Balears aprueba las ayudas para incentivar la implantación de la jornada laboral de cuatro días

El Consell de Govern se ha dado este viernes por enterado del estado de la tramitación, por parte de la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de la convocatoria de ayudas públicas para establecer incentivos en la reducción de la jornada laboral a cuatro días o a 32 horas semanales en las empresas de Balears, sin que esto suponga una mengua salarial.

Según ha explicado el portavoz del Govern y conseller, Iago Negueruela, en rueda de prensa, a tal efecto el importe inicial previsto será de 400.000 euros para los ejercicios 2023 y 2024, ampliables según la demanda.

Esta iniciativa se suma al proyecto piloto que ha impulsado recientemente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y va en una línea similar a la convocatoria de subvenciones impulsada por la Generalitat Valenciana, con el mismo objetivo de reducir las jornadas semanales a 32 horas laborables.

La convocatoria se encuentra actualmente en la última fase de tramitación en la Intervención General de la Comunidad Autónoma para su fiscalización previa. Una vez superado este trámite, se publicará posteriormente en el Boletín Oficial de Balears (BOIB).

Mejora de la productividad

Con esta convocatoria se pretende configurar un sistema de incentivos públicos a la reducción voluntaria de la jornada laboral a cuatro días semanales o 32 horas semanales, sin pérdida de retribución salarial, con el fin de promover una mejora de la productividad en el trabajo que favorezca la generación de valor añadido y la retención de talento en las empresas.

También se quiere que esta medida contribuya a ampliar las posibilidades de conciliación familiar, personal y laboral, así como disminuir las emisiones de carbono vinculadas a la movilidad laboral y a los usos intensivos de energía.

De este modo, se desea fomentar la conciliación en las empresas, como entidades empleadoras que ponen a disposición de su personal una serie de medidas que tienen como objetivo hacerle compatible el lugar de trabajo con el tiempo que necesita para ejercer otras actividades.

Estructura de la convocatoria

La reducción de la jornada ordinaria tendrá que afectar a un número diferente de personas trabajadoras en función del volumen de cada plantilla.

En las empresas de menos de diez personas trabajadoras será obligatoriamente el 30 por ciento de los empleados. En cualquier caso, el número mínimo de personas trabajadoras afectadas por la reducción de jornada en la empresa o centro de trabajo tendrá que ser, al menos, de dos personas trabajadoras.

En las empresas de entre diez y 49 trabajadores, será también obligatoriamente el 30 por ciento. En este caso, el número mínimo de personas trabajadoras afectadas por la reducción de jornada en la empresa o centro de trabajo tendrá que ser, al menos, de tres personas trabajadoras.

En las empresas de 50 o más personas trabajadoras, será obligatoriamente el 20 por ciento. En cualquier caso, el número mínimo de personas trabajadoras afectadas por la reducción de jornada en la empresa o centro de trabajo tendrá que ser, al menos, de cinco personas trabajadoras.

La propuesta del número de personas trabajadoras participantes en el plan tendrá que tener una participación similar de hombres y mujeres en relación con la distribución de género preexistente en el conjunto de la plantilla de personas trabajadoras con contrato de trabajo a tiempo completo. En este sentido, se permitirá como máximo una desviación del diez por ciento.

5.000 euros por persona trabajadora

Para 2023, las empresas interesadas tendrán que presentar un plan de reducción de la jornada laboral, que se tendrá que entregar antes del 16 de octubre de este año, y en el que se tendrán que indicar las medidas organizativas o formativas que se prevén implementar para optimizar el tiempo de trabajo.

En 2024, primer año completo de aplicación del proyecto, se subvencionarán los gastos de la reducción de jornada hasta 5.000 euros por cada persona trabajadora que tenga reducida su jornada laboral.

Cabe recordar que el importe máximo que puede percibir una misma empresa se establece en 200.000 euros.