Sobre nuevas religiones climáticas, operaciones asfalto y los cambios necesarios pero imposibles de movilidad y de vida

“Las ZBE son una imposición de las agendas globalistas, establecidas por Bruselas a espaldas de los ciudadanos, que ni los españoles ni los majariegos hemos votado y que van en contra de nuestros intereses”. Hace algo más de un mes, el grupo municipal de Vox en Majadahonda presentó una moción contra la implantación en esta localidad de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Según el artículo 14.3 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deben tener su ZBE. Pero en Majadahonda (72.000 habitantes), donde hay alcaldes del PP desde 1989, Vox forma parte del equipo de gobierno en este mandato y ha logrado que la moción sea aprobada sólo con algunos matices. A pesar de lo que pueda indicar la redacción del texto —claro ejemplo de la exagerada retórica ultra: “Sus iniciativas van encaminadas a la imposición de una nueva religión climática en Occidente”—, mi objetivo en los siguientes párrafos es explicar que esto, más que una guerra cultural, refleja una realidad bastante más compleja.

En la misma ciudad residencial, y también desde principios de año, el Ayuntamiento se está dedicando a una operación asfalto que califica de “histórica” que renueva el pavimento de 45 calles. Son 400.000 m2 de infraestructuras que se están acabando a sin pausa para llegar a esa fecha límite del 3 de abril que todos los alcaldes de España tienen marcada en su calendario. Las obras de fin de mandato, las que se inauguran lo más cerca posible de las elecciones para tratar de convencer a los electores de que hay que repetir, en Majadahonda se hacen de forma perfectamente coherente con la airada moción de Vox: todo por el coche.

No ocurre así en Madrid. Como ha contado Diego Casado en este mismo medio, el PP de la capital está apurando la inauguración de obras para mostrarse a los electores con más de 88.000 m2 de aceras ampliadas y nada menos que 10.000 plazas de aparcamiento eliminadas. Así pues, el alcalde que se presentó hace cuatro años con la promesa de eliminar Madrid Central no sólo no ha cumplido, sino que ha acelerado algunas políticas de fomento de la movilidad activa —ojo, que también se puede presentar con más kilómetros de carril bici en su haber—. Por eso, la moción de Vox en Majadahonda reserva un dardo para él: “Almeida ha consolidado y expandido el Madrid Central a pesar de haber prometido que lo derogaría”. 

Las razones de estas actuaciones opuestas por parte de una misma marca son diversas y algunas sólo se pueden suponer. Van desde el aprovechamiento de fondos europeos y regionales a corrientes internas dentro de un mismo gobierno municipal. Pero hay una evidente. El PP de Madrid hace cosas que al PP de Majadahonda, a tan sólo quince kilómetros de distancia, no se le pasaría por la cabeza porque uno y otro consideran que están haciendo lo conveniente para contentar a su público objetivo. 

A pesar de su indefinición al afrontar asuntos climáticos y de salud, es posible que alguien en el partido y el gobierno municipal de la capital se haya dado cuenta de que sus habitantes quieren vivir mejor, tener hueco para pasear por las aceras con sus hijos, sus perros y sus carritos de la compra y respirar menos humo. Incluso podemos suponer que, para ese plan que tienen de hacer Madrid escenario para rodajes, turistas, trabajadores remotos e inversores, alguien haya caído en que se genera más valor con un espacio público más amable y moderno, o sea, con menos coches. 

La sensación es que, en las ciudades densas y consolidadas y con una buena red de transporte público establecida, el discurso político de defensa cerril del uso sin freno del coche hace mucho tiempo que va por detrás de las inquietudes de muchos vecinos, incluso de los que votan o pueden votar a las derechas. Otra cosa es lo que pasa en los suburbios, especialmente en los privilegiados pero no sólo. Me fijo en Majadahonda por la moción de VOX y porque conozco bien el lugar. Pero es un ejemplo para ilustrar un asunto que ocurre en buena parte de áreas metropolitanas del mundo. 

Los majariegos practican cada día una diáspora; generalmente, cada uno en su coche. Dice la moción de Vox que el 47,6% de los trabajadores residentes en esta ciudad se desplazan a Madrid para fichar. Hay que sumar los que lo hacen a otras localidades: Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Alcorcón, allí donde haya un centro empresarial o un polígono. Antes y después de realizar esos trayectos, se mueven para llevar y recoger a los niños del cole y de las extraescolares, también para compras, ocio, deporte, salud… Y el fin de semana desaparecen a sus excursiones, segundas residencias, viajes de esquí o playa, a donde sea. Todo se hace en coche. El transporte público, autobuses y cercanías, es usado mayoritariamente por estudiantes —aún sin vehículo y/o carnet de conducir, pero por poco tiempo— y las personas que van y vienen de servicios de cuidados y hostelería, casi todas migrantes. El uso de la bici es, sobre todo, deportivo o familiar.

En este contexto, hacer una operación asfalto en vez de una operación acera puede tener su lógica, al menos electoral. ¿Una ZBE? Pues probablemente no mejoraría mucho la situación ambiental. Los movimientos en coche son para salir de la ciudad, no para circular por un núcleo urbano pequeño y con escaso tráfico diario. Lo que sí vendría bien, y hasta daría algún voto, sería cortar el acceso al centro los martes y sábados, que es cuando Majadahonda colapsa por las visitas a su cada vez más popular mercadillo.

Lo que pasa en en Majadahonda ocurre en Pozuelo, Las Rozas y Boadilla, pero también, con los matices correspondientes —uso del transporte público más transversal y generalizado, por ejemplo—, en ciudades dormitorio menos pudientes como Fuenlabrada, Leganés o Getafe.  Y en localidades de otras áreas metropolitanas de España: Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga, Vigo… Es verdad que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética no sólo habla de ZBE sino de “planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad”, pero no parece que termine de llegar al hueso del problema: la forma en que están conformadas nuestras vidas, tanto en materia habitacional como laboral, educativa y de ocio; la configuración de las áreas metropolitanas y la promesa de que todo en ellas es un mismo lugar si tienes un coche para moverte.

Por eso, un Ayuntamiento de un suburbio de más de 50.000 habitantes no puede cambiar realmente la movilidad de sus habitantes. Las metrópolis pueden hacer mucho más, como se ve en los ejemplos de Oslo, Ámsterdam, Copenhague o París, pero siempre alejando el inconveniente a base de ampliar el diámetro de los círculos de protección ambiental. Ni siquiera con el movimiento común de administraciones locales, regionales, centrales y hasta continentales bastaría. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, como la norma europea que prohíbe la venta de coches de combustión a partir de 2035, apuestan al vehículo eléctrico como solución sin entender que eso es sólo un cambio de formato que sólo hacer pervivir el problema: la movilidad y su garantía de posibilidad inmediata.  

La complejidad del asunto requiere enfoques ambiciosos en los que hay que incluir a todos los agentes sociales y económicos. Algunas vías de actuación pasan por cambios en el trabajo presencial, en la elección de centros educativos y en el reparto de mercancías y compras online. Cambiar la movilidad pasa por cambiar nuestra forma de vida y con esto llegamos al debate de moda, el de la ciudad de los 15 minutos. La propuesta de Carlos Moreno sugiere la necesidad de esa transformación vital. Hay otras que van más allá, como Santander Hábitat Futuro, el modelo de ciudad que ha presentado recientemente la capital cántabra —por cierto: gobernada por PP y Cs— y que parte de asumir los límites ambientales y de recursos que nos marcan lo que realmente es posible.

Pero ahora mismo parece inevitable hablar de límites y de necesidad de cambios vitales sin que alguien salga con el uso perverso de la palabra libertad. Y con esto volvemos a la moción de Vox en Majadahonda. Volvemos a no empezar.