Ya era mucha la preocupación acerca de la actitud del Gobierno regional para afrontar la recuperación del Mar Menor. Una preocupación claramente justificada, no solo por la realidad que los ciudadanos observan día a día en la laguna y las actividades que se desarrollan en la cuenca vertiente al Mar Menor, sino por los más de 25 años que el PP ha estado gobernando la Región de Murcia con políticas de desprotección ambiental y con un claro sesgo a favor de determinadas actividades que no se han caracterizado por prácticas sostenibles y han producido la degradación del estado ecológico de la laguna salada.
Durante estos años, el Gobierno de López Miras ha tenido todas las competencias y herramientas necesarias para evitar que el Mar Menor llegara a una situación de colapso, con episodios como el de los peces muertos, que dejaban ver con claridad a cualquier espectador el resultado de la falta de compromiso del Partido Popular con el Mar Menor.
Desde julio de 2020, el Gobierno de López Miras dispone de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, que a pesar de no ser la ley que hubiéramos hecho los socialistas, es la que permitió aprobar la aritmética parlamentaria. Nos encontrábamos en un momento alentador, que presuponía un cambio de tendencia en las políticas regionales necesarias para recuperar el Mar Menor. Además, la ley se vería complementada con otras actuaciones por parte del Gobierno de España, como la declaración de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado químico, el interceptor para evitar que las aguas contaminadas por nutrientes lleguen al Mar Menor, el Plan de Protección del Borde Litoral, el Plan de Acción de la Cuenca Vertiente del Campo de Cartagena o el Plan Integrado Verde que está ultimando el MITECO.
La CHS está haciendo su trabajo. Son muchos los expedientes sancionadores e inspecciones a instalaciones y vertidos que se han realizado. El refuerzo de los efectivos dedicados al apoyo a los agentes medioambientales y a la policía fluvial está permitiendo comunicar a la Consejería de Agricultura los cultivos sin derechos de aprovechamiento de aguas, así como eliminar las desaladoras y pozos ilegales.
De momento, el Gobierno de López Miras no ha desarrollado ni cumplido la Ley del Mar Menor. Ni siquiera han ampliado el cuerpo de inspectores encargado de velar por el cumplimiento de la ley, porque no les interesa. Lo único que les interesa es confrontar con el Gobierno de España para obtener rédito político y tapar su inacción y falta de voluntad para cumplir con sus competencias y con la Ley.
Otra gran preocupación de López Miras es el anuncio del Gobierno de España de invertir 220 millones de euros en la regeneración y protección del Mar Menor. Es normal que López Miras esté preocupado porque esto dejará en evidencia la gestión del Gobierno regional, que solo ha consistido en anunciar inversiones y no ejecutarlas. Debemos recordar que López Miras anunció una inversión de 40 millones de euros para el Mar Menor en 2020, de los que no ha ejecutado ni el 20%, y que en el presupuesto para 2021 baja el presupuesto para el Mar Menor a 34 millones de euros, de los cuales no sabemos cuánto forma parte de la mentira a la que nos tiene acostumbrados.
Ahora, el nuevo Gobierno de López Miras es un Gobierno corrupto formado por tránsfugas y con la ultraderecha sentada en el Consejo de Gobierno. Por un lado, con consejeros que venden hasta su firma en función de sus intereses personales y de los que poco o nada de compromiso con el Mar Menor se puede esperar. Y, por otro lado, con la ultraderecha pidiendo que se derogue la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, que se abran las golas para que el Mar Menor funcione como desagüe y hacer una herida de dos por seis a toda la Comarca.
Y, ¿ahora qué?
Sí, menudo escenario.
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