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Navarra buscará reconocer por ley a las víctimas de abusos en la Iglesia, a la que pedirá implicación

Interior de una iglesia durante la misa

Sol Gragera


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El Gobierno de Navarra impulsará por primera vez en España una ley para reconocer de forma oficial a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, para lo que pedirá la implicación de la institución. Aunque la norma no tendrá una finalidad punitiva, supondrá otorgar el estatus de víctima y garantizar los derechos de las personas que sufrieron estos graves delitos durante su infancia o juventud. Entre ellos, la norma supondría reconocer el acceso a determinadas prestaciones por parte de la administración, tal y como ya ocurre con las víctimas del terrorismo o de la violencia de género. El trámite de esta iniciativa ha sido avanzada este viernes por el consejero de Justicia y Políticas Migratorias, Eduardo Santos, que se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo foral logrará el “más amplio consenso posible” en el Parlamento de Navarra para sacar adelante esta proposición de ley en próximos meses, y cuyo borrador ha sido trasladado ya a los grupos parlamentarios. “No me cabe duda de que el Parlamento expresará de forma mayoritaria que se apoye y reconozca a las víctimas de estos delitos graves”, ha confiado Santos.

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Tal y como han señalado desde el Ejecutivo, el fin de esta iniciativa es elaborar un “informe exhaustivo” que dé cuenta de la magnitud de esta realidad ocurrida en el territorio, después de conocer el resultado de un primer estudio presentado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), que recoge “la punta del iceberg”: apenas constan 60 víctimas de abusos sexuales cometidos por 31 personas, tanto religiosos como trabajadores, bajo el paraguas de la institución entre 1948 y 1990. De hecho, así lo indica también a elDiario.es el presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos en Navarra, Jesús Zudaire, quien estima que existen entre 700 y 1.000 alumnos víctimas de los abusos cometidos por parte de un solo religioso del colegio de Colegio Diocesano Nuestra Señora del Puy, en Estella, durante los años 1958 y 1974, y que él también padeció. Aunque la mayoría de estos delitos han prescrito y no tienen recorrido en la justicia ordinaria, el Gobierno de Navarra ha remitido a la Fiscalía los resultados del estudio, en “un intento de hallar la verdad” para que “no vuelva a ocurrir”, según ha señalado el consejero del ramo.

La intención del departamento que dirige Eduardo Santos es crear una comisión integrada por expertos de reconocido prestigio y también por representantes de la propia Iglesia católica. Este órgano sería el encargado de evaluar caso a caso y realizar un examen profesional para determinar la condición de víctima por unos delitos que no han sido reconocidos de forma oficial en el ámbito de la institución religiosa. Así, este modelo, similar al irlandés, pretende implicar y apelar a la responsabilidad de la Iglesia católica, con un deber de vigilar para que estos abusos nunca se produzcan. A partir de ahí, caso a caso, la intención es elaborar un informe más profundo de la realidad acontecida en el territorio.

Lo que quedaría descartado es crear una comisión parlamentaria. La razón esgrimida por el departamento de Justicia es que la problemática quedaría atrapada en un callejón sin salida, por no tener el Parlamento la competencia para implicar e investigar a la institución por los delitos cometidos bajo su manto. Tampoco son partidarios de este último formato en la Asociación de Victimas de Abusos, al considerar Zudaire que “revictimiza” a estas personas. “En países de nuestro entorno ha habido colaboración de la jerarquía eclesiástica. Queremos que haya implicación de la Iglesia católica en la comisión que se pueda generar de cara a que trabajemos en conjunto para esclarecer los hechos y reconocer a las víctimas”, ha señalado el titular del ramo al respecto, para subrayar, además, lo “imprescindible” de la colaboración de la Iglesia ya que “mucho del conocimiento que pueda existir actualmente de los hechos que sucedieron están en archivos eclesiales”.

