.425, un 16,9% menos.

Además, como consecuencia de no ser obligatoria ni estar universalizada, la oferta pública no cubre toda la demanda. Casi la mitad del sector son centros privados, pequeñas cooperativas en su mayoría, más caros que los estatales. De los 390.425 alumnos del pasado curso, 209.588 van a centros públicos (un 53,6%) y 180.837 a privados (46,4%). No solo el alumnado se ha resentido por la pandemia: la patronal del sector calcula que en estos dos cursos se han cerrado uno de cada cinco centros privados, uno de los motivos que esgrimen las administraciones que no aprueban el plan de Educación para pedir que se apoye al sector privado.

Pero Educación quiere ampliar más esta brecha, que la etapa crezca por el lado público. La ministra, Pilar Alegría, explicaba en una entrevista con este diario la semana pasada que "el porcentaje de escolarización de 0-3 está en el 38%, pero difiere mucho entre las familias de renta económica baja, que están en un 26%, y las altas, que están en un 64%" y defendió que "esta apuesta no va contra nadie, va a favor de una mayoría social que no puede escolarizar a sus hijos en edades tempranas porque no puede pagar la plaza".

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