Cómo California se moviliza para sortear las políticas de Trump

California se enorgullece de estar a la cabeza en cuanto a leyes progresistas en materia de cambio climático, derechos laborales y marihuana. En 2018, las “prioridades” del Estado Dorado son propuestas y maniobras legales atrevidas para proteger de Donald Trump a los ciudadanos.

Los líderes del Estado han impulsado legislación y demandas para burlar y deshacer los objetivos de Trump en cuanto a inmigración, medio ambiente, libertad en la red y otras causas progresistas. Una de las victorias de mayor trascendencia se produjo el 9 de enero, cuando un juez de San Francisco bloqueó el plan de la Administración de Trump para poner fin a un programa que permite a 800.000 personas sin papeles trabajar y estudiar en EEUU.

Al mismo tiempo, activistas han lanzado campañas para blindar a los residentes de los ataques de la Casa Blanca y para presionar a los demócratas locales para movilizar al estado más poblado de EEUU contra el presidente.

Inmigración

Los legisladores californianos han adoptado la “ley santuario” más amplia del país, restringiendo a la policía interrogar a la gente sobre su estado de ciudadanía y limitando la cooperación con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El Estado también ha llevado a la Administración de Trump a los tribunales para desafiar su veto migratorio desde países de mayoría musulmana y su decisión de poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Un juez en San Francisco se puso del lado de California en la batalla del DACA, dictaminando que el programa de la era Obama que protege a los “Soñadores” (Dreamers) –inmigrantes sin papeles traídos al país de niños– permanezca vigente.

Pero Trump –que tiene fama de ser vengativo y ha expresado abiertamente su desprecio hacia California– está decidido a tomar represalias. El año pasado ICE ya arrestó a cientos de personas en redadas selectivas en ciudades santuario, y el director en funciones de la agencia ha prometido incrementar este año las deportaciones en el Estado, e incluso ha sugerido que los políticos de California deberían ser procesados.

En toda California se han formado redes de abogados y voluntarios que lideran la resistencia a la ICE a pie de calle, a veces salvando vidas en el proceso.

Aunque Obama deportó a más inmigrantes que ningún otro presidente, la necesidad es incluso mayor actualmente, con la ICE deteniendo a gente de manera indiscriminada, según explica María Sofía Corona-Alamillo, una abogada que trabaja en la Red de Respuesta Rápida del Condado de Los Ángeles.

“El objetivo inmediato es proporcionar una primera línea de defensa a los miembros de la comunidad que se enfrentan a la expulsión del país y a la reclusión en centros de detención llevados por el gobierno, que por muchas razones vemos como inhumanos”.

Corona-Alamillo explica que la red se movilizó el año pasado después de que la ICE se presentara armada en un taller de coches y, según el Sindicato Americano de Libertades Civiles, arrestara a un grupo de trabajadores aunque únicamente tenía orden judicial para un individuo. La ICE se ha negado a hacer comentarios.

Jennifer Lee Koh, abogada de una red en Sacramento, dice que representó a un inmigrante mexicano que fue detenido y amenazado con ser deportado el año pasado. La red ayudó al hombre, que tiene tres hijos pequeños, a conseguir una exención temporal y ahora está en el proceso de conseguir un permiso de residencia.

“Contrarrestamos el clima de miedo y terror que muchas de estas medidas provocan en estas comunidades”, dice Hamid Yazdan Panah, coordinador de abogados en la Red de Respuesta Rápida del Norte de California.

Los activistas sostienen que los legisladores pueden hacer más cosas para proteger a los inmigrantes de manera activa. Koh instó al gobernador de California, Jerry Brown, a emitir más indultos a inmigrantes amenazados con ser deportados por tener condenas anteriores.

Algunos han defendido que es necesario aplicar de manera estricta las normativas de refugio, teniendo en cuenta que en jurisdicciones progresistas como Los Angeles y Oakland, se ha descubierto que la policía local sigue colaborando con la ICE.

Javier Hernández, director de la Coalición del Interior para la Justicia Inmigratoria, dice que California debería proporcionar “representación universal” –asegurando el acceso a abogados para todos los inmigrantes que se arriesguen a ser deportados–. “Dar a todos una oportunidad de lucha justa”.

Prospecciones petrolíferas

La semana pasada, Trump anunció un plan para abrir territorios costeros a las prospecciones petrolíferas y de gas, incluyendo áreas del Océano Pacífico protegidas anteriormente.

