La UE confirma el golpe de gracia al naval de Vigo

Un golpe definitivo. La Comisión Europea solicitó este miércoles al Estado que recupere las ayudas que mediante el sistema de bonificaciones fiscales del tax lease tuvo el sector naval entre 2007 y 2011. Estas subvenciones deberán ser reintegradas por los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no por armadores ni por los astilleros, tal y como había advertido ya el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, algo que no arregla para nada el problema de un sector condenado ahora a la agonía en Galicia.

El Colegio de Comisarios de la CE ha votado a favor (y por consenso) de la última propuesta de la Dirección General de la Competencia, que no cambió lo que se esperaba en los últimos días. La UE exigirá a los inversores la devolución de las bonificaciones fiscales aplicadas a las operaciones de tax lease entre abril de 2007 y 2011al considerarlas ayudas de estado ilegales. La decisión es un golpe de muerte para el sector en Galicia y para los 15.000 empleos directos e indirectos que dependen de él. También para el conjunto de España, con 87.000 familias y 19 astilleros privados afectados.

Joaquín Almunia, en su comparecencia pública, insistió en que estas ayudas son “parcialmente incompatibles con las normas de la UE” y recordó que el sistema de tax lease fue instaurado en España en 2002, “pero las autoridades no lo notificaron”. “Si el sistema hubiera sido notificado, la Comisión habría actuado expresando con claridad la compatibilidad o no del sistema”, aseguró.

Además, aclaró también que “parte de las ayudas” recibidas “pueden ser consideradas compatibles” e insistió en que tendrá que ser el Gobierno español el que “deduzca que parte de la ayuda es compatible con las directrices de las ayudas marítimas” y cual no. No obstante, se negó a determinar cuál será la cantidad que tendrán que devolver los inversores afectados, ya que “es la Hacienda española la que tendrá que determinar cuánto, cómo y cuándo se devuelven estas bonificaciones”.

“El deber de devolver la ayuda ilegal sólo se aplica a los que se beneficiaron, inversores que formaron parte de las agrupaciones de interés económico, pero no a navieras ni astilleros. Los beneficiarios no pueden trasladar su deber de devolución a terceros, ni tan siquiera en aplicación de contratos personales existentes”, insistió el comisario de la Competencia.

Así, Almunia insistió en que la decisión “sólo se refiere a las ventajas fiscales ilegales a algunos inversores”, pero que “no se trata de una decisión sobre los astilleros”. “El futuro de los astilleros dependerá de su potencial innovador y de su capacidad para atraer clientes e inversores, y confío plenamente que el sector naval pueda superar con éxito las actuales dificultades”, añadió. “Hay y habrá inversores, pero habrá que buscarlos y convencerlos”, dijo.

En cuanto a los argumentos empleados por España en contra de la decisión, el comisario de la Competencia advirtió que la carta emitida por la anterior comisaria en 2009, y en la que aceptaría la legalidad del sistema español, “no se refiere al tax lease, sino a la no discrminación entre astilleros; es un aspecto lateral y no está basada en investigación alguna”.

Los sindicatos ya advierten de nuevas protestas

De nada sirvieron las últimas negociaciones llevadas a cabo por el Gobierno central, al que los sindicatos acusan de reaccionar tarde y mal, la proposición unánime de apoyo al naval aprobada en el Congreso, ni la última medida de presión de los trabajadores, cerrados en los astilleros de la ría de Vigo desde el pasado martes para forzar una rectificación que nunca llegó. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y la de Economía, Luis de Guindos, buscaron apoyos en los comisarios de sus áreas para rechazar la propuesta del comisario de la Competencia, Joaquín Almunia. Pero tampoco valió de nada.

