En el punto de partida, sin indemnización ni plaza: interinos del SEF temen el despido tras años en la Administración

“Durante los años duros de la crisis casi no había ofertas de trabajo, pero desde SEF, el Servicio Regional de Empleo y Formación, dábamos ánimos a los desempleados para mejorar su currículum o hacer un curso hasta que encontrábamos un rayo de luz”, recuerda Antonio Molina, colaborador de la Plataforma Temporales de la Región de Murcia. Desde que la Unión Europea sancionó a España por mantener a buena parte de sus interinos en abuso de temporalidad, Molina confiesa estar a la espera de ese rayo de luz.

A fin de cumplir las demandas de la UE tanto el gobierno central como las comunidades autónomas han optado por procesos de estabilización de las plazas para funcionarios, lo que podría suponer que miles de funcionarios perdieran su puesto de trabajo: “Se ha pasado de querer estabilizar personas a estabilizar plazas. Les da lo mismo que las ocupe alguien con 20 años de servicio a sus espaldas que alguien nuevo”, denuncia Molina.

De acuerdo con Molina, esto afecta incluso a los funcionarios que tengan una o varias oposiciones aprobadas, pero que en el momento del proceso de selección no obtuvieron plaza porque no se presentaron las suficientes. Algo que reconoce la Consejería de Empleo, aunque matiza que “este proceso ya reconoce a quienes habían aprobado exámenes anteriores con un apartado puntuable”.

“Hay que buscar una solución. Lo que no puede ser es que se convoque un proceso de selección y haya trabajadores que después de estar años de servicio tengan que irse a la calle con 50 años de edad, como si hubieran empezado ayer y sin derecho a indemnización. Los políticos no pueden lavarse las manos en los procesos selectivos”, demanda.

De acuerdo con la Plataforma de Temporales de la Región de Murcia, el SEF mantiene el mayor porcentaje de interinos de toda la comunidad autónoma: de los 367 empleados púbicos que conforman el Servicio, un 68% son interinos. La Consejería de Empleo rebaja esta cifra al 40%, que sigue estando muy por encima de la proporción ideal de interinos: una temporalidad del 2% de obligado cumplimiento por el Ministerio de Empleo, de acuerdo con el presidente de Anil, la Asociación de Interinos y Laborales, Manuel Martos

“España tiene un problema endémico. La Ley de Función Pública y el Estatuto Básico del Empleado Público obliga a sacar ofertas de empleo de todas las plazas estructurales de cada año: Si se precisa de 20 profesores nuevos todos los años se deben sacar 20 plazas a oferta. Pero lo que están haciendo las administraciones es que esconden esas plazas y las sacan por la tasa de reposición, que se basa en sustituir al personal jubilado, fallecidos o con invalidez”, explica Martos. 

El presidente de Anil tiene claro el origen de esta reticencia a lanzar ofertas de empleo público: “No las han sacado porque no les ha dado la gana, es un arma política. No las lanza ni PP ni PSOE ni cualquier otro grupo porque en los funcionarios tienen un nicho cautivo de votantes”.

Este “secuestro” de plazas y los procesos de estabilización no solo afectan a los interinos que se encontraban en fraude: Molina advierte que se están paralizando programas financiados por la Unión Europea de ayuda a colectivos vulnerables: “Se han quedado vacantes las plazas de unos 17 compañeros que han aprobado la oposición, pero las plazas aún no se han asignado a nadie. Y el día 10 se fueron 35 compañeros orientadores a la calle, compañeros que podrían estar atendiendo a los parados”, explica desde la Plataforma Temporales.

Molina teme el deterioro de la atención prestada en el SEF: “Tenemos un servicio de promoción con 20 personas que llevan 5 años captando empresas para que sus ofertas las difundan a través de nosotros, ofreciéndoles subvenciones. Hay una relación fluida con estas empresas. Fruto de ello es que cada dos años incrementamos el número de ofertas de empleo que pasan por nuestros canales. Ahora se ha despedido a más de diez de nuestros trabajadores. El servicio de 20 personas se va a quedar en cuatro o cinco”.

“La administración regional ha optado por no volver a renovar ningún programa y esas atenciones y servicios de momento no los está haciendo nadie. Por experiencia, tememos que se externalicen. Aprovechando este tema algunas entidades privadas van a hacer su agosto”, se queja Molina.

“Discriminación” y falta de uniformidad

El presidente de Anil expone que ante esta situación numerosos interinos buscan reclamar justicia por su situación en abuso de temporalidad en los tribunales. Sin embargo, los resultados están siendo dispares en función del régimen en el que se encuentra el trabajador y la comunidad en la que reside. “A veces incluso depende de la sala de lo contencioso en la que tiene lugar el proceso”, asegura Martos.

“El personal laboral -la mayoría de los empleados en ayuntamientos, por ejemplo- tiene más facilidad de alcanzar la estabilidad. Acabamos de tener sentencias de León que reconocen la fijeza siempre que se acredite que se ha pasado por un proceso de selección. También ha ocurrido lo mismo en Jerez y Tenerife”, explica Martos.

Por el contrario, continúa, el personal estatutario -profesores, sanitarios- lo tiene más complicado. Los juzgados están desestimando, “no quieren reconocer la estabilidad; incluso con la sentencia del TJUE, que se aplicó en Valencia, ni siquiera ahí se reconoció”. Lo que sí están reconociendo son ceses y ya empiezan a plantear el camino de la indemnización. “El problema es que las indemnizaciones se están haciendo por salario/día, por lo que el personal laboral obtuvo indemnizaciones dispares en cada comunidad; la gente tiene muchísimo miedo porque se está creando una discriminación entre el personal laboral y el estatutario que está provocando enfrentamientos entre las partes”, alerta Martos.