Los sindicatos regionales proponen una distinción pública a los funcionarios denunciados por la UCAM
Las organizaciones sindicales de FSC-CCOO, UGT-FeSP, CSI-F, e intersindical Servicios Públicos han remitido a la Comunidad Autónoma un documento de propuesta de distinción y reconocimiento para los cinco funcionarios públicos con los que la Fundación San Antonio, presidida por José Luis Mendoza, se querelló por una supuesta 'obstaculización' de su derecho a edificar en el entorno del Monasterio de Los Jerónimos.
El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, destaca la “dilatada” trayectoria profesional de los denunciados en la función pública regional, que les ha hecho merecedores de reconocimientos técnicos por acciones relevantes en su carrera profesional. “El impecable recorrido de los cinco funcionarios del Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bienes Culturales, se ha visto alterado como resultado de defender el 'interés cultural' de Los Jerónimos y promovido por la Fundación San Antonio”, critican los sindicatos.
La Audiencia Provincial tumbó la denuncia de la Fundación San Antonio en noviembre de 2018 al establecer que las sanciones llevadas a cabo por la Dirección General de Bienes Culturales se enmarcaron dentro del “marco administrativo” y no supusieron, como el querellante planteaba, “hechos constitutivos de delito”.
Por ello, desde los sindicatos proponen a la dirección general de la Función Pública y Calidad de los Servicios de la Región de Murcia que reconozca a estos funcionarios “como un modelo que, al margen del desempeño fiel y objetivo de sus funciones, tienen una dedicación al servicio público en el que destacan especialmente por su responsabilidad, integridad, vocación y extraordinario y ejemplar comportamiento profesional en su actividad en la defensa del interés general”.
Por otra parte, la Fundación Universitaria San Antonio anunció en diciembre de 2018 que formulará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional después de que la Audiencia Provincial desestimara su querella interpuesta contra cinco funcionarios de la Consejería de Cultura, además de la exdirectora general de Bienes Culturales.
Cese del jefe de Servicio de Patrimonio Histórico
Uno de los querellado por la Fundación, y que ha sido propuesto por los sindicatos para su reconocimiento, es el ya exjefe de Servicio de Patrimonio, cesado en junio de 2018. Entre sus funciones estaba la de emitir informes de evaluación para edificar en terrenos protegidos en base a la Ley de Patrimonio Regional 4/2007. Según las fuentes consultadas, el ex-jefe de servicio emitió cuatro expedientes desfavorables a la UCAM, aún pendientes de resolución por el director general de Bienes Culturales pese a estar tramitados: uno contra el Plan Especial aprobado para edificar en Monasterio de Los Jerónimos; el segundo relativo a las sanciones por el derribo del Corralazo; un tercero en el que se hacía referencia a los edificios de la UCAM que actualmente tienen una causa abierta por presunta ilegalidad; y un cuarto en el que se mostraba contrario a la petición de la universidad católica de considerar de 'interés social' sus edificios supuestamente ilegales, y evitar así un posible derribo.