La Administración revocó su posición más tarde, diciendo que no permitirán las prospecciones en la costa de Florida, después de que presionara el gobernador republicano del Estado. Esto alimentó aún más la idea de que Trump está atacando California, que tiene la sexta economía más grande del mundo y votó de manera aplastante contra el presidente.

Brown condenó la decisión, y el vicegobernador Gavin Newsom dijo que el Estado está trabajando para prevenir nuevos acuerdos federales de prospección.

“Tenemos una preciosa costa virgen. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para que permanezca así”, dijo el líder del Senado estatal Kevin de León.

A pesar de las  desafiantes declaraciones, los ecologistas han subrayado que el gobernador Brown tiene un historial pésimo en cuanto a petróleo y gas, y la ONG Consumer Watchdog recordó que su Gobierno aprobó entre 2012 and 2016 más de 200 pozos submarinos nuevos.

Brown debería parar todas las prospecciones marítimas en aguas estatales, dice Liza Tucker, la directora de los proyectos energéticos del grupo: “Eso sería una medida clara de verdad”. El portavoz de Brown no respondió a una petición de comentario.

Cannabis

Días después de que California lanzara el que está previsto ser el mayor mercado de cannabis recreativo del mundo, el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, anunció que iba derogar la política de la era de Obama que permite a los estados legalizar la marihuana.

En medio del rechazo por parte de ambos partidos, los legisladores californianos señalaron estar preparando unas medidas severas con respecto a la marihuana por medio de una nueva ley que podría otorgar condición “de santuario” al cannabis.

Reginald Byron Jones-Sawyer, representante en la Asamblea Estatal de California, dice que conoce a mayores, exmilitares, familiares y otras personas que dependen del cannabis medicinal –lo que le motivó a presentar un proyecto de ley que impida al Estado a ayudar a las autoridades federales en arrestos, investigaciones o procesamientos contra operaciones legales–.

“El llamamiento de Jeff Sessions a regular el cannabis no sólo es malintencionado, sigue siendo la guerra federal contra las drogas que no ha funcionado, que es en realidad una guerra contra los afroamericanos y los latinos”.

Partidarios de una reforma de las leyes de justicia penal también han instado a los líderes de California a reducir el número de las personas en cárceles y prisiones por delitos de drogas y a ayudar a gente con condenas previas a conseguir un empleo.

Los ataques de Sessions “sólo han hecho avanzar nuestra causa más rápido y más lejos”, añade Erich Pearson, director ejecutivo de una empresa de cannabis en San Francisco. “Estamos en un momento mucho más organizado de lo que hemos estado jamás”.

Impuestos

Está previsto que la reforma fiscal de Trump, con los cambios más drásticos al código en 30 años, dañe a California al establecer un límite de 10.000 dólares (unos 8.200 euros) a la cantidad de impuestos sobre la renta e inmobiliarios que los residentes puede desgravar de los impuestos federales. Según un análisis, la deducción fiscal media en California sobrepasaba en casi 8.500 dólares (unos 7.000 euros) el nuevo límite, lo que significa que afectará a muchos residentes.

Sin embargo, los legisladores esperan sortear la política de Trump mediante al Decreto de Protección a Contribuyentes de California, que permitiría a los residentes hacer donaciones benéficas a un fondo y recibir una desgravación fiscal a cambio.

“No vamos a permitir que los residentes de California sean las víctimas de este desastroso régimen fiscal”, dijo De León en un comunicado. Si la propuesta de ley tiene éxito, otros estados seguirán su ejemplo.

Neutralidad en la red

En un Estado que alberga a las compañías tecnológicas más poderosas del planeta, la reciente derogación de las leyes de neutralidad en la red, pensadas para proteger un internet abierto, han provocado protestas importantes. La victoria del director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés), Ajit Prat, designado por Trump, desmanteló las regulaciones que aseguraban que los proveedores de servicios de internet (ISP por sus siglas en inglés) trataran a todas las páginas web de manera igualitaria y que no pudiesen cobrarles a cambio de ofrecer ciertos servicios.

Mientras que los demócratas en Washington trabajan para revocar la derogación, los legisladores en California trabajan para rehabilitar la neutralidad en la red en el Estado. La propuesta de ley autorizará a los legisladores californianos y a las fuerzas del orden a establecer y hacer cumplir los requisitos de neutralidad en la red a los ISP que operen en el Estado.

Traducido por Marina Leiva