El retraso de dos años en el período a devolver suaviza un un poco el impacto, pero para nada soluciona el problema. Entre 2007 y 2011 se contrataron cerca de 50 barcos en Galicia, la mayoría en la ría de Vigo, y también la mayoría de todos los buques fueron firmados bajo ese sistema que ahora se declara ilegal. En el país, y según calculan los sindicatos, serían 600 los millones que habría que devolver, aunque la Comisión aclara que será el propio Gobierno el que tendrá que calcular ese reintegro. El ministro Soria había hablado de cerca de 2.000 millones, pero teniendo en cuenta aún el primer período marcado por Almunia, desde 2005. Sea como fuere, los sindicatos y los armadores ven en esta medida el final del sector naval privado en todo el Estado.

La decisión final, según informaron a las agencias, llegó después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, que había sido el principal aliado de España, levantara su reserva y aceptara la propuesta de Almunia, a pesar de que su intención era que sólo se reclamara la devolución de las ayudas posteriores a 2009. La Comisión Europea justifica su decisión atendiendo al “principio de seguridad jurídica”, motivo por el cual decidió no pedir el reintegro de la ayudas concedidas entre 2002 y abril de 2007, fecha en la que Bruselas declaró públicamente ilegal un sistema francés semejante al español.

Desde los astilleros de Vigo, los sindicatos ya anuncian que se reservan su derecho a la protesta y amenazan con salir en manifestación por las calles de la ciudad. En 2009, el sector naval daba trabajo en Vigo a 12.000 personas. Quedan apenas 3.000 en activo, que estaban pendientes de la decisión de Bruselas. La escasa actividad que aún se mantiene se debe a contratos firmados hace uno o dos años o a sectores auxiliares que sobreviven gracias a la exportación. Los tres grandes, Barreras, Vulcano y Freire, están completamente parados. Toda la economía que generaba el naval, como los transportes especiales, empresas de verificación, la ingeniería industrial y técnica, cayó con ellos. Y cuando el sector fuera de España empieza a ofrecer síntomas de una incipiente recuperación, con la creciente demanda de buques del tipo de los que se fabrican en Galicia, la incertidumbre del tax lease mantuvo al margen a los astilleros vigueses, que perdieron varios contratos en los últimos meses.

Feijóo fía la solución a un recurso al Tribunal de Estrasburgo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió al Gobierno estatal que recurra ante el Tribunal de Estrasburgo la decisión de la Comisión Europea que obliga a España a devolver las ayudas del tax lease desde 2007 a 2011 y que solicite la “suspensión cautelar” de esta determinación, que calificó de “cuestionable jurídicamente, poco responsable desde el punto de vista económico e insensible desde el punto de vista social”.

Feijóo cree que esta decisión de la CE provoca “daños”, aunque “controlados”, al sector naval gallego que apostó por “revertir” con ese recurso a Estrasburgo. Así y todo, instó a comenzar a trabajar en medidas fiscales y jurídicas que permitan al sector construir barcos. El presidente de la Xunta defendió que hay argumentos jurídicos suficientes para ganar“ el recurso.

El jefe del Ejecutivo gallego avanzó que el ministerio y las comunidades implicadas están “concretando una hoja de ruta” con los inversores y el sector naval, con el fin de presentar una propuesta conjunta ante el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria para buscar “una solución, a menos mala, para que el impacto sea el menor posible en el futuro del sector naval”.

Así, indicó que trabajan en la concreción de las cantidades y los plazos en los que habría que hacer la devolución, aunque insistió en que “la primera propuesta” de la Xunta es recurrir la resolución porque, si Estrasburgo acepta la suspensión cautelar, quedaría “resuelto durante bastante tiempo el panorama desde el punto de vista de no tener que devolver cantidad alguna hasta que el Tribunal resuelva”.

Los argumentos en los que se basa Feijóo para pedir este recurso son los principios de discriminación positiva, de proporcionalidad, seguridad jurídica e inacción. Respeto de este último aspecto recordó que la denuncia de Holanda se presentó en 2006 pero el expediente a España no se abrió hasta 2011. “No nos parece achacable ni al gobierno socialista de aquel momento, ni a los astilleros ni a las comunidades autónomas la inacción de la UE”, manifestó. “En Francia no se devolvió, en España por que se devuelve el que en otros países de la UE no se devolvió”“, protestó y volvió a rechazar la decisión de la Comisión.