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MADRID

La justicia impide al fondo buitre Fidere vender libremente los pisos sociales que compró a Botella

El juzgado obliga al fondo a advertir "expresamente y por escrito" de que esos pisos están sujetos a lo que suceda con la causa penal que investiga su venta

Impone los investigados Fermín Oslé Uranga, ex onsejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides Grases, apoderado de la entidad mercantil Fidere, una fianza solidaria de 29 millones de euros

Ana Botella ve con "gran simpatía" el movimiento Libres e Iguales

La exalcaldesa Ana Botella. EFE

El fondo buitre Fidere, al que Ana Botella vendió 1.860 pisos sociales en su etapa como alcaldesa de Madrid, no podrá vender o alquilar libremente esos inmuebles en lo que dure el proceso que investiga ese proceso de venta llevado a cabo en 2013. Cuando lo haga tendrá que advertir de que hay en marcha una investigación judicial y que "el destino" de esos pisos dependerá de cómo acabe la causa. Además, impone una fianza de 29 millones de euros a los dos investigados.

Así lo ha determinado el juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, según informa la cadena SER. La resolución se produce poco después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenase reabrir la investigación contra los responsables de esa venta, entre los que no está Botella.

En la resolución tomada por el juzgado, se ordena que haya una anotación preventiva en los registros de la propiedad de todos los inmuebles, en la que se advierta de la causa abierta que investiga la venta.

Pero la decisión más importante afecta a su venta o alquiler. El juez quiere evitar que Fidere se deshaga sin más de los pisos, por lo que obliga a este fondo buitre a que en el momento en que vaya a venderlos o alquilarlos, deberá advertir "de manera expresa y por escrito" de que hay una causa que investiga ese proceso, y que el destino final de esos pisos está sujeto "al destino de esta causa penal".

Es decir, cualquier persona que vaya a comprar o alquilar uno de esos pisos que antes eran propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), tendrá que saber que su casa está afectada por un proceso penal, y que su resolución puede determinar quien tiene la propiedad final del inmueble. El juzgado advierte de consecuencias penales si el juzgado no cumple esta obligación.

El pasado 28 de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó por segunda vez reabrir la investigación de la venta de 1.860 viviendas públicas vendidas por el Gobierno municipal de Ana Botella en 2013 al fondo de inversión Magic Real Estate Blackstone.

Los magistrados aludieron a la sentencia del Tribunal de Cuentas que cifraba un quebranto de 25 millones de euros en esta operación y aseguraban que además de un "ilícito administrativo", "entra dentro de un razonable juicio de probabilidad que los investigados pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos".

Con esta nueva decisión, adoptada tras el recurso del PSOE y la EMVS, se buscaba agotar la investigación por los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude que pudieran haber cometido los investigados Fermín Oslé Uranga, quien fuera consejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides Grases, apoderado de la entidad mercantil Fidere Vivienda, por la venta de 1.860 viviendas, locales y garajes públicos.

Oslé y Benavides, además, tienen ahora que hacer frente a una fianza solidaria de 29 millones de euros en calidad de responsables civiles. El juzgado impone, además, una fianza adicional de tres millones de euros a Oslé.

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