Un escuadrón de inspectores para denunciar los pisos turísticos ilegales
Desde este lunes, 22 personas se dedican exclusivamente en el Ayuntamiento de Madrid a vigilar que las viviendas turísticas cumplan la legalidad en la capital. Lo hacen dentro de la Agencia de Actividades (ADA), que se ha reforzado de cara al previsible aluvión de denuncias que van a llegar a raíz de la inminente aprobación del Plan Especial de Implantación del Uso de Hospedaje, que intentará eliminar “el 95%” de los pisos para turistas que actualmente operan en Madrid.
El refuerzo es, de momento, para cinco meses y durará hasta diciembre. Se compone de 10 arquitectos superiores, 4 técnicos de gestión de la rama jurídica y 8 auxiliares administrativos, quienes se dedicarán a inspeccionar las viviendas turísticas y a tramitar los expedientes, tanto de las denuncias que les lleguen de oficio por parte de los servicios municipales y las que les remitan los vecinos y las asociaciones vecinales, que desde hace meses están muy activas en la visibilización de este tipo de pisos sin licencia.
Los inspectores actuarán sobre todas las viviendas turísticas que no tengan licencia de actividad municipal. Tanto las inscritas en el registro de la Comunidad de Madrid como las que, pese a no estar incluidas, se promocionan en canales de oferta turística, principalmente online.
El refuerzo en los mecanismos de inspección es una de las claves para que Madrid pueda controlar su oferta turística en viviendas, que actualmente opera en un marco desregulado y ha crecido hasta los más de 20.000 anuncios en la ciudad, con importantes efectos sobre los precios de los alquileres a largo plazo. El Ayuntamiento también espera que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, regule algunos aspectos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pedro Sánchez afirmó la semana pasada que lo harán, para sacar de la normativa los pisos turísticos y que se tengan que regir por las normas autonómicas y locales.
Sin el refuerzo operativo, el Ayuntamiento ha conseguido abrir expediente a 507 alojamientos turísticos, la mayoría de ellos en el distrito Centro (362). De momento ha ordenado el cese de actividad en 147 casos, el doble de los que había decretado hace justo un mes. Las sanciones se van acelerando y el refuerzo ayudará previsiblemente a que su número sea todavía mayor.
El área de Desarrollo Urbano Sostenible, de la que depende el ADA, hace hincapié en que con estas actuaciones vela “por la seguridad jurídica de los usuarios de estos alojamientos turísticos que, si se ejercen sin los respectivos controles urbanísticos, pueden generar problemas de fraudes al consumidor”. Casos como el que hace unas semanas los vecinos denunciaron en este periódico, el de un piso turístico que aloja hasta seis personas en una antigua buhardilla sin cédula de habitabilidad. El Ayuntamiento también considera que “cuando la presión del sector turístico se concentra en un área reducida de la ciudad, se deteriora la calidad de vida y se dificulta el acceso a la vivienda digna”.
Más información:
Más información:
0