El Defensor del Pueblo admite una denuncia contra el Ayuntamiento de Santa Eulària por la “desatención” de los menores de Can Rova 2

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la denuncia contra el Ayuntamiento de Santa Eulària por la “desatención” de los menores que residen en el poblado chabolista de Can Rova 2, según ha informado el senador en Eivissa y Formentera, Juanjo Ferrer. En un comunicado, el político ha explicado que presentó la queja después del intento de desalojo del asentamiento por parte del Consistorio, una acción paralizada judicialmente “ante la clara vulnerabilidad de los afectados”.

En su escrito, Ferrer lamentó que el Ayuntamiento no había impulsado medidas eficaces de apoyo residencial, social o económico, dejando a las familias en una situación límite. Según ha considerado, su queja no mejorará el acceso a una vivienda digna y asequible, pero las administraciones no deben “empeorar la situación de familias que se ven obligadas a vivir en asentamientos”.

Ferrer, que participó este miércoles en el Senado en una moción sobre el derecho a la vivienda, reclamó también la aplicación de topes en los precios del alquiler en Balears. Afirmó que la ciudadanía sigue “secuestrada y sin opciones” en este tema “porque las medidas aprobadas por el PP no funcionan”. “La derecha se está tirando piedras en su tejado porque, por ejemplo, no se pueden completar las plantillas de trabajadores de temporada”, insistió.

Por su parte, el Ayuntamiento ha informado que ellos mismos presentaron el 30 de mayo una queja también al Defensor del Pueblo pidiendo ayudas a las diferentes administraciones competentes, una solicitud que todavía no ha sido admitida. El Consistorio solicita “amparo ante la grave situación generada por la proliferación de un asentamiento ilegal conocido como Can Rova 2”. El Ayuntamiento espera que “la resolución del expediente sea rápida y en base al interés general y, en especial, a todos los menores de edad que se ven obligados a residir en condiciones inhumanas”.

En el comunicado difundido por el Ayuntamiento, este asegura que ha puesto en marcha medidas: “Desde agosto de 2024, el Consistorio ha llevado a cabo múltiples actuaciones, tanto administrativas como judiciales, para frenar la consolidación de un núcleo de infraviviendas que, además de ser ilegal en suelo rústico protegido, presenta evidentes riesgos para la vida de las personas, el medio ambiente y las infraestructuras críticas de abastecimiento de agua de la isla de Eivissa. Asimismo, se entiende que no son las condiciones óptimas en las que deben vivir los menores de edad y no debe legitimarse como una forma de vida digna”.