Así, al reconocimiento de la víctima por parte de la Iglesia en dicha comisión, le sigue la corresponsabilidad de la administración en las prestaciones que estas personas pudieran percibir, como ya se recoge de manera genérica en el Estatuto de las Víctimas del Delito y ocurre, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo o de la violencia de género. Aunque la cuestión está por detallar en la norma en fase de elaboración, el objetivo todavía es ir aún “más allá” y allanar el camino hacia la justicia restaurativa al modo irlandés, que promueve los encuentros voluntarios entre los supervivientes y los responsables de las instituciones a las que pertenecían sus agresores.

Otra pieza clave que abordará y canalizará esta cuestión será la Oficina de Atención a Víctimas del Delito de la Dirección General de Justicia, que a partir de ahora será la encargada de canalizar todas las solicitudes de víctimas de abusos en la Iglesia, a las que se le ofrecerá apoyo psicológico y asesoramiento jurídico y administrativo. En concreto, se puede contactar con este recurso a través del telefóno 848 42 33 76, el correo ofidel@navarra.es o de forma presencial en el Palacio de Justicia de Pamplona.

Apenas 60 víctimas de una treintena de agresores

El responsable del estudio encargado por el Gobierno foral, Mikel Lizarraga, ha señalado este viernes las barreras presentes para identificar a las víctimas de los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia, que en aquel momento tenían entre 8 y 12 años o incluso entre 5 y 6. La dificultad de reconocerse como víctima, la falta de ganas para rememorar lo sucedido y también el olvido como mecanismo de defensa son algunos de los factores que impiden dar el paso. A esto se suma, ha señalado cuestiones como el tabú, la culpa, la vergüenza o el silencio del entorno que entonces no invitaba a hablar justificando o minimizando lo sucedido, así como la conciencia de que el delito ha prescrito cuando la mayoría de víctimas tienen ya entre 60 y 80 años.

El informe ha identificado 60 casos de víctimas de abusos cometidos por 31 personas. Lizarraga ha aclarado que tienen la calificación “presuntos” ya que los hechos no han sido juzgados, pero los delitos salpicarían a dicisiete centros educativos o instituciones religiosas, diez congregaciones y a los Arzobispados de Pamplona y Tudela, y se reparten, de momento, en doce localidades navarras. En un principio, se localizó a 43 víctimas a través de diversas entrevistas y a nueve casos por otras vías. A estas se suman otras siete que han solicitado ser incorporadas al informe hace una semana, cuando volvía a salir a la palestra los abusos cometidos dentro de la institución y la petición de perdón del propio Joseph Ratzinger, el Papa emérito Benedicto XVI.

“Ha sido imposible contrastar la información obtenida de las entrevistas a las víctimas debido a la imposibilidad de acceder a los archivos eclesiásticos”, ha señalado Lizarraga. Según recoge el estudio, cerca del 30% de los casos revisten carácter ‘grave’, al incluir penetración, felación o sumisión química. Hasta un 58% de los casos son abusos de carácter ‘intermedio’ -tocamientos o masturbación- y un 12% de tipo ‘leve’ mediante besos o tocamientos.

En la presentación de las duras conclusiones de este informe ha estado presente, Mariví Martinikorena, quien con 73 años ha relatado que fue víctima de abusos cuando era alumna de un colegio religioso en 1960 y cómo las consecuencias de este trauma le han acompañado a lo largo de la vida, hasta el día de hoy. Ha lamentado el silencio sobre los abusos sufridos por niñas y que el mismo sea minimizado por corresponder al ámbito femenino. “No han salido en ningún sitio los abusos de niñas hechos por monjas. En los colegios de monjas había abusos, había violaciones, había maltrato, un abuso de poder inconmensurable. Lo padecimos muchas niñas, porque no creo que yo sea la única”, ha expresado. Entre las consecuencias en su salud personal, Martinikorena ha relatado problemas de estómago, respiratorios, depresión y angustia, y han puesto de manifiesto el abandono social al que han sido sometidas estas personas.

 

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