Atrapadxs por el miedo estamos equivocando las miradas, los mensajes, las palabras, los discursos y algunas de las decisiones, buscando culpables en donde no los hay, haciendo oposición política con la gestión de un virus que nos debería unir, no separar; intentando vincular el origen de los rebrotes por la COVID-19 con determinados sectores de población, como las personas migrantes, con los modelos culturales de esta población o con algunos territorios y barrios concretos, precisamente en los que más se concentran situaciones de pobreza y exclusión social; cuando el verdadero origen está en el crecimiento de las desigualdades al que hemos asistido en los últimos años, en el déficit de inversiones públicas en políticas sociales, sanitarias y educativas el cual es más visible en determinados barrios de nuestras ciudades, en las precarias condiciones laborales de algunos trabajadores y trabajadoras, en las situaciones de infravivienda a la que se ve abocada una parte de la ciudadanía. Un origen que lo podemos relacionar, por tanto, con las condiciones de trabajo, de vida y de vivienda de algunas personas que sufren las consecuencias de la pobreza y la exclusión social, pero nunca en las personas mismas.
No, no, este virus no tiene nacionalidad, ni género, ni origen étnico, nos afecta a todos y a todas. Nos implica. O nos unimos como una piña en su abordaje y dejamos de buscar culpables o nuestra sociedad corre un serio riesgo de fractura social.
Vincular la causa de los contagios con la inmigración y las personas inmigrantes, no solo es un grave error, es sencillamente miserable.
Cuando la pandemia acabe, que acabará, nos vamos a ver en la obligación de reconstruir todo lo que estamos aniquilando en estos días y que hemos construido con el esfuerzo colectivo de mucha gente. Hablo de los procesos de inclusión, de las políticas de integración, de la precaria generación de vínculos, de relaciones y de convivencia entre población inmigrante y autóctona. Tendremos que atajar el racismo, la xenofobia y el miedo a las personas extranjeras que desde algunos ámbitos se está propiciando, cuando se señala a la población inmigrante y sus modos de vida como origen de los contagios.
Los déficits estructurales de coordinación entre la política sanitaria, educativa, de empleo y de servicios sociales la estamos pagando muy cara. La fragmentación y la descoordinación entre políticas y entre los diversos niveles de la administración pública se ha convertido en una de las gangrenas de nuestro tiempo. Asistimos con perplejidad a debates estériles entre administraciones sobre el marco competencial de cada una de ellas, mientras las personas y los retos sociales se consumen en espera de respuestas urgentes, coordinadas y eficientes que no terminan de llegar.
En lugar de poner en marcha acciones coordinadas, sumar esfuerzos, buscar consensos, reforzar las políticas públicas, acordar medidas sin precedentes… nos dedicamos a buscar culpables, unas veces las personas inmigrantes, otras el gobierno de la comunidad limítrofe o el de España, en un intento de huir de nuestras propias responsabilidades.
Ahora, gracias a esta pandemia, se visualiza con claridad la vinculación directa entre las situaciones de desigualdad, pobreza, exclusión social, condiciones laborales y habitacionales y la salud comunitaria, haciendo más visible la mayor exposición al contagio por la Covid-19 de las personas y barrios que sufren están situaciones.
Ya nadie podrá negar que hay una relación directa entre las políticas sociales y las sanitarias, de tal forma que un déficit de inversión social, trae consigo una mayor exposición comunitaria al contagio por la Covid-19.
Ahora comprobamos que la pobreza y la exclusión social no son un problema de las personas pobres y vulnerables, ni una condena divina, sino un reto del conjunto de la sociedad, necesitando del esfuerzo compartido de todos y todas para su erradicación.
Una mayor inversión en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y contra las desigualdades, se convierte en una de las mejores medidas de salud comunitaria y de prevención de los riesgos de extensión de los contagios por la COVID-19 en el actual contexto.
Debemos trabajar a presente y a futuro por una mayor coordinación entre políticas sanitarias, sociales y de empleo; a la vez que entre administraciones, garantizando la armonización a nivel estatal de las políticas sociales, educativas, sanitarias, de empleo…, de tal forma que el conjunto de la ciudanía pueda acceder en igualdad de condiciones a los recursos, servicios y prestaciones, con independencia del lugar en el que viva.
Si queremos atajar los rebrotes debemos escuchar más a profesionales de la sanidad, pero también a las personas expertas en políticas sociales inclusivas, debemos ponernos mano con mano a erradicar la pobreza, las desigualdades y la exclusión social, no nos va a valer con confinarla o culpabilizarla.